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Para el primer trimestre de 2024 se espera el pronunciamiento de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la continuación o no de la investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Entre estos casos se encuentra el asesinato del funcionario policial Óscar Pérez y de cinco compañeros que se rebelaron contra el gobierno de Nicolás Maduro en el año 2017, acción que culminó con sus muertes el 15 de enero de 2018.
La CPI debe decidir la continuación de la investigación luego de la apelación que realizaran en 2023 representantes del gobierno de Nicolás Maduro, desestimando las pruebas presentadas por defensores de las víctimas de los casos que podrían convertirse en crímenes de lesa humanidad.
“Esta apelación fue presentada por la dictadura para tratar de retardar el proceso que permita que la Fiscalía continúe la investigación y comience a individualizar y dar los primeros señalamientos de quiénes podrían ser autores o partícipes en el hecho”, explicó el abogado penalista Zair Mundaray refiriéndose al caso de Óscar Pérez, comprimido en el capítulo Venezuela I que se llevó ante la CPI en 2019.
Seis años de la Masacre de El Junquito
Una súplica de rendición con disparos de fondo fue el contenido del último video que el funcionario policial Óscar Pérez transmitió en vivo a través de su cuenta de Instagram, el 15 de enero de 2018.
“Nos están disparando con RPG, lanzagranadas, francotiradores”, dijo Pérez. Uno de sus compañeros gritó “tenemos familia que queremos ver”. Pérez aseveró que en el lugar había civiles y que los funcionarios que disparaban no les permitían entregarse. “Nos quieren asesinar”.
Minutos más tarde, su cadáver junto al de sus compañeros, fue fotografiado entre los escombros dejados por la explosión de un misil. Hoy se cumplen seis años de estos sucesos que se suman a la memoria colectiva de venezolanos que presenciaron sus muertes en streaming.
Pérez, quien era inspector, piloto, instructor de perros policiales e integrante de la Brigada de Acciones Especiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue asesinado dentro de la vivienda en la que se ocultaba, ubicada en la población de El Junquito.
Junto a él murieron los funcionarios sublevados de la Guardia Nacional Daniel Soto Torres, Abraham Lugo Ramos y Jairo Lugo Ramos; los efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), también rebelados, Abraham Israel Agostini y José Díaz Pimentel, así como la civil Lisbeth Andreina Ramírez Montilla.
Un héroe para su familia
Como un héroe que con su propia vida dejó en evidencia los delitos de lesa humanidad que cometió Nicolás Maduro lo describió su esposa Anahís Vivas, durante una entrevista que concedió en 2018 a la Cadena Univisión.
“Óscar siempre dijo que quería llevar a Maduro a la Corte Penal Internacional para que pagara por todos los crímenes que cometió y ahora es su caso lo que va a servir de evidencia de los crímenes que es capaz de hacer el gobierno”, detalló la madre de sus tres hijos durante la entrevista con el periodista Jorge Ramos.
El policía del que se prohibió hablar en Venezuela
Una semana antes de conmemorarse el primer aniversario del asesinato de Pérez, funcionarios del Cicpc fueron advertidos, por medio de un comunicado, sobre la prohibición de colocar en redes sociales algún mensaje de solidaridad con familiares o simpatizantes del funcionario asesinado.
Durante el movimiento que lideró, y después de su muerte, ganó el respeto y afecto de efectivos de esta institución que constantemente colocaban sus fotografías o imágenes alusivas a sus frases en sus redes personales.
Esta medida no ha perdido vigencia y se extendió a la Policía Nacional Bolivariana y otras policías regionales y municipales. El funcionario que la trasgreda recibe sanciones.
CIDH responsabiliza al Estado
En octubre del año pasado, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) aceptó el caso conocido como la Masacre de El Junquito, bajo el expediente 14.178.
Dos meses después ofreció sus conclusiones en las que señaló al Estado venezolano de ser “incompatible con las obligaciones internacionales y consideró que no se cumplió con el principio de absoluta necesidad ni se adoptaron medidas menos lesivas, lo que resultó en la ejecución extrajudicial de siete personas ya neutralizadas”.
En el informe se considera que el gobierno de Maduro es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, a la libertad de conciencia y religión, y a la protección judicial.
Luego de estudiar el caso, la comisión destacó que “las víctimas fueron acorraladas y posteriormente ejecutadas, lo cual evidenció la violación del derecho a la vida y de la integridad personal”.
Ante sus conclusiones, recomendaron al Estado varias medidas de resarcimiento, como el reparo integral de las violaciones de derechos humanos, investigar de forma diligente y oportuna para identificar responsables y aplicar las sanciones correspondientes.
Recomendaron la capacitación de policías y militares para cumplir con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, incluida la fuerza letal.
