El Procurador del Común recibe 1.774 quejas en 2023, muy por debajo de la cifra 2022>

Esta es la principal razón del descenso, la reducción de las quejas que se presentan de forma conjunta, hasta el punto de que en 2021, cuando la cifra fue de 2.030, los expedientes superaron los 38.000, reclamaciones relacionadas, sobre todo, con la sanidad y motivadas, fundamentalmente, por la pandemia.

En el año que acaba de concluir, se presentaron 10 quejas múltiples que dieron lugar a 923 expedientes. De ellos, 190 tuvieron que ver con la dotación de vestuario y EPI al personal subalterno de la Dirección Provincial de Educación de León; otras 173 con la gestión de las bolsas de empleo de la misma sección; 127 reclamaciones fueron por las obras de ampliación del Centro Rural Agrupado Maestro Emilio Alonso, de Carbajal de la Legua (León), y 87 por los ruidos provocados por el campo de tiro de Candeleda (Ávila).

Dentro de las 1.774 quejas registradas, los asuntos con mayor número de reclamaciones vuelven a ser los mismos que en el ejercicio anterior y sitúan a la administración local a la cabeza, con un 20,14 por ciento del total; seguida por el empleo público, con el 14,04, y la Sanidad, con el 10,20 por ciento.

Por provincias, León repite liderazgo, con 402 denuncias; a continuación Valladolid; con 298; Burgos, con 183; Salamanca, 153; Palencia, 132; Segovia, 95; Ávila y Zamora, con 88 cada una de ellas, y Soria, 65. Completan los datos relativos a su procedencia, 121 quejas de personas de fuera de la Comunidad; 10 presentadas por ciudadanos de varias provincias; uno del extranjero y otras 138 que no reflejan el domicilio ni la provincia de procedencia, quejas que mayoritariamente se tramitan electrónicamente y cuyo autor está plenamente identificado.

Donde se ha producido un incremento notable es en las actuaciones de oficio llevadas a cabo por el Procurador del Común, de forma que se han tramitado 97, 34 más que el pasado año, dirigidas, principalmente a la Administración autonómica, a las diputaciones y a diferentes municipios, generalmente los de mayor población.

Entre esas iniciativas destaca la que propone implantar un servicio para la atención administrativa personalizada y preferente a las personas mayores; también para la regulación del tráfico de vehículos de reparto de mercancías en zonas peatonales; otra actuación sobre la situación del comercio rural y las medidas de apoyo que precisa; para impulsar la pervivencia de las farmacias en el medio rural; para la prevención de conductas suicidas en la Comunidad y en particular en menores y jóvenes, o para el fomento de la rehabilitación y puesta en uso.