Si el Gobierno necesitaba un aval estadístico para la subida del IVA de la luz y el gas y la recuperación progresiva de los impuestos energéticos, lo ha obtenido este viernes. El nuevo escudo social, que entrará en vigor el 1 de enero y no prorroga algunas medidas contra la escalada de precios, como las ayudas al combustible para los transportistas profesionales, llega en un momento de alivio generalizado de la inflación. Puede haber oscilaciones, debido al famoso efecto base, que altera los indicadores interanuales, los más utilizados. Pero lo cierto es que la tendencia general es a la baja, y cada vez más acusada, así en España como en el conjunto de la eurozona, lo que impulsa la inevitable normalización del colchón antiinflacionario del Estado que demandan las autoridades comunitarias.
La política monetaria del Banco Central Europeo, caracterizada durante esta espiral por el mayor endurecimiento de los tipos de interés que se recuerda, está siendo efectiva a la hora de enfriar la economía del continente, que coquetea con la recesión, a la que ya han caído algunos países, como la locomotora alemana. España aguanta un poco mejor, y ha conseguido la cuadratura del círculo: seguir creciendo, pero con una progresiva moderación de los precios. Como advirtieron numerosos expertos, el incremento del coste de la vida ha estado, en esta ocasión, más influido por la oferta que por la demanda, lo que explica que, una vez el coste de la energía ha cedido por la estabilización de los mercados internacionales, el índice de precios de consumo (IPC) también lo haya hecho.
Según el dato adelantado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se moderó en diciembre por tercer mes consecutivo, hasta el 3,1%, gracias al mejor comportamiento de la electricidad y los alimentos. Supera, así, definitivamente, el repunte que vivió durante el verano, y desactiva los peores presagios. Esta vez, el efecto base jugaba en su contra: el año pasado por estas fechas, la inflación se había deslizado por una curva marcadamente descendente, así que la presión, en comparación con los datos de hace 12 meses, se antojaba alcista. Pero la corriente de fondo ha podido más, y los precios se retrajeron una décima respecto a noviembre, pese al efecto de los combustibles.
El gasoil y de la gasolina llevan tres meses a la baja, en paralelo con el IPC, y acabarán 2023 en mínimos anuales. Pero en diciembre del año pasado cayeron más, por lo que esta vez sumaron inflación. Al contrario de lo que podría parecer, la moderación de diciembre no es un espejismo con epicentro en el surtidor. Si uno va a comprar cualquier otra cosa a la tienda de la estación de servicio, se encontrará que los precios siguen subiendo, pero cada vez menos. Sin ir más lejos, se congelaron en los últimos 30 días, algo especialmente meritorio en plenas fiestas navideñas. El dato mensual, ajeno al efecto base, no tiene ni trampa ni cartón: se situó en el 0%, y en noviembre había estado en negativo por primera vez desde enero, cuando se retiró la subvención de 20 céntimos a los combustibles.
Puede decirse que los precios están prácticamente estancados en España. Pero el efecto de los carburantes es muy distorsionador. Por eso resulta útil acudir a la inflación subyacente, que elimina la incidencia de los elementos más volátiles, entre ellos la propia energía y los alimentos no elaborados. El registro interanual también da señales de respiro. Y, de hecho, lo hace con una intensidad y constancia notablemente superior a las del índice general, lo que ofrece argumentos a las palomas de Fráncfort para convencer a los halcones de que ya es hora de dar un paso atrás en el endurecimiento de la política monetaria.
Calviño, objetivo cumplido
Este dato subyacente, que es el que más preocupa a los bancos centrales, se moderó siete décimas en diciembre, hasta alcanzar el 3,8%. Es su mejor registro desde marzo de 2022, el primer mes en el que se notaron, en toda su extensión, los efectos de la guerra en Ucrania. Es cierto que en los últimos 30 días subió dos décimas, así que existe un poco de trampa. En este caso, el efecto base juega a favor: la notable subida interanual a la misma altura de 2022, también de siete décimas, favorece el repliegue de 2023. Pero también es cierto que el descenso se produce por quinto mes consecutivo. Las casualidades no existen: la inflación más temida, esa que se enquista en la economía y puede dar lugar a los efectos de segunda ronda (que la espiral de precios se convierta en una espiral de salarios y viceversa, hasta descontrolar la situación), mejora a pasos agigantados.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, que dejará el cargo en los próximos días, tiene motivos para marcharse satisfecha: hace un año, la fundación de las antiguas cajas de ahorros (Funcas) preveía que el IPC general se situase en diciembre en el 5,4%, y el subyacente, en el 4,1%. La realidad los ha dejado 2,3 puntos y tres décimas por debajo de la estimación. “Gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno, la inflación general y la subyacente mantienen su senda descendente, permitiendo que los salarios sigan ganando poder adquisitivo y las empresas españolas una mayor competitividad, incluso en el difícil contexto internacional”, aseguran desde su departamento. Lo cierto es que ese contexto internacional, marcadamente deflacionario, también ha ayudado a cumplir el objetivo.
Si el Gobierno necesitaba un aval estadístico para la subida del IVA de la luz y el gas y la recuperación progresiva de los impuestos energéticos, lo ha obtenido este viernes. El nuevo escudo social, que entrará en vigor el 1 de enero y no prorroga algunas medidas contra la escalada de precios, como las ayudas al combustible para los transportistas profesionales, llega en un momento de alivio generalizado de la inflación. Puede haber oscilaciones, debido al famoso efecto base, que altera los indicadores interanuales, los más utilizados. Pero lo cierto es que la tendencia general es a la baja, y cada vez más acusada, así en España como en el conjunto de la eurozona, lo que impulsa la inevitable normalización del colchón antiinflacionario del Estado que demandan las autoridades comunitarias.
Fuente El Confidencial