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El Ministerio de Economía ha conseguido esta semana uno de los grandes hitos de la presidencia rotatoria de la Unión Europea: un acuerdo político para la reforma de las reglas fiscales. Tras cuatro años de suspensión, en 2024 volverán a estar vigentes, lo que exige un esfuerzo de consolidación a todos los países para corregir los desequilibrios acumulados durante la pandemia y la crisis inflacionista. La Comisión Europea teme que España no llegará al umbral del 3% de déficit el próximo año, lo mismo que el Banco de España, por lo que ya anticipa que habrá que hacer esfuerzos para contener el gasto.
Lo ha hecho en su informe de supervisión de España posterior al rescate financiero. La Comisión subraya que sus previsiones de déficit para los próximos años se mantienen “por encima del 3%”. Esto significa que el ciclo económico ya no permite seguir corrigiendo el desequilibrio de las cuentas públicas y que ha llegado el momento de adoptar medidas fiscales.
Durante el año 2024, el Gobierno retirará las medidas anticrisis de forma gradual ante el final de la emergencia inflacionista, pero no será suficiente. “Se necesitan pasos adicionales de consolidación por la vía del gasto para seguir avanzando y mejorar la posición presupuestaria”, advierte la Comisión Europea.
Un mensaje nítido para el Gobierno: los años de política fiscal expansiva se han terminado, ha llegado el momento de controlar el gasto público. Es importante la mención expresa que hace la Comisión Europea del gasto público, ya que percibe que los ingresos públicos están en fase de desaceleración. Además, los impuestos extraordinarios aprobados a las energéticas y la banca tienen fecha de caducidad, por lo que dificultarán aún más el crecimiento de los ingresos públicos.
“Se necesitan pasos adicionales de consolidación por la vía del gasto”
“No está claro cómo puede seguir aumentando la ratio de ingresos públicos sobre el PIB una vez las medidas temporales de recaudación se eliminen al final de 2024”, señala la Comisión en su informe. Se une así a la Autoridad Fiscal (AIReF) y al Banco de España en la reclamación al Gobierno de mayor transparencia sobre sus planes fiscales a medio plazo.
El Ministerio de Hacienda ha retrasado de forma reiterada la gran reforma fiscal que tiene prevista desde que comenzó su andadura en el año 2018 por afectar a las clases medias y bajas. Para la Comisión Europea, la palanca más factible es la del gasto. Y eso a pesar de que ya está comprometido un importante incremento como consecuencia de la subida de las pensiones y del salario de los trabajadores públicos. Como consecuencia, el gasto público en retribuciones aumentará un 4,2% y el de pensiones, un 5%, según los cálculos de la Comisión.
Bruselas también advierte de que España sigue priorizando el gasto corriente frente a la inversión, lo que lastra el crecimiento potencial del país. “El gasto corriente está creciendo más rápido de lo esperado, mientras que la inversión financiada nacionalmente [sin los fondos europeos] está cayendo”.
El ajuste de 2024
Bruselas calcula, a partir del plan presupuestario que remitió el Gobierno en otoño, que el déficit público de España bajará del 4,1 al 3,2% del PIB en 2024. Se trata de un avance importante, pero que depende de la eliminación total de las ayudas energéticas puestas en marcha durante la crisis el 1 de enero, tal y como figura en la norma actualmente. “Las proyecciones para España asumen la completa eliminación de las medidas de apoyo energético, que liderarán la reducción del déficit”, explica el informe.
Sin embargo, la vicepresidenta de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado recientemente que está valorando prorrogar algunas de estas medidas. Una medida que iría en la dirección contraria de los cálculos que hace Bruselas.
En cualquier caso, la Comisión Europea no cree que España vaya a ser capaz de llegar al 3% de déficit si no adopta medidas adicionales. En su informe, advierte de que los ingresos tributarios están frenando en los últimos meses como consecuencia de la desaceleración de la economía y de la moderación de la inflación.
La deuda se estanca
El elevado déficit, sumado al bajo crecimiento potencial del país, implica que la deuda pública no podrá reducirse a futuro. En concreto, la Comisión prevé que España termine el año con una deuda del 107,5%, y que en 2024 siga bajando hasta el 106,5%. Sin embargo, a partir de ahí, el ajuste se termina y la deuda pública se estabiliza en niveles 10 puntos porcentuales por encima de los que había antes de la pandemia.
“La ratio de deuda se estabilizará, a menos que se implementen medidas adicionales”, alerta Bruselas. Lo que le está diciendo la Comisión al Gobierno es que ya no puede confiar en el ciclo económico para mejorar sus ratios, y tampoco puede escudarse en la suspensión de las reglas fiscales. Ha llegado la hora de la verdad, la de demostrar su compromiso fiscal. Y el único precedente, el de 2019, no es positivo, ya que en plena fase de crecimiento el Gobierno aumentó el déficit en medio punto del PIB, del 2,6% que heredó en 2018 al 3,1%.
El Ministerio de Economía ha conseguido esta semana uno de los grandes hitos de la presidencia rotatoria de la Unión Europea: un acuerdo político para la reforma de las reglas fiscales. Tras cuatro años de suspensión, en 2024 volverán a estar vigentes, lo que exige un esfuerzo de consolidación a todos los países para corregir los desequilibrios acumulados durante la pandemia y la crisis inflacionista. La Comisión Europea teme que España no llegará al umbral del 3% de déficit el próximo año, lo mismo que el Banco de España, por lo que ya anticipa que habrá que hacer esfuerzos para contener el gasto.
Fuente El Confidencial
