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Kicillof teme por el poder de corrupción de los narcos y dialoga cada vez más con funcionarios del Gobierno nacional
Por Antonio D Eramo
El gobernador bonaerense ya avisó que prefiere que las causas de investigación por narcomenudeo queden bajo la órbita federal.
Mientras que en la provincia de Buenos Aires se analiza en abandonar la Ley 26.052, sancionada en el año 2005 para que las fuerzas provinciales investiguen y persigan los delitos por narcomenudeo. a instancias del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Sola, que impulsó la norma para que la policía bonaerense pudiera dedicarse a la lucha contra el narcomenudeo en el Conurbano, en la provincia de Santa Fe, gobernada por Maximiliano Pullaro, se ha decidido adherir a la misma norma para combatir a los clanes del narco.
Pues bien, mientras que desde el mes de diciembre la provincia de Santa Fe ha decidido que su propia policía y sistema judicial investigue y se enfrente a los vendedores minoristas de estupefacientes, en Buenos Aires se analiza con funcionarios de seguridad y justicia nacional, retirarse de esa lucha ante el evidente fracaso del combate contra el crimen organizado narco y el temor del gobernador Axel Kicillof por la corrupción de la que son capaces los jefes de las pandillas narcos entre las filas de funcionarios judiciales y policiales.
De esa manera, las investigaciones sobre denuncias de narcotráfico volverían a ser responsabilidad del fuero federal y de las fuerzas de seguridad federales, según la tipificación de la ley 23.737. De hecho, la ley promovida por Felipe Sola de “desfederalización” de la norma sólo fue aceptada y ratificada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Salta, Córdoba y Entre Ríos. El resto de los distritos continúan delegando a la jurisdicción federal las causas por narcotráfico.
Si bien la provincia de Santa Fe aceptó la desfederalización de las investigaciones no puede prescindir de las fuerzas de Gendarmería nacional bajo el mando de la ministra Patricia Bullrich que está tomando la experiencia de actuación de los efectivos de esa fuerza en los barrios de la ciudad de Rosario para aplicarlos próximamente en el Conurbano caliente.
El principio clave de la gestión de Bullrich es la territorialidad que está relacionada con la concentración de efectivos federales en los barrios donde las balaceras son hechos corrientes y en donde se han producido la mayor cantidad de crímenes contra las personas.
De esa manera se satura un escenario elegido con decenas de efectivos bien equipados y se abandona la idea del despliegue preventivo sobre posibles objetivos de ataques de los sicarios de los clanes del narcotráfico. Un fórmula que tuvo éxito en el barrio Fuerte Apache tras los disturbios sociales del año 2001.
Los resultados de esta técnica comienzan a observarse en Rosario donde se están derribando búnkeres de venta de drogas diariamente accionar que lleva adelante la policía y la justicia provincial durante este primer mes del año en el que debuta la adhesión de la provincia a la ley nacional de narcomenudeo.
El viernes 13, con la presencia del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y del fiscal Franco Carbone, se demolió una vivienda de dos pisos que perteneció a la familia Funes, una referencia entre los clanes de narcomenudeo rosarino, en el límite de los barrios Tablada y La Bajada. En esa zona fue asesinada a balazos Mariela Graciela Miranda, madre de Lautaro y Alan Funes, en marzo de 2016. Desde entonces, se desató una guerra de venganzas cruzadas y de dominio por el territorio, que a lo largo de dos años se llevó la vida de 30 personas.
Por el momento, el accionar del gobernador Pullaro en sintonía con la ministra Bullrich parece dar resultados, al menos en la primera quincena del primer mes del año teniendo en cuenta el descenso abrupto de asesinatos.
Para Darío Oroquieta, ex subsecretario de Seguridad de la Nación y de la municipalidad de Vicente López, los cambios son notables porque, “….existe un claro ejemplo de cambio de paradigma. La implementación del Operativo Bandera en Rosario, que incluye el redespliegue de Fuerzas Federales, la coordinación operativa con la provincia, la justicia y la evolución de una operación semi estática a un posicionamiento basado en inteligencia e investigaciones, además, del desbaratamiento del esquema de lavado de activos del clan narco liderado por Mameluco Villalba, y el traspaso del Sistema Penitenciario Federal al Ministerio de Seguridad y la ANMAC, son muestras cabales de que las prioridades son claras y que no se perderá tiempo”, en materia