Este martes 19 de diciembre se ha hecho oficial que el Gobierno, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), comprará un 10% del capital de Telefónica. La operación lleva varias semanas encima de la mesa tras la llegada de la operadora de telecomunicaciones de Arabia Saudí al accionariado de la compañía española. El movimiento vuelve a meter al Estado en el capital de Telefónica, tras abandonarlo por completo en 1997.
La inversión es la respuesta del Gobierno al plan de la operadora Saudi Telecom Company (STC) de tomar hasta el 9,9% de Telefónica. Con ella, la SEPI se convertirá en el principal accionista de la empresa. ¿Pero qué es la SEPI? ¿Quién la controla?
El brazo industrial del Gobierno
La SEPI nació en 1995 y es un instrumento estratégico en la aplicación de la política diseñada por el Gobierno para el sector público empresarial. Está adherido al Ministerio de Hacienda y su cartera industrial tiene el control mayoritario de 14 empresas y participaciones minoritarias en otras diez.
Las 14 empresas participadas de forma directa y mayoritaria son las siguientes:
- Correos
- Navantia
- Tragsa
- Mercasa
- Hunosa
- Enusa
- Ensa
- EFE
- Sepides
- Mayasa
- Cetarsa
- Hipódromo de la Zarzuela
También posee participaciones en las siguientes 10 empresas:
- Ebro Foods (10,36%)
- Enagas (5%)
- Hispasat (7,41%)
- Redeia (20%)
- Alestis Aerospace (24,05%)
- Airbus Group (4,12%)
- Enresa (20%)
- IAG (International Airlines Group) (2,52%)
- Indra (27,99%)
- Epicom (40%)
La sociedad tiene permitido captar fondos en los mercados nacionales o extranjeros, mediante la emisión y colocación de valores de renta fija, que podrán gozar frente a terceros de la garantía del Estado. También puede percibir aportaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Aunque sus actividades se ajustan al ordenamiento jurídico privado, se trata de una entidad de Derecho Público
Su objetivo es rentabilizar las participaciones empresariales y sus operaciones financieras deben atender al interés público. Aunque sus actividades se ajustan al ordenamiento jurídico privado, se trata de una entidad de Derecho Público, por lo que se rige por la normativa pública en algunos casos.
El SEPI y sus empresas están sometidas al control público del Estado y de la UE como el resto de instituciones públicas. A través del Ministerio de Hacienda se vigila los movimientos económicos. También debe pasar por el filtro de la Unión Europea. Y se debe dejar constancia de sus operaciones a través de comparecencias informativas en el Congreso y en el Senado, iniciativas parlamentarias y el envío periódico de información político-financiera.
Fuente El Confidencial
