Argentina
España
USA
Israel
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció hoy en la Cámara de Diputados que el Gobierno decidió retirar de la ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” la obligación de pedir permiso a las autoridades para la realización de reuniones de tres o más personas en espacios públicos.
“Les vengo a decir que es nuestro objetivo retirar ese artículo directamente porque está suficientemente explicado en otros artículos”, explicó la funcionaria sobre el polémico artículo 331 que para la oposición representaba un grave peligro que lesionaba el legítimo y constitucional derecho a la protesta”, dijo al comienzo de su alocución.
“Al haberse generado una confusión pensamos que es mejorar retirarlo. Dénlo por retirado”, sostuvo Bullrich. “Al haberse interpretado de otra manera, mejor retirarlo directamente”, insistió al participar de un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados donde se trata la ley ómnibus.
A través del artículo 331 del proyecto, el Gobierno definía a la reunión o manifestación como una “congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público”.
Según estaba estipulado en la ley ómnibus, estas reuniones o manifestaciones debían ser notificadas al menos 48 horas antes de su realización ante Ministerio de Seguridad, que se guardaría la potestad de autorizar o rechazar la convocatoria.
En el pedido debían figurar las características de la manifestación, los datos de la persona u organización que la convoca especificando “nombres y datos personales”, la finalidad, el recorrido de la marcha, el tiempo de duración y la cantidad estimada de participantes.
Legítima defensa
La ministra detalló que a través de la ley ómnibus el Gobierno propone un cambio en el concepto de legítima defensa, en línea con otros países latinoamericanos. Según explicó, la idea es que la proporcionalidad de la respuesta debe ser interpretada siempre en “favor de la gente que va a impedir un delito, que va a impedir la muerte de una persona, el ataque hacia él o hacia un tercero”.
Al respecto, destacó que se apunta dotar de mayor tranquilidad y protección a los agentes de fuerzas de seguridad, para que no sienta que por hacer su trabajo pueden “quedar presos de por vida”.
Puso como ejemplo que cuando un agente de seguridad enfrenta a un delincuente que atenta contra el orden con un arma, no tiene tiempo para dilucidar si dicho arma es real o es una réplica de juguete.
En ese sentido, “debe actuar en tiempo y forma” y si sucede que finalmente el arma era de juguete, no puede luego utilizarse el criterio de la proporcionalidad en contra del agente.
“Si alguien ataca con un arma a un tercero y el policía va, no le puede preguntar al criminal si su arma es de juguete o es de verdad. Tiene que actuar porque si no actúa en tiempo y forma, el daño y la falta de responsabilidad en su tarea es mayor”, analizó.
“Este cambio es fundamental en la capacidad operacional de la fuerza de seguridad”, resumió la ministra. También Bullrich ratificó la vigencia del protocolo antipiquete y la aplicación de toda la fuerza de la ley contra los organizadores de concentraciones que implican cortes de tránsito.
“Las personas no van autónomamente a estas manifestaciones. Hay organizadores, lo hacen con capacidad de presión sobre los concurrentes. Hay una pena mayor para quienes son organizadores. Tienen de tres a seis años de prisión. Y van a ser solidariamente responsables por el daño que ocasionen”, resaltó.
A su vez, reafirmó la autoridad de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones sociales. “A los agentes de fuerzas de seguridad no les pueden pegar y el que les pegue tiene consecuencias”, remató.
Gatillo fácil
La ministra de Seguridad repudió los “fusilamientos” pero cuestionó las denuncias por “gatillo fácil” al sostener que “los delincuentes no pueden convertirse en víctimas”.
“Los delincuentes toman la decisión y el riesgo delinquir. Si toman el riesgo, no pueden en el fracaso de su delito convertirse en víctimas. Siguen siendo victimarios. Los delincuentes no pueden tener derecho a pedir resarcimiento del Estado por un crimen que les salió mal”, argumentó.
“También hemos planteado un cambio para que en este caso el delincuente no pueda terminar siendo querellante en el proceso”, dijo la ministra. Explicó que cuando “el delincuente produce un hecho y viola la ley, se genera una situación de enfrentamiento con un miembro de las fuerzas de seguridad o con quien sea, y luego el que provocó el daño después a la vez puede decir voy, me presento y quiero un resarcimiento”.
“¿Resarcimiento por qué? ¿Por ser chorro? No hay resarcimiento por ser chorro. Hay consecuencias por se ladrón o criminal”, sostuvo.
Las reacciones de la oposición
El primero en tomar el micrófono después del discurso de la funcionaria fue el bonaerense de Unión por la Patria Matías Molle, quien se preguntó “qué le diría esta ministra Bullrich a aquella otra Bullrich que llamaba por Twitter a movilizarse y a cortar las calles?”.
“¿La pondría presa? ¿Le levantaría las penas? ¿Le diría que es culpa de ella la Argentina en la situación que se encuentra?”, se preguntó. Molle se refería a las convocatorias a concentraciones anticuarentena que durante los años de la pandemia de coronavirus tuvo a la entonces presidenta del PRO como una de las grandes animadoras.
Un rato después, Bullrich recogió el guante y le contestó al legislador kirchnerista. “Cuando estuve en las calles, estaban vacías. Porque había un decreto inconstitucional que impedía que la gente salga. Estábamos solos, no había un auto, una persona, un perro, nada. Nos tenían a todos encerrados”, respondió la ministra.
También recordó que en el año 2014, cuando ella era diputada nacional, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner acudió al Congreso y postuló la necesidad de terminar con los piquetes en la Argentina.
“Yo la aplaudí. Fue raro pero la aplaudí, porque habíamos comprendido que el país debía ordenarse. Despues no lo llevó adelante pero bueno, otros tendrán la posibilidad de apoyar lo que en su momento expresó la doctora Cristina Fernández de Kirchner”, señaló.
A su turno, el diputado por Chubut de Unión por la Patria, José Glinski, quien fue titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), opinó que los asuntos comprendidos en la “ley de Bases” en materia de seguridad “no son una política de seguridad”.
A su criterio, se trata de “una política para garantizar un orden económico que es el que propone Javie Milei y que va a empobrecer a los argentinos durante muchísimas décadas”.
Bullrich salió al cruce de las críticas y embistió contra la gestión de Glinski cuando le tocó estar al frente de la PSA. “Usted no manejó una fuerza federal, la convirtió en un grupo de personas que miraban valijas porque le sacó las armas, los desarmó, le sacó gran parte de la investigación”, le recriminó.
Fuente Mendoza Today
