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Javier Milei quiere reducir el peso del Estado y ese propósito incluye privatizar empresas públicas. Lo dijo durante la campaña electoral y es lo que confirma ahora el presidente electo de Argentina. Lo hará, por ejemplo, con YPF, la petrolera de mayoría estatal.
“Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado“, afirmó Milei en una entrevista en Radio Mitre, al día siguiente de ganar las elecciones. Argentina venderá YPF, petrolera controlada por el Estado argentino desde 2012. “Lo primero que hay que hacer es recomponerla“, dijo el mandatario, porque hoy vale “muchísimo menos” que cuando fue expropiada.
Estatal desde su nacimiento
YPF son las siglas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, empresa creada por el Estado argentino mediante decreto el 3 de junio de 1922. La compañía se dedica a la exploración, explotación, destilación, distribución y producción de energía eléctrica, gas, petróleo y derivados de los hidrocarburos. También vende combustibles, lubricantes, fertilizantes y plásticos.
Fue la primera petrolera estatal integrada verticalmente en todo el mundo. Tras una larga y azarosa etapa de décadas en manos públicas, en 1989 YPF fue privatizada durante el gobierno de Carlos Menem, como ocurrió con la mayoría de las empresas públicas argentinas.
El primer paso fue el cambio de tipo societario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (sociedad del Estado) para convertirse en una Sociedad Anónima. En 1993 el Estado mantenía el 20% de las acciones y la acción de oro, y un 12% quedaba en manos de los estados provinciales. El sector privado era propietario del 46% del accionariado (bancos y fondos de inversión de diversos países).
En 1998, el sector privado ya poseía casi el 75% de las acciones, aunque el Estado mantenía la acción de oro. La privatización culminó en 1999, cuando Repsol compró un 14,99% de las acciones de YPF. La petrolera española pagó 13.437 millones de euros y se convirtió en la octava productora de petróleo y la decimoquinta compañía energética del mundo.
Al acabar 2011, Repsol poseía el 57,43% de YPF; el Grupo Petersen, el 25,46%; el 17,09% restante estaba en manos de inversores privados (en bolsa); y un 0,02% era del Estado argentino, que conservaba la acción de oro. En 2012, YPF controlaba el 32% de la producción de hidrocarburos y el 23% de la de gas. Ese mismo año, Repsol vendió a Petersen otro 14,4% de las acciones.
El Estado expropia YPF a Repsol
El 16 de abril de 2012, el Gobierno renacionalizó la empresa a través del proyecto de ley De la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner acusaba a la petrolera española de falta de producción y exploración. El proyecto declaró de “interés público y nacional” el “autoabastecimiento de hidrocarburos“.
Desde la adquisición por Repsol en 1999 y hasta finales de 2011 la disminución de las reservas de petróleo fue del 54% y del 97% en gas. Ese último año, por primera vez desde que se privatizó Repsol YPF, Argentina tuvo que importar más gas y petróleo del que produjo.
El Gobierno argumentó que la nacionalización no era “un modelo de estatización sino de recuperación de la soberanía. Seguimos manteniendo el modelo de Sociedad anónima y el de una conducción profesionalizada”. Según Kirchner, Argentina debía tener su petrolera estatal, como los demás países americanos o los de Oriente Medio.
Del 51% expropiado, un 49% se destinó a las provincias y el 51% al Estado central. Entre abril y mayo de 2022, el Congreso Nacional aprobó el proyecto de ley de expropiación con un amplio consenso de las fuerzas políticas. Sólo se opuso el PRO, de Mauricio Macri, acaso el expresidente que ahora resultó fundamental para el triunfo de Milei.
Los gobiernos de Brasil, Venezuela, Uruguay y Bolivia expresaron su apoyo a la medida adoptada por el gobierno argentino. Hasta el Chile del derechista Sebastián Piñera dijo que “cada país es soberano en determinar sus propias políticas internas“. En España, sólo Izquierda Unida apoyó la decisión. El FMI consideró la nacionalización una “decisión soberana de Argentina”.
Argentina debe pagar 16.000 millones
Repsol renunció a cualquier tipo de demanda al aceptar una compensación que finalmente fue de 5.000 millones de dólares estadounidenses pagaderos en bonos soberanos. El 27 de febrero de 2014 se firmó el Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación. La República Argentina volvía a ser titular del 51% del patrimonio de YPF.
Sin embargo, aquella paz derivó en un reciente fallo en Estados Unidos por el que Argentina debe pagar 16.000 millones de dólares al fondo Burford Capital. Por lo que el Estado argentino terminó apelando.
Bajo la gestión estatal, la empresa cuadruplicó los pozos de exploración respecto del promedio de los tres años anteriores y aumentó la perforación de pozos de explotación un 33%. En los primeros tres años de gestión por parte de la YPF nacionalizada se pasó de 2.000 millones de inversión en 2011 a 6.000 en 2015.
Deuda y pérdida de valor
Los problemas comenzaron en 2016 por un precio internacional del crudo a la baja y por la devaluación del peso respecto al dólar. Los beneficios operativos de YPF cayeron un 63,8%. Por primera vez desde la nacionalización, la petrolera cerró un trimestre con pérdidas. Once años después de ser privatizada, se calcula que YPF vale un 75% menos.
124 estaciones de servicio de YPF pasaron a manos de una empresa estadounidense en 2019. En la actualidad, la compañía tiene una composición societaria mixta, en la que el Estado argentino posee el 51% de las acciones y el 49% restante cotiza en la Bolsa de Buenos Aires.
Con Alberto Fernández como presidente, Guillermo Nielsen fue el máximo responsable de YPF entre diciembre de 2019 y enero de 2021. Ahora, Nielsen es uno de los asesores de Milei y uno de los nombres que suenan para ser el ministro de Economía del nuevo Gobierno.
Una vez que Milei confirmó que la quiere vender, la petrolera se ha disparado en bolsa. Las acciones de YPF subieron más del 29% en Wall Street y más del 10% en Argentina.
Fuente Mendoza Today
