DENVER.- La Corte Suprema de Colorado declaró el martes que el expresidente Donald Trump no puede postularse a la Casa Blanca en virtud de la cláusula de insurrección de la Constitución de Estados Unidos, y lo retiró de la boleta de las elecciones primarias presidenciales del estado, lo que prepara el terreno para que el máximo tribunal del país decida si el favorito para obtener la nominación presidencial del Partido Republicano puede permanecer en la contienda.

La decisión de un tribunal cuyos jueces fueron nombrados por gobernadores demócratas supone la primera vez en la historia que la Sección 3 de la 14ta Enmienda constitucional se utiliza para descalificar a un candidato presidencial.

“Una mayoría del tribunal sostiene que Trump está descalificado para ocupar el cargo de presidente en virtud de la Sección 3 de la 14ta Enmienda”, escribió la corte en su decisión de 4 votos a favor y 3 en contra.

El máximo tribunal de Colorado revocó el fallo de un juez de distrito que consideró que Trump incitó a una insurrección por su papel en el ataque contra el Capitolio del 6 de enero de 2021, pero que no podía ser excluido de los comicios porque no estaba claro que la cláusula tuviera como fin cubrir la presidencia.

Pero el tribunal le dio a Trump una ruta de escape provisional. Puso su fallo en suspenso hasta el 4 de enero, y si busca revisión en la Corte Suprema de Estados Unidos, como dijo que hará, el tribunal estatal dijo que su nombre permanecería en la boleta primaria. Funcionarios de Colorado afirman que el tema debe resolverse antes del 5 de enero, el plazo del estado para la impresión de sus papeletas para las primarias presidenciales.

“No llegamos a estas conclusiones a la ligera”, escribió la mayoría de la corte. “Estamos conscientes de la magnitud y el peso de las cuestiones ante nosotros. De igual forma, estamos al tanto de nuestro deber solemne de aplicar la ley, sin temor o privilegio, y sin ser influenciados por la reacción pública a las decisiones que la ley exige que tomemos”.

Los abogados de Trump habían prometido apelar inmediatamente cualquier inhabilitación ante la Corte Suprema federal, que tiene la última palabra en asuntos constitucionales.

“Este fallo, emitido por la Corte Suprema de Colorado, ataca la esencia misma de la democracia de esta nación. No se mantendrá, y confiamos en que la Corte Suprema revertirá esta orden inconstitucional”, dijo Alina Habba, la portavoz de asuntos jurídicos de Trump, en un comunicado emitido el martes.

Trump no mencionó el fallo durante un mitin el martes por la noche en Waterloo, Iowa, pero su campaña envió un correo electrónico de recaudación de fondos mencionando lo que señaló que era un “fallo tiránico”.

La presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, declaró que la decisión era una “interferencia electoral”, y aseveró que el equipo jurídico del comité tiene la intención de ayudar a Trump a luchar contra el fallo.

Los jueces podrían tardar algún tiempo en actuar, y las primarias republicanas de Colorado, programadas para marzo, podrían continuar sin verse afectadas. Es posible que los magistrados tengan que lidiar con las numerosas cuestiones legales entrelazadas del caso, que son novedosas, complejas y de extraordinarias consecuencias. De hecho, los tribunales de los estados han llegado a conclusiones diferentes sobre algunas de las cuestiones.

Los jueces también pueden mostrarse reacios a retirar a los votantes la decisión de cómo evaluar la conducta de Trump después de las elecciones de 2020.

Efecto dominó

Trump perdió Colorado por 13 puntos porcentuales en la elección de 2020 y no necesita del estado para ganar los comicios presidenciales del próximo año. Pero el peligro para el exmandatario está en que más tribunales y funcionarios electorales sigan el ejemplo de Colorado y lo excluyan de estados que sí deba ganar.

A nivel nacional se han interpuesto decenas de demandas para descalificar a Trump en virtud de la Sección 3, la cual se elaboró con el objetivo de evitar que exintegrantes del ejército Confederado regresaran al gobierno después de la Guerra Civil.

La sección 3 de la 14° Enmienda prohíbe el desempeño de cargos públicos a cualquier persona que haya jurado “defender” la Constitución y posteriormente “haya tomado parte en alguna insurrección o rebelión” contra Estados Unidos, medida que se ha utilizado apenas en un puñado de ocasiones desde la década posterior a la Guerra Civil.

El Congreso puede eliminar la prohibición, dice la disposición, pero sólo con dos tercios de los votos en cada cámara.

“Creo que podría alentar a otros tribunales estatales o secretarios a actuar ahora que se ha retirado el vendaje”, dijo Derek Muller, profesor de derecho de Notre Dame que ha seguido de cerca los casos de la Sección 3 de la Constitución. “Esta es una importante amenaza a la candidatura de Trump”.

El caso de Colorado es el primero en el que la parte demandante resulta victoriosa. Después de una audiencia de toda una semana el mes pasado, la jueza de distrito Sarah B. Wallace determinó que, de hecho, Trump “tomó parte en una insurrección” al incitar el ataque del 6 de enero contra el Capitolio federal, y su fallo que lo saca de la papeleta fue bastante técnico.

