Otro reclamo de los gobernadores: que antes de irse, Fernández extienda hasta 2050 una asistencia financiera
Por Gabriela Origlia
Se trata de un fondo fiduciario creado en 1995 y que se viene prorrogando desde entonces; hace un año es controlado por la Auditoría General de la Nación
A una semana del cambio de gobierno y de la asunción de Javier Milei como presidente, los gobernadores electos de Entre Ríos, Chaco, San Luis, San Juan, Santa Cruz y Chubut -todos de Juntos por el Cambio (JxC)- se sumaron al pedido de sus pares del del norte y de los patagónicos, para que Alberto Fernández firme la prórroga del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) hasta el 27 de febrero de 2050. Hace unos días lograron la “compensación” por la pérdida de coparticipación en noviembre y, de cara a la nueva gestión, impulsan la coparticipación de la mitad del impuesto al cheque. Una idea que golpea directamente a Anses, lo que termina generando otro problema.
El FFDP fue creado por decreto el 27 de febrero de 1995 y tiene por objeto, entre otros, “asistir y financiar el saneamiento de las deudas de los estados provinciales, la implementación de programas de desarrollo, mejora de la eficiencia, incremento de la calidad de las prestaciones y fortalecimiento en general de los sectores de la economía real, educación, justicia, salud y seguridad y la consolidación de la situación fiscal y financiera”, destacó el convenio incluido en el anexo de la resolución.
Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Cladio Poggi (San Luis); Ignacio Torres (Chubut); Marcelo Orrego (San Juan); Leandro Zdero (Chaco) y Claudio Vidal (Santa Cruz) en las notas a Fernández afirman que la solicitud se fundamenta “en el impacto positivo” que generan los préstamos del FFDP en el “financiamiento de programas de políticas públicas para el desarrollo y la consolidación fiscal, vitales para las jurisdicciones”.
Horas antes ratificaron el mismo pedido los gobernadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Gustavo Sáenz (Salta); Raúl Jalil (Catamarca); Gildo Insfrán (Formosa); Ricardo Quintela (La Rioja); Gerardo Morales (Jujuy); Oscar Herrera Ahuad (Misiones); Gustavo Valdés (Corrientes) y Juan Manzur (Tucumán). También lo reclamaron los mandatarios patagónicos hace una semana.
El FFDP es uno de los 29 fondos fiduciarios que están bajo la órbita del Ministerio de Economía. Estos fondos son cuestionados por los expertos en finanzas porque son muy “flexibles”; tienen escasos controles de Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y de la Auditoría General de la Nación (AGN) y no pasan por los del Congreso. El de las provincias es controlado por la AGN desde el 2022 por convenio. En el primer informe sostuvo que hay “dificultades” para medir el impacto que la pandemia del Covid-19 tuvo en sus estados contables.
Fondos “flexibles”
Los especialistas en finanzas sostienen que el fondo, al igual que otros, surgió con objetivos específicos que después se fueron haciendo más laxos. Se llegó al punto de que constituye una fuente de negociación que es clave para muchas provincias y que va en paralelo al régimen de coparticipación.
Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso para el segundo trimestre de este año, el resultado financiero del FFDP es de unos $70.000 millones. Hay “una importante mejora interanual tanto del resultado económico como del resultado financiero, que obedece al incremento de los ingresos corrientes, compuestos por las rentas de la propiedad. Las mismas crecieron principalmente debido a los intereses que ingresan al fondo por inversiones financieras que incluyen los préstamos otorgados a las provincias”, consigna la Oficia.
La clave para este fondo es cuánto suman los préstamos acordados, que son los activos con que cuenta. Según datos oficiales, entre 2021 y 2022 se crearon líneas de financiamiento en el marco del FFDP de las que participaron ocho provincias por un monto de $ 40.500 millones y se refinanciaron deudas por $ 24.511 millones. Este año, se suscribieron convenios con siete distritos por $48.000 millones y se refinanciaron deudas por $ 113.913 millones.
Fuente La Nación
