Las advertencias de Repsol (y del PNV) empiezan a hacer mella en la posición del Gobierno sobre el impuesto temporal a las empresas energéticas. El Ejecutivo se replantea si extender el tributo creado para gravar temporalmente los beneficios extraordinarios logrados por estas compañías al calor de los récords de la energía, según ha reconocido este martes la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
La situación ha cambiado, con precios cada vez más contenidos, y la justificación cada se antoja más difícil. De hecho, la propia Comisión Europea ha llegado a poner en cuestión la idoneidad de extender el tributo más allá de 2024, el segundo de los dos años en los que está en vigor (con cargo a los ejercicios 2022 y 2023). En ese contexto, Ribera matiza su posición. “Es importante determinar si siguen existiendo o no esos beneficios extraordinarios que intentaban ser identificados en esa figura. La fiscalidad habitual se puede corregir, modular, pero ya no estamos hablando de beneficios extraordinarios, estamos hablando de otra cosa”, ha dicho a EFE la ministra para la Transición Ecológica.
Hasta ahora, el Ejecutivo mantenía que el próximo año revisará el funcionamiento de la figura tributaria para decidir si la prorroga. Sin embargo, ha dado un paso más y pone en duda que la situación que originó el nuevo impuesto se mantenga. Ribera también introduce un nuevo elemento en el debate: tener en cuenta las grandes inversiones que requiere la transición energética. Además de identificar beneficios extraordinarios, hay que ser conscientes de que “es imprescindible una reinversión masiva para la transformación del sistema energético” y que cuanto antes se logre hacer esa transición, “más estables, predecibles, limpios y asumibles serán los precios de la energía”, ha dicho la ministra de Transición Ecológica.
El pasado octubre, Repsol decidió paralizar algunas de sus inversiones en España, en un movimiento con el que coquetean otras grandes del sector si no se retira el impuesto extraordinario. El propio PNV, socio del Gobierno de Sánchez y bien conectado con la petrolera y con Iberdrola, cargó recientemente contra el impuesto.
Ante la amenaza de las empresas y la dificultad para sacar la extensión del impuesto adelante, el Gobierno empieza a recular. “Estamos analizando cuáles son las referencias fácticas, cuáles son las necesidades y cuál es la mejor manera técnicamente de resolver este asunto”, ha señalado Ribera, siempre con la vista puesta en que el cambio sea un proceso ágil, pero también “justo” desde el punto de vista de “reparto de beneficios y costes”.
“Si hay beneficios extraordinarios, veamos cómo se puede contribuir” para evitar que “unos ganen mucho” y todos paguen más. “Y cómo puede usted [compañía energética] puede asegurar que mantiene o acrecienta esa reinversión”, ha concluido. La cuestión ahora es saber si existen, ante el cambio de circunstancias que ha normalizado los precios de la energía durante los últimos meses.
Las advertencias de Repsol (y del PNV) empiezan a hacer mella en la posición del Gobierno sobre el impuesto temporal a las empresas energéticas. El Ejecutivo se replantea si extender el tributo creado para gravar temporalmente los beneficios extraordinarios logrados por estas compañías al calor de los récords de la energía, según ha reconocido este martes la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Fuente El Confidencial
