La Justicia anula la prohibición del Ayuntamiento de Madrid de instalar estufas de gas en las terrazas>

El juez ha estimado parcialmente el recurso de la Federación Española de Asociaciones y de Empresas Distribuidoras de Gases Licuados del Petróleo —el combustible que utilizan estos calentadores—, que carga contra la normativa municipal aprobada en 2022, cuando se modificó la Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración de 2013. Uno de los puntos antiguos se retocó, el que autorizaba expresamente la instalación de «elementos tales como estufas de gas, eléctricos o similares», que cumpliesen los «requisitos técnicos y con «homologación CE de la Unión Europea». Y el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida concedió dos años a los hosteleros para librarse de ellos.

La asociación demandante aportó un informe pericial en su recurso, que examinaba el uso de «calientapatios suministrados con gases licuados de petróleo» y determinaba que «las estufas de gas no son un elemento contaminante». También denunciaba «defectos de forma» en el proceso de elaboración de la ordenanza, aunque el TSJM ha desestimado esa impugnación. El consistorio, por su parte, argumentaba que la finalidad de la prohibición «no era otra que retirar de la ciudad los elementos que producen un efecto invernadero». Sin embargo, el fallo concluye que no hay pruebas que justifiquen dicha contaminación.

Falta de estudios municipales

Los magistrados estiman que la medida vulnera los principios que impone el artículo 129.1 de la Ley de Procedimiento, que obliga a las administraciones a dar cuenta o justificar la finalidad y contenido de cualquier norma. «En realidad, en el expediente administrativo no se contiene dato o estudio alguno relativo a la eventual superación, en su caso, de los valores límites de CO2», señala la sentencia. El TSJM recuerda que los textos internacionales y europeos en defensa del medio ambiente exigen que se determinen «las ventajas y las cargas que puedan resultar» de las medidas adoptadas, pero el ayuntamiento no aporta «estudios concluyentes» sobre el impacto social y económico de la prohibición de las estufas de gas, como tampoco informes sobre sus emisiones de dióxido de carbono y dióxido de nitrógeno (NO2), ni sobre el porcentaje de polución que representan en comparación con otras fuentes contaminantes. Este «déficit de justificación» anula la medida.

A la comisión de terrazas

La sentencia es susceptible de recurso de casación ante la misma sala del TSJM, aunque el consistorio, en principio, no planea recurrir. Por ahora, ha convocado una reunión de la comisión de terrazas para el 26 de diciembre. «Los servicios jurídicos del ayuntamiento estudiarán la sentencia y la forma de aplicarla», informan desde el Área de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias. «La sentencia da viabilidad a la ordenanza, salvo en lo relativo a la prohibición de estufas de gas, que lo anula. Dicho artículo fue una imposición de Recupera Madrid para la aprobación de los presupuestos de 2022», recuerda un portavoz municipal.

En diciembre de ese año, el Gobierno bicéfalo de PP y Ciudadanos pactó las cuentas con el Grupo Mixto, los tres concejales carmenistas que rompieron con Más Madrid y se reagruparon bajo la marca Recupera Madrid. Todavía con la resaca de las terrazas pospandémicas y veladores Covid, en el acuerdo se firmó conceder apenas dos años más a las estufas de gas. Sin Recupera Madrid, con mayoría absoluta del PP y esta resolución judicial, lo más probable es que la prohibición de las estufas de gas se evapore.