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El Banco de España ha publicado este martes el informe trimestral correspondiente a la última parte del año 2023, que incorpora ya previsiones económicas hasta 2026. Sus proyecciones empeoran significativamente las que ha realizado el Gobierno para el próximo año, mostrando un escenario más complejo por el deterioro de la economía global, que complica la consecución de los objetivos internos fijados por el propio Ejecutivo. El Banco de España ha rebajado su previsión de crecimiento para los dos próximos años y dibuja ahora un horizonte en el que no se vuelven a alcanzar cotas de crecimiento del 2% durante todo el periodo contemplado.
En concreto, para 2024 espera un avance del PIB del 1,6%, dos décimas por debajo de su previsión de septiembre y cuatro décimas por debajo del cuadro macroeconómico del Gobierno con el que está preparando los presupuestos generales del estado para el próximo año. De cara a 2025, espera una leve aceleración de la actividad, gracias a la mejora de la economía global, que permitirá reactivar las exportaciones, y a la ejecución de los fondos europeos, que ya en ese año deberían estar empleándose a buen ritmo. El PIB crecería ese año un 1,9% para desacelerar nuevamente en 2026 al 1,7%. En definitiva, se trata de un horizonte de crecimiento moderado, pero levemente superior al PIB potencial del país en el que la demanda interna deberá soportar la actividad.
Por el contrario, el Banco de España ha mejorado su previsión de cierre de 2023 como consecuencia de la revisión de la serie del PIB que ha realizado el INE. La entidad espera que el PIB mantenga su avance trimestral del 0,3% hasta diciembre, lo que implicaría un crecimiento acumulado del 2,4% en el conjunto del año gracias al dinamismo experimentado en la segunda mitad de 2022 y el inicio de 2023. De esta forma, se descarta que España vaya a entrar en recesión a pesar del contagio que está sufriendo del resto de Europa. La baja exposición del país al sector manufacturero y la dependencia de los servicios está permitiendo superar este bache internacional con gran fortaleza.
A mediados de 2024, la inflación comenzará a normalizarse gracias a la moderación de los precios de la energía. Esto permitirá al BCE iniciar una relajación de la política monetaria, reanimando así la demanda interna. El BdE espera que el IPC pase del 3,4% en 2022 al 2% en 2025, y el IPC subyacente pasaría del 4,1% al 1,9% ya en el año 2023. “Se espera que la inflación general mantenga una senda ligeramente ascendente a comienzos de 2024 —aunque significativamente inferior a la prevista en septiembre— y que retome una senda descendente a partir de la segunda mitad del año”, explica el BdE en su informe.
Alerta, déficit
Este escenario de crecimiento moderado e inflación a la baja implica una ralentización de la recaudación tributaria, lo que dificultará la reducción del déficit público. El Banco de España es mucho más pesimista que el Gobierno con el ajuste previsto para el próximo año, lo que pone en entredicho el plan de reequilibrio que acaba de aprobar el Gobierno y la elaboración de los presupuestos generales del Estado.
El Ejecutivo asegura que recortará el déficit público del 3,9% de 2023 hasta el 3% en 2024 para evitar caer en el brazo correctivo de la Unión Europea por déficit excesivo. Esto significa una reducción del déficit muy significativa, de 0,9 puntos del PIB. Sin embargo, el Banco de España augura que el recorte será mucho más modesto, de 0,4 puntos, pasando del 3,8% de 2023 al 3,4%. El banco advierte que, para llegar a las cifras del Gobierno, será necesario adoptar medidas adicionales, de lo contrario, a políticas constantes no será posible conseguir el objetivo.
Las previsiones del BdE contemplan que el Gobierno solo prorrogará las medidas anticrisis que ya ha anunciado o que están comprometidas en el plan presupuestario, como son el IVA de los alimentos o las subvenciones al transporte público. Sin embargo, ha contemplado la eliminación del resto de ayudas, incluyendo las rebajas fiscales a la electricidad. Por el contrario, el Ministerio de Hacienda asegura que tiene margen para prorrogar algunas medidas más y, aun así, cumplir con el objetivo del 3% de déficit.