Los abogados de Trump convencieron a Wallace de que, debido a que la redacción de la Sección 3 hace referencia a “funcionario de los Estados Unidos” que haya jurado “defender” la Constitución, no se debe aplicar al presidente, quien no está incluido como un “funcionario de los Estados Unidos” en ninguna otra parte del documento y cuyo juramento es el de “preservar, proteger y defender” la Constitución.

La Sección 3 indica que los cargos que no se podrán ocupar son el de “senador o representante en el Congreso, ni elector para elegir presidente y vicepresidente, ni desempeñará cargo civil o militar alguno”, y todo aquel “bajo la autoridad de los Estados Unidos”, pero no hace mención de la presidencia.

El máximo tribunal del estado no estuvo de acuerdo y falló a favor de los abogados de seis votantes republicanos y no afiliados de Colorado que argumentaron que no tenía sentido concebir que los redactores de la enmienda, temerosos de que los antiguos confederados volvieran al poder, les prohibieran desempeñarse en cargos menores pero no en el de mayor importancia en el país.

“El presidente Trump nos pide sostener que la Sección 3 descalifica a cualquier insurrecto rompejuramentos salvo al más poderoso, y que les prohíbe buscar prácticamente cualquier cargo, tanto a nivel estatal como federal, salvo el más importante del país”, se lee en la opinión de la mayoría del tribunal. “Ambos resultados son incongruentes con el lenguaje e historia de la Sección 3″.

El grupo de tendencia izquierdista que entabló la demanda en Colorado, Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, celebró el fallo.

“Nuestra Constitución claramente estipula que aquellos que violan su juramento al atacar nuestra democracia tienen prohibido servir en el gobierno”, señaló Noah Bookbinder, presidente del grupo, en un comunicado.

Los abogados de Trump también habían pedido al máximo tribunal de Colorado que anulara el fallo de Wallace sobre que Trump incitó el asalto del 6 de enero. Sus abogados alegaron que el entonces presidente había estado utilizando sus derechos de libertad de expresión y no había incitado a la violencia. El abogado del exmandatario, Scott Gessler, también argumentó que el ataque fue más un “disturbio” que una insurrección.

En el fallo emitido el martes, la mayoría del tribunal rechazó los argumentos de que Trump no era responsable del violento ataque de sus simpatizantes, que pretendían suspender la certificación legislativa a los resultados de las elecciones de 2020. “El presidente Trump pronunció entonces un discurso en el que literalmente exhortó a sus partidarios a luchar en el Capitolio”, escribieron.

El fallo

Los magistrados de la Corte Suprema de Colorado, Richard L. Gabriel, Melissa Hart, Monica Márquez y Hood fallaron en favor de los demandantes. El juez presidente Brian D. Boatright disintió, alegando que las cuestiones constitucionales eran demasiado complejas como para ser resueltas en una audiencia estatal. Los jueces Maria E. Berkenkotter y Carlos Samour también disintieron.

“Nuestro gobierno no puede privar a alguien del derecho a ocupar un cargo público sin el debido proceso legal”, escribió Samour en su disenso. “Incluso si estamos convencidos de que un candidato cometió terribles actos en el pasado -me atrevo a decir que tomó parte en una insurrección-, debe de haber un debido proceso para que podamos declarar que ese individuo está descalificado de ocupar un cargo público”.

El fallo de Colorado contrasta con el emitido por la Corte Suprema de Minnesota, que determinó el mes pasado que el partido estatal puede poner a quien quiera en su papeleta de las primarias presidenciales. Desestimó una demanda basada en la Sección 3, pero señaló que los demandantes podrían volver a intentarlo durante las elecciones generales.

En otro caso de la 14ta Enmienda, un juez de Michigan falló que el Congreso, y no el poder judicial, debe determinar si Trump puede permanecer en la papeleta. Ese fallo fue apelado. El grupo liberal detrás de esas querellas, Free Speech For People, también interpuso otra demanda en Oregon que busca retirar a Trump de la papeleta en el estado.

Ambos grupos están financiados por donantes liberales que también apoyan al presidente Joe Biden. Trump ha culpado al mandatario de las demandas en su contra, pese a que Biden no está involucrado en ellas, y ha dicho que su rival está “desfigurando la Constitución” para tratar de poner fin a su campaña.

Los aliados de Trump se apresuraron a defenderlo y arremetieron contra el fallo, al que tacharon de “antiestadounidense”, “una locura” y parte de un esfuerzo políticamente motivado para destruir su candidatura.

“Cuatro operadores demócratas de la Corte Suprema de Colorado creen que pueden decidir por todos los residentes de Colorado y estadounidenses las próximas elecciones presidenciales”, señaló en un comunicado Elise Stefanik, presidenta de la Conferencia del Partido Republicano de la Cámara de Representantes federal.

Agencia AP y The New York Times

Fuente La Nacion