La acusación popular pide hasta 33 años de cárcel para los CDR acusados de terrorismo en la operación Judas>

En cambio, para el resto de procesados reclama ocho años de prisión, sólo por el primer ilícito. Son Ferran Jolis, Xavier Buigas, David Budría y Clara Borrero. Para todos los acusados sí solicita penas de inhabilitación absoluta, inhabilitación especial para profesión u oficio educativos -en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre- por un tiempo que supere en diez años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta.

Tras el registro de la proposición de ley en el Congreso, todos ellos podrían ser amnistiados, ya que el texto prevé el olvido penal para los delitos de terrorismo en caso de que no haya sentencia firme. Por el momento, a la espera de su entrada en vigor, el proceso sigue su curso. Así, el escrito que el despacho Fuster Fabra ha registrado ya ante el Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional recoge los indicios que recabó la Guardia Civil y que constan en el sumario de la causa. Sostiene además que fue el «caldo de cultivo del mal llamado ‘conflicto catalán’ el que produjo la radicalización de personas de diferentes contextos que decidieron dar el paso hacia acciones violentas».

«Así pues, en junio de 2017, tal y como ha sido conocido por la opinión pública, se empiezan a formar grupos, originados por la iniciativa denominada ‘Escuelas Abiertas’. Estos grupos tenían como objetivo organizar logísticamente la consulta secesionista de octubre y se autodenominaban como los Comités de Defensa de la República (CDR)». Encargados, tal y como certificó el Instituto Armado, de «capitalizar la lucha callejera». Sostiene así el texto -de 70 páginas- que los CDR «constituyen una organización independentista de carácter criminal, dado que persiguiendo su objetivo de la secesión de Cataluña organizaban acciones de naturaleza delictiva-terrorista en el territorio catalán».

La acusación popular también sostiene que «mantenían una organización estable y permanente en el tiempo, configurada y sostenida por la conjunción de grupos e individuos con roles y funciones específicamente definidas, que se relacionan a través de una jerarquía y coordinan entre sí, mostrando una unidad en la dirección y ejecución en sus acciones con el fin de cometer delitos». Dentro de los CDR, cada uno de sus integrantes, prosigue el escrito, estaba afiliado a una comisión local. Después apareció el denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT).

Un subgrupo que pretendía «alcanzar la independencia de Cataluña por cualquier vía, incluidas las violentas, tal y como ellos mismos manifestaban. Se trataba de una comisión de menor tamaño y clandestina con gestión centralizada, ejercientes de un activismo reaccionario y subversivo, dispuestos a llevar a cabo, cooperar o facilitar actividades catalogadas como más radicales o sensibles». Entre las que se les atribuye, cortes de carreteras o los vertidos de aceite para impedir el traslado de los presos del ‘procés’ desde la prisión catalana de Lledoners hasta Madrid, para el juicio.

«Por si fuera poco», sostiene la acusación, «han culminado su caracterización terrorista creando y desarrollando laboratorios clandestinos para la fabricación de sustancias y artefactos explosivos, comprando todos los materiales necesarios para llevar a cabo dichas tareas y organizando al milímetro las acciones en las que pretendían hacer uso de esos elementos incendiarios y deflagrantes». Los objetivos eran infraestructuras sensibles e incluso, personas pertenecientes a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También pretendía ocupar el Parlamento de Cataluña.

Participación de los acusados

Sobre cada uno de los procesados, de Jolis apunta que participó en la organización de la pretendida ocupación del Parlament, recibiendo instrucciones de otro de ellos, Buigas; quien «desempeñaba el rol de dinamizar y coordinar acciones, que estaban sometidas a su autorización. Además, asignaba tareas en función de los conocimientos que disponía cada miembro de la organización». De Garzón indica que desempeñaba el rol de dinamizar y coordinar acciones, que estaban sometidas a su autorización. Además, asignaba tareas en función de los conocimientos que disponía cada uno de ellos.

También mantuvo encuentros con los miembros de la organización que participaban en la fabricación de sustancias explosivas -Ros, Codina y Germinal-. De hecho, apunta el escrito, «establecía coordinación con otras células especializadas en la producción de la sustancia conocida como termita, así como en la adquisición de los recursos materiales y financieros».

Apunta así la acusación que gracias a los pinchazos telefónicos de los investigadores, pudo saberse que en septiembre de 2018, el ERT «organizó, planificó y ejecutó una reunión secreta con la hermana de Carles Puigdemont, con la intención de entregar documentación sensible y establecer comunicaciones seguras entre el expresidente huido y el [entonces] actual presidente de la Generalitat», Quim Torra.

«Terrorismo casero»

Entre los objetos intervenidos por la Guardia Civil a Ros y Codina, un dispositivo informático con el enlace a un documento bautizado como «terrorismo casero»: un compendio de otras dos obras de referencia en el mundo terrorista y anarquista como son ‘The terrorist Handbook2′ y’The anarchist’s cookbook’, manuales para la confección de artefactos. «Gracias al análisis de estas obras dieron con las proporciones y elementos para la fabricación del denominado «explosivo plástico» y la «bomba de humo», ya que correspondían con las anotaciones manuscritas encontradas en el domicilio de Codina, donde llevaban a cabo estas actividades tan sensibles», tal y como certificó el Gedex.

Entre los objetivos para perpetrar algún tipo de ataque: la comandancia naval de Barcelona; la Delegación del Gobierno, la sede de la Fiscalía, o la de la comandancia de la Guardia Civil. «Destaca particularmente el reconocimiento del perímetro del acuartelamiento de la comandancia, que Jordi Ros habría llevado a cabo el 18 de mayo 2019, en compañía de su pareja. El mismo consistiría en la grabación de siete vídeos y la toma de 75 imágenes con el terminal móvil del acusado, en los que se observa como éste realiza varias vueltas al perímetro del acuartelamiento a bordo de un vehículo, con el fin de obtener imágenes de todos los elementos perimetrales de seguridad», apunta el texto.

Tras su detención el 26 de septiembre de 2019, todos quedaron en libertad bajo fianza. Sobre un decimotercer arrestado se acordó el archivo tras sufrir un accidente vascular que le afecta «a su capacidad de comprender». Por el momento, los doce restantes tendrán que sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional.