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La incertidumbre sobre la política económica podría “llegar a incidir negativamente sobre las decisiones de inversión empresarial y sobre la senda de crecimiento futuro”. La advertencia está basada en los resultados de la última Encuesta sobre la actividad empresarial, elaborada en el cuarto trimestre de 2023 por el Banco de España entre las compañías del país, y ha sido pronunciada en la tarde de este miércoles por el gobernador de la institución, Pablo Hernández de Cos, ante lo más granado de los inversores internacionales. Casi al mismo tiempo, el Gobierno sacaba in extremis la votación de un decreto clave para esa política económica: el que extiende las principales medidas anticrisis.
“Las empresas percibieron en el último trimestre de 2023, y por segundo trimestre consecutivo, un aumento de la incertidumbre sobre la política económica, que estaría afectando negativamente a un 60% de las compañías, de forma que se convirtió en el principal factor condicionante de la actividad reportado por estas”, ha relatado Hernández de Cos durante su intervención en la cena del Spain Investors Day, que ha tenido lugar en el Palacio de la Bolsa de Madrid.
Aunque la incerteza sobre el devenir de la economía no es exclusiva de España, en un escenario internacional muy convulso debido a las guerras en Ucrania y Oriente Próximo, el gobernador ha traído a colación el papel que juega en ella la política. Se trata de una alusión velada a las dudas que, pese a la reciente investidura de Pedro Sánchez, sigue generando entre el empresariado la debilidad de la mayoría parlamentaria, que ha quedado patente este miércoles en las votaciones sobre los últimos reales decretos. El de la reforma del subsidio de desempleo, de hecho, no ha salido adelante. Pero, sobre todo, al malestar por la extensión de los impuestos extraordinarios a las energéticas y la banca o la tibieza del Ejecutivo ante algunas propuestas de sus socios, como las multas a las empresas que no retornen a Cataluña tras haberse marchado durante el proceso independentista, sugerida por Junts.
A este respecto, La Moncloa se limitó a hacer este martes una referencia genérica sobre la defensa de la seguridad jurídica, en un momento en que muchas empresas la ven amenazada por las políticas del Ejecutivo. La propia patronal CEOE reaccionó en otoño con gran dureza a los pactos del PSOE con Sumar, ERC, Junts o el PNV. Los datos parecen avalar esta percepción: 2023 ha sido el peor año para la inversión en España desde 2014, tras experimentar una caída de 2,3 puntos desde 2019, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Más allá de esta referencia, y del momento en que se ha deslizado, el gobernador del Banco de España mantiene su discurso habitual acerca de la consolidación fiscal que necesita nuestro país, acompañada de las reformas estructurales para favorecer el crecimiento: “La política fiscal debería orientarse a lograr una reducción gradual de los elevados niveles de deuda pública, lo que exige ya en 2024 una orientación restrictiva de la política fiscal, que deberá mantenerse en los siguientes ejercicios”.
Este año se recuperan las reglas fiscales europeas, pendientes todavía del acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo y que, según De Cos, “deberían facilitar el diseño de un plan de consolidación de medio plazo que mejore la situación estructural de las cuentas públicas”. De momento, el Ejecutivo ha presentado un programa de reequilibrio que no convence a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), encargada de velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas. “Persisten un déficit público estructural y una deuda pública elevados, que representan una fuente de vulnerabilidad, especialmente en un contexto de mayores costes de financiación”, ha dicho De Cos.
Además, el gobernador ha pedido una política fiscal “diseñada para mejorar la productividad”, uno de los problemas estructurales de la economía española. “Junto con la implementación de reformas estructurales ambiciosas y las inversiones necesarias para mejorar la capacidad de crecimiento —respaldadas por la plena implementación del programa NGEU [el plan de recuperación]—, contribuirían a reducir las presiones sobre los precios a medio plazo, aumentar el crecimiento potencial y revertir la pérdida de convergencia con Europa acumulada en las últimas décadas”, ha destacado De Cos.
“La cuestión relevante es por cuánto tiempo será necesario mantener los tipos en el nivel actual antes de comenzar a reducirlos gradualmente”
Para el gobernador del Banco de España, las proyecciones económicas, que van a la baja en términos de crecimiento y se mantienen estables en términos de inflación, estarán muy condicionadas por el ritmo de ejecución de los fondos europeos, del que espera que gane tracción en los próximos dos años. Además, De Cos se ha mostrado preocupado por la incertidumbre sobre la evolución de la política monetaria, en un momento en que nadie sabe cuándo empezarán a bajar los tipos de interés: “La cuestión relevante es por cuánto tiempo será necesario mantener los tipos de interés en el nivel actual, antes de comenzar a reducirlos gradualmente. Esto dependerá de la evolución futura de los datos, en un contexto en el que el nivel de incertidumbre sigue siendo elevado”.
El banquero también ha puesto énfasis en el “elevado crecimiento” de los costes laborales unitarios, superior a la media de la zona euro. Esto es debido a unos incrementos salariales más elevados a los pactados por convenio, al aumento de las cotizaciones sociales y al “débil comportamiento de la productividad”. “Podría acabar afectando a la competitividad-precio de las empresas españolas”, ha añadido De Cos. En cualquier caso, España seguirá creciendo este año y el que viene por encima de la media europea, gracias al soporte de la demanda interna tras los aumentos salariales y al incremento de la inversión motivado por los fondos europeos. Todo en un contexto de una elevada incertidumbre que la política nacional no contribuye a aplacar.
Cataluña, presente en el foro
El destino ha querido que uno de los días donde se ha evidenciado de forma más palpable esa zozobra, a la vista de lo sucedido en el Senado, haya coincidido con uno de los grandes eventos del año a nivel nacional destinado a la atracción de inversión para las empresas españolas. Mientras la vicepresidenta Tercera, Teresa Ribera, trataba de transmitir las bondades del país como destino inversor en renovables ante decenas de empresarios, ejecutivos e inversores internacionales en el hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid, las conversaciones informales del Spain Investors Day después de comer sacaban a colación la cuestión catalana.
A medio día, en plena votación y negociaciones entre partidos en las Cortes, varios de los primeros ejecutivos de empresas afectadas por lo que ocurría a menos de un kilómetro del distinguido hotel madrileño compartían mesa y mantel. Primeros espadas como José Bogas (Endesa), Francisco Reynés (Naturgy), Beatriz Corredor (Redeia), Arturo Gonzalo (Enagás) o Joseph Oughourlian (Prisa) estaban entre los participantes del evento que han degustado un solomillo con la ministra Ribera.
Tras los cafés, en los corrillos, la cuestión catalana, tan presente por el pulso de Junts al Gobierno, era uno de los temas de conversación entre inversores y ejecutivos. Las empresas están cada vez más molestas, tal y como ha hecho ver la CEOE. Tratan de captar inversión mientras se consideran la diana utilizada por algunos partidos. Además de por la reivindicación de Junts sobre las sanciones a las empresas, el enfado viene de lejos, debido a medidas como el impuesto a las energéticas, algunas de ellas presentes en el foro y molestas desde hace meses por este gravamen.
En el mundo empresarial, cada vez hay más voces que creen que están siendo utilizadas por los políticos para sus fines partidistas. “Si lo que quieren es que las empresas vuelven a Cataluña, con esta forma de proceder, amenazando con multas, están logrando el efecto contrario“, apunta una fuente a este diario conocedora del malestar.
Fuente El Confidencial
