LA HABANA, Cuba. – Los funcionarios del centro penitenciario Combinado de Guantánamo han restringido varias veces el derecho a las comunicaciones del manifestante del 11J Jesús David Rodríguez Prevost, según dio a conocer el propio prisionero político en llamada telefónica el martes 19 de diciembre desde ese centro penitenciario de máximo rigor.
Rodríguez Prevost, natural de Guantánamo, denunció en particular que el viernes 8 de diciembre la reeducadora de la prisión, una militar nombrada Zoila Berroa Lugués, le impidió “sin motivo” hacer uso del teléfono.
El prisionero político puntualizó asimismo que no pretende recibir beneficios adicionales como visitas familiares y conyugales extra, pero sí exige que se respeten sus correspondientes derechos como persona privada de libertad. De igual modo, el manifestante destacó que se ha quejado de esas constantes represalias a las autoridades del penal, pero los militares solamente le responden con evasivas mientras continúan repitiendo el mismo proceder una y otra vez.
El prisionero político, de 23 años de edad, también denunció que ha sido víctima de otros atropellos, como una requisa en la cual le confiscaron varios artículos personales que no constituyen violación del reglamento del centro penitenciario, así como un registro corporal efectuado como represalia por sus objeciones.
Rodríguez Prevost agregó que el lunes 18 de diciembre tampoco le permitieron hablar por teléfono. De igual modo expresó su intención de iniciar una nueva huelga de hambre en caso de que los militares continúen las violaciones a sus derechos y demás arbitrariedades en su contra.
Jesús David Rodríguez Prevost se encuentra cumpliendo una condena de tres años y cinco meses de privación de libertad por los supuestos delitos de “desórdenes públicos” y “desacato a la figura del presidente”, como castigo por haber tomado parte en las manifestaciones ocurridas el 11 de julio de 2021 en todo el país.
El prisionero político también informó que inicialmente fue condenado a tre años y ocho meses en el Tribunal Provincial Popular de Guantánamo, pero después de apelar en el Tribunal Municipal Popular se le redujo la sentencia a tres años y cinco meses sobre la base de que en el momento de ser enjuiciado solo contaba 21 años.
Tras el estallido popular del 11 de julio de 2021 el sitio digital Justicia 11J ha registrado en su base de datos arrestos a 1.887 personas, de las cuales al menos 793 continúan en prisión.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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Fuente Cubanet.org