Esta diferencia en los cálculos es muy relevante, ya que España estará en el límite para evitar entrar en el procedimiento de déficit excesivo. En 2024, se reactivan las reglas fiscales y, a falta de cerrar su reforma, los gobiernos tienen que recortar su déficit hasta el umbral del 3%. La previsión de Hacienda es exactamente ese 3% de déficit, lo que significa que no existe margen de desviación, como teme que ocurrirá el Banco de España.
Para los años siguientes, el Banco de España también augura que el déficit público se estancará en el 3,6% ya desmontadas las medidas del paquete anticrisis. En definitiva, lo que esto significa es que el déficit estructural está cerca del 3,5%, un punto por encima de los niveles previos a la pandemia. Para corregir este desequilibrio, España necesitará medidas adicionales de subidas de impuestos o recortes del gasto para corregir esta desviación que no se corregirá de forma automática por el crecimiento económico.
Sin pleno empleo
El Banco de España también ha revisado al alza su previsión de crecimiento del empleo en 2023, pero ha recortado la de 2024 y 2025. “El empleo moderará su dinamismo a lo largo del horizonte de proyección, en línea con la evolución prevista de la actividad y con el supuesto de una cierta recuperación de la productividad”, señala el BdE.
El crecimiento de las horas trabajadas pasará del 1,9% de 2023 al 1,3%, 1,1% y 0,9% en 2024, 2025 y 2026 respectivamente. Esto significa una desaceleración del empleo hasta situarse en tasas inferiores al PIB. La mejora de la productividad compensaría el pobre desempeño del mercado laboral tras el boom vivido en 2021 y 2022. Sin embargo, se aleja la expectativa de conseguir el ansiado pleno empleo en esta legislatura, como ha prometido el Gobierno.
El plan presupuestario del Gobierno contempla que la tasa de desempleo bajará del 11% ya en 2024. Sin embargo, el Banco de España es más pesimista y prevé que siga todavía por encima del 11% en el año 2026. En concreto, en el 11,3%. Si se cumplen sus previsiones, significará que en los próximos tres años apenas se reducirá el desempleo.
El principal causante es la desaceleración de la creación de empleo, pero también vendrá determinado por el dinamismo de los flujos migratorios: “A esta ralentización en la reducción de la tasa de paro contribuirán tanto la moderación en el ritmo de creación de empleo como el crecimiento previsto de la población activa, que vendrá impulsado por un elevado dinamismo de los flujos de inmigración”, explica la entidad. Si se cumplen estas previsiones, se confirmará que las reformas aprobadas en los últimos años en el mercado laboral no habrán ayudado a mejorar la situación base de la economía española, con una tasa de paro estructural todavía por encima del 10%.
El Banco de España ha reclamado al Gobierno una reforma ambiciosa de las prestaciones y subsidios de desempleo para rebajar esta tasa de paro estructural. Para ello, es imprescindible mejorar las políticas activas (sobre todo con formación de los desempleados y mejora del perfilado de los parados y las vacantes), así como de las políticas pasivas, con mejores incentivos a los desempleados para que vuelvan a trabajar. “Una reforma ambiciosa de las políticas activas y pasivas conseguiría reducir la tasa de paro estructural de la economía española”, ha explicado Ángel Gavilán, director de Economía y Estadística del Banco de España. No hay nada que impida a España aspirar a conseguir una tasa de desempleo similar a la que tienen los países europeos, pero para conseguirlo, “hay que ser ambiciosos con las reformas”.
Actualmente, las prestaciones de España tienen una baja cobertura en comparación con los niveles europeos, por lo que existe margen para extender la prestación a más desempleados. Al mismo tiempo, recomienda introducir mejoras en las prestaciones y subsidios, por ejemplo, con cuantías decrecientes en el tiempo para incentivar que los desempleados se formen y busquen un empleo y compatibilizar el cobro con un empleo para no generar desincentivos. Y todo ello con mayor presupuesto para la recualificación de desempleados para mejorar su empleabilidad. Todas estas políticas deben estar coordinadas y no ser un parche tras otro, como ha sido en las últimas décadas.
Fuente El Confidencial
