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Por Luis Petri – Diputado nacional por Mendoza-UCR
Profundizar y fortalecer la lucha contra el narcotráfico, el tráfico de armas, los ciberataques, la trata de personas, el contrabando y otros delitos transnacionales es un compromiso que asumió este gobierno desde un principio. En tiempos en que no se avizoran hipótesis de conflicto de origen externo, resulta indispensable que las FFAA brinden apoyo logístico a las fuerzas de seguridad en la persecución de delitos transnacionales.
La Defensa Nacional tiene por fin garantizar la soberanía e independencia del país, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación, como así también la protección de la vida y libertad de sus habitantes frente a agresiones de origen externo. Esa finalidad, establecida por la ley, debe ajustarse a las necesidades de la defensa en la actualidad.
El contexto nacional e internacional que sentó las bases para el dictado de nuestra ley de Seguridad Interior y de Defensa Nacional ha quedado obsoleto. Han pasado 30 años desde la sanción de la Ley de Defensa Nacional que fue consecuencia de un mundo que comenzaba a salir de la Guerra Fría y se adentraba en el proceso de globalización. Argentina transitaba la posguerra de Malvinas y los comienzos de una democracia que era necesario consolidar y sostener, en lo que mucho tenía que ver la democratización de sus FFAA.
Según la ley de Seguridad Interior, el apoyo de las Fuerzas Armadas en las operaciones de seguridad interior no solo es necesario, sino imprescindible. Tal como lo mencionó el Presidente, las Fuerzas Armadas -que cuentan con 80 mil integrantes- tienen el entrenamiento y la capacidad suficientes para apoyar logísticamente a las Fuerzas de Seguridad.
Ello no implica que las FFAA abandonen sus funciones principales, pero la persecución del crimen organizado trasnacional requiere del incremento de los recursos operativos para asegurar el control de las fronteras. Ya lo señaló Mauricio Macri durante el acto por el Día del Ejército: es fundamental que las Fuerzas Armadas “se adapten a las necesidades del siglo XXI” y estén “preparadas a las amenazas que hoy nos ocupan”.
No se trata de militarizar la seguridad interior, como algunos pretenden hacer creer para atacar -de antemano e infundadamente- la iniciativa. El crimen organizado transnacional desafía los métodos tradicionales de prevención y persecución del delito y demanda la interrelación y colaboración entre los Estados, como así también la coordinación y articulación entre las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas para complementar tareas y aunar esfuerzos que permitan luchar contra este flagelo propio del siglo XXI.
Cuando se trata de combatir delitos que trascienden las fronteras y de organizaciones criminales que cuentan con un poder que muchas veces llega a poner en riesgo no sólo la seguridad de la población, sino la soberanía misma del Estado o su integridad territorial, no se pueden escatimar recursos. Estar a la altura de los nuevos desafíos depende de nosotros.
Fuente Los Andes
