Lo venían advirtiendo los sindicatos durante las últimas semanas: si la patronal CEOE se descuelga del acuerdo para la revalorización del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2024, exigirán una subida superior al 4%. La formulación era una advertencia al Ministerio de Trabajo, que había propuesto esa cifra para tratar de incorporar a los empresarios. Al fin y al cabo, es lo que estos habían pactado como referencia para los convenios en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado en mayo con las centrales: una subida del 3%, con un punto extra si la inflación interanual acababa el año por encima del 3%, una posibilidad bastante plausible a tenor de las previsiones de los principales organismos.
Ahora, es el propio ministerio, liderado por Yolanda Díaz, el que hace suyo el discurso de Comisiones Obreras y UGT, y advierte a la CEOE de que, en aras del acuerdo con los sindicatos, propondrá una subida superior si la patronal no se suma. En otras palabras: si los empresarios se revuelven, como hicieron el año pasado, el tiro les puede salir por la culata, ya que los costes laborales crecerán más que si finalmente participan en el consenso.
“Si no alcanzáramos un acuerdo en torno a la cifra del 4%, si la patronal española no se alineara a suscribir un acuerdo con el Gobierno, naturalmente el Gobierno se desvincula de esa cifra, buscará un acuerdo bipartito, como ya ha hecho en otras ocasiones, e intentará acordar con los sindicatos una subida del SMI que, obviamente, no podrá estar ya en el 4%. Estamos dispuestos, por tanto, a hacer una subida más ambiciosa“, ha advertido el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, en declaraciones a la entrada de la reunión tripartita de este lunes. El encuentro ha finalizado sin acuerdo, y las negociaciones se reanudarán el jueves o el viernes de esta semana.
Pérez Rey ha asegurado que el Gobierno “explorará todas las vías” para alcanzar un punto de llegada con patronal y sindicatos. Solo si no pudiera ser, ha puntualizado, hará una nueva propuesta a estos últimos. “La patronal tiene que entender que, si no entra en un acuerdo, pagará las consecuencias de no hacerlo”, ha apuntado. No obstante, el secretario de Estado ha asegurado que, de momento, “no se baraja este escenario”, y que el Ejecutivo considera el 4% “suficiente” para conseguir el pacto a tres bandas.
La secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha destacado a la salida de la reunión que Trabajo no ha cambiado su propuesta, y que los empresarios se han comprometido a estudiarla de cara al próximo encuentro, donde debería tomarse una decisión definitiva. La prioridad sigue siendo que las tres partes participen del consenso, aunque la última palabra la sigue teniendo el Gobierno. La decisión debería tomarse pronto, ya que a finales de mes se pagan las nóminas de enero y, si no incluyen la revalorización, la burocracia para incorporarla con carácter retroactivo supondrá un engorro para empresas y trabajadores.
La indexación, fuera de la mesa
El problema es que el número no es, en esta ocasión, el principal escollo para el que sería el primer pacto del SMI en que participa la patronal desde 2020. Para los empresarios, tan importante como una subida ponderada del salario mínimo es la indexación de las concesiones públicas para hacer frente a esa subida. Es decir, el hecho de que los contratos entre la Administración y las empresas puedan revisarse para incluir el mayor coste que estas tendrán que asumir como consecuencia de la revalorización del SMI.
La medida no depende de Trabajo, que se había ofrecido a mediar con Economía y, especialmente, con Hacienda. Ambos ministerios se oponen rotundamente, debido al coste que supondría para el erario público. Sin embargo, Pérez Rey ha explicado que esta cuestión, que en principio cuenta con el apoyo de los sindicatos, quedará finalmente fuera de la mesa del SMI: “Creo que durante estos últimos años la subida del salario mínimo interprofesional no constituye una sorpresa; por lo tanto, buena parte de las empresas pueden perfectamente prever o incorporar a sus líneas estratégicas que el salario mínimo va a seguir subiendo”, ha argumentado el secretario de Estado para justificar la exclusión.
Vicente también ha pedido posponer el asunto hasta después del acuerdo para la revalorización, ya que el decreto de subida no puede modificar la ley de desindexación aprobada por el Gobierno del Partido Popular en 2015, según ha recordado Fernando Luján, el negociador de UGT. En ese momento, también se debería abordar la reforma del decreto que regula las subidas del SMI. “Es confuso, de difícil interpretación y discriminatorio para los trabajadores que perciben el SMI”, ha destacado la negociadora de CCOO, una postura que también comparte UGT.
A la vuelta del verano, Comisiones Obreras había reclamado que se estableciese por ley un método para garantizar que el salario mínimo alcance al menos el 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea y el Ejecutivo considera cumplido. UGT, por su parte, ha pedido una traslación automática de las revalorizaciones del SMI a los convenios afectados. Este último es uno de los asuntos que estaría sobre la mesa del Ejecutivo, que, según Luján, podría aprobar la reforma del decreto a lo largo de enero.
Pese a que la mesa sigue abierta, la advertencia del Gobierno y, sobre todo, su negativa a indexar los contratos públicos enfrían las posibilidades de que la patronal se acabe sumando al acuerdo, y conducen la negociación hacia un pacto bipartito que se podría situar en un punto medio entre el 4% propuesto por Díaz y el 5% que reclama CCOO. Actualmente, el SMI asciende a 1.080 euros en 14 pagas, por lo que las cifras que se manejan oscilan entre los 1.123 y los 1.134 euros. UGT eleva la apuesta y todavía habla de llegar a los 1.200 euros, con revalorizaciones no inferiores a las que el Ejecutivo ha aprobado para las pensiones contributivas mínimas —entre el 5 y el 7%—, las no contributivas o el ingreso mínimo vital, próximas al 7%.
Lo venían advirtiendo los sindicatos durante las últimas semanas: si la patronal CEOE se descuelga del acuerdo para la revalorización del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2024, exigirán una subida superior al 4%. La formulación era una advertencia al Ministerio de Trabajo, que había propuesto esa cifra para tratar de incorporar a los empresarios. Al fin y al cabo, es lo que estos habían pactado como referencia para los convenios en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado en mayo con las centrales: una subida del 3%, con un punto extra si la inflación interanual acababa el año por encima del 3%, una posibilidad bastante plausible a tenor de las previsiones de los principales organismos.
Fuente El Confidencial
