Nueva maniobra del polémico alcalde de Orense contra la libertad de prensa. Después de diversos episodios de vetos a periodistas y medios de comunicación, Gonzalo Pérez Jácome quiere que el pleno municipal apruebe este viernes un protocolo para intentar amordazar a los profesionales y empresas del sector críticos con su gestión. Este jueves, tanto la Asociación de Periodistas de Galicia (APG) como el Colegio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG) han puesto el grito en el cielo por una iniciativa que consideran que «abre la puerta» a una «censura indirecta» de las cabeceras que no sean del agrado del regidor.
El documento promovido por Jácome, recogido por Europa Press, consta de tres puntos «para la defensa de una información veraz en los medios de comunicación». El primero reclama que el Ayuntamiento se manifieste a favor de la veracidad periodística «con un compromiso de defensa legal de sus concejales» ante «prácticas que puedan suponer conductas delictivas». En segundo lugar, insta a elaborar «un protocolo de actuación frente a informaciones lesivas para cualquier concejal, trabajador o la institución misma». Y, por último, pide que el Concello orensano «se abstenga de contratar a medios de comunicación que hayan sido condenados por incurrir en conductas de las anteriores descritas».
Pero las asociaciones de periodistas antes citadas creen que esta maniobra no es otra cosa que una nueva «persecución» de los profesionales de la información y de las empresas del sector «que Jácome considere críticos con su gestión y la de su grupo». Y lo haría, en este caso, con una fórmula para impedir que el Concello de Orense contrate o financie a las cabeceras díscolas y críticas con él.
Jácome quiere ser juez
Eso es lo que tanto la Asociación de Periodistas de Galicia (APG) como el Colegio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG) concluyen que esconde esa fórmula que pretende aprobar Jácome en el pleno, arrogándose el Consistorio el poder de «juzgar la veracidad de la información y de decidir si esta es lesiva o no». Y responden al alcalde que «son los tribunales los únicos que pueden cualificar una información como delictiva, y, en su caso, la propia comunidad periodística, a través de los órganos de autorregulación de los que se dote».
«Sorprende que el alcalde de Orense desconozca o no tenga claro a estas alturas este axioma, solo sometido a las excepciones perfectamente definidas y reguladas en el ordenamiento jurídico vigente», argumenta la APG en relación al artículo 20 de la Constitución española que ampara la libertad de prensa. Y, en cuanto al tercer punto de la moción, el CPXG recuerda al alcalde que «cualquier contratación pública está sometida al ordenamiento jurídico, especialmente a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que señala los motivos para excluir a una empresa, entre los que no se encuentran los que pretende aplicar Democracia Ourensana», el partido de Pérez Jácome.
Esta iniciativa es un nuevo movimiento del alcalde contra la prensa crítica, pues como recuerdan estas asociaciones, han sido ya numerosos los «vetos, ataques y desprecios reiterados a cualquier periodista que publicara información que no fuera de su agrado«. Son »formas inaceptables del alcalde de Orense —recalca la APG—, que resultan inéditas en más de cuatro décadas de convivencia democrática en la sociedad española».
Fuente ABC
