Díaz asume la propuesta de la CEOE para el SMI, pero el acuerdo depende de Montero

Las discusiones sobre la actualización del salario mínimo interprofesional (SMI) siguen en el mismo punto que la semana pasada. La segunda reunión entre el Gobierno y los agentes sociales se ha saldado sin acuerdo. Pero al menos el Ejecutivo, que es quien tiene la competencia de subirlo a través de un real decreto, ya ha realizado su propuesta formal: una revalorización del 4% para el año que viene, en línea con lo que había dejado entrever durante los últimos días. De llevarse a cabo, el salario mínimo pasaría de los 1.080 euros en 14 pagas a 1.123.

El Ministerio de Trabajo justifica su propuesta en la de la propia patronal, a la que quiere sumar al pacto. Los empresarios piden que el SMI se revalorice con base en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado en mayo con los sindicatos y que sirve de referencia para las actualizaciones de los convenios colectivos. Este texto contempla una revalorización salarial para 2024 del 3%, pero con una cláusula de revisión que añade un punto más si la inflación interanual acaba el año por encima del 3%, una posibilidad muy plausible a la vista de las previsiones de los principales organismos internacionales.

Ese es el punto al que se agarra Trabajo para lanzar su propuesta formal, que ha llegado finalmente este lunes. Además, según fuentes citadas por Europa Press, el ministerio dirigido por Yolanda Díaz ha aceptado estudiar una bonificación en las cuotas de la Seguridad Social —la patronal pide que sea de un 20%— para el sector agrario y apoya indexar los contratos públicos a la revalorización del SMI, que eran las dos condiciones que establecían los empresarios para aceptar las subidas.

Ahí está, precisamente, la clave que atasca la negociación: la segunda medida depende de otros ministerios, especialmente Hacienda, en manos de la socialista María Jesús Montero, por lo que la disposición de Díaz (Sumar) a respaldar la reivindicación patronal no se puede dar por extendida al conjunto del Gobierno. La propia ministra de Trabajo se ha referido a la indexación este lunes: “No somos competentes en esta materia, pero estamos dispuestos a trasladar esta petición a los ministerios competentes“. Como siempre, la última palabra la tendrá el presidente Pedro Sánchez.

En cualquier caso, la CEOE tiene una magnífica excusa para desmarcarse del acuerdo, si al final no se produce. A diferencia de lo que ocurrió el año pasado, cuando el posible cambio en la Moncloa la llevó incluso a no participar en la mesa de negociación, esta vez los empresarios quieren mostrar su voluntad de pacto con el nuevo Ejecutivo. También los sindicatos, que están dispuestos a rebajar sus expectativas en aras de un acuerdo tripartito: sería el primero sobre el SMI desde 2020.

Un campo de juego limitado

A la espera de qué ocurrirá finalmente con ambos extremos, especialmente el de la indexación —Hacienda, de momento, no se pronuncia, pero su disposición está muy condicionada por el mayor esfuerzo para las arcas públicas en plena recuperación de las reglas fiscales europeas—, el debate numérico no parece, esta vez, el principal escollo. El 4% de Trabajo no solo va en línea con la propuesta de la patronal, sino que no se aleja mucho de la de los sindicatos.

Comisiones Obreras ha cuantificado la suya en un 5%, al considerar que las dos referencias que, además de la propuesta de la CEOE, usa el Gobierno para justificar su posición negociadora resultan insuficientes: la inflación media anual entre diciembre del año pasado y noviembre de este año (que se usa para revalorizar las pensiones), del 3,8%, y la actualización de los convenios colectivos con efectos en 2023 (está previsto que termine el año en el 3,6%). Según CCOO, los precios de los productos básicos, que han subido mucho más (en el caso de los alimentos, por encima del 9%), constituyen una mejor referencia, ya que afectan en mayor medida a los perceptores del SMI, de ahí que haya que hacer un esfuerzo extra más allá de la inflación interanual.

UGT no ha propuesto una cifra concreta, aunque este lunes su negociador, Fernando Luján, ha dejado entrever que el 4% del Ejecutivo se queda corto: “Esta es la propuesta de la patronal. Tres más uno suman cuatro”. Ambas centrales están en contra de las bonificaciones para el sector agrario, pero apoyan la reivindicación de indexar los contratos públicos, aunque no la consideran prioritaria ni creen que deba condicionar la negociación. No se fían, por tanto, de la voluntad real de la CEOE para participar en el acuerdo. “Queremos saber si la patronal es coherente con lo que pide. Queremos asegurarnos de que a lo largo de esta legislatura se llega al 60% del salario medio, que nosotros hemos fijado en 1.200 euros“, ha añadido Luján, en referencia a la recomendación de la Carta Social Europea. El Gobierno ya la da por alcanzada durante la pasada legislatura, y por eso esta vez no ha basado su propuesta en el comité de expertos designado a tal efecto.

Fernando Luján (UGT): “Esta es la propuesta de la patronal. Tres más uno suman cuatro”

El representante de UGT ha dejado claro que, si finalmente la patronal se sale del acuerdo, serán mucho más exigentes con la cuantía. Y la negociadora de Comisiones Obreras, Mari Cruz Vicente, ha recordado que la última palabra la tiene el Ejecutivo: si no hay acuerdo antes del 31 de diciembre, siempre se puede subir el SMI con carácter retroactivo, como ocurrió el año pasado. Entonces, la patronal no estuvo en la foto; ahora, Díaz la busca, y los sindicatos todavía confían en que haya un pacto pronto. La llave, esta vez, la tiene Montero.

Las discusiones sobre la actualización del salario mínimo interprofesional (SMI) siguen en el mismo punto que la semana pasada. La segunda reunión entre el Gobierno y los agentes sociales se ha saldado sin acuerdo. Pero al menos el Ejecutivo, que es quien tiene la competencia de subirlo a través de un real decreto, ya ha realizado su propuesta formal: una revalorización del 4% para el año que viene, en línea con lo que había dejado entrever durante los últimos días. De llevarse a cabo, el salario mínimo pasaría de los 1.080 euros en 14 pagas a 1.123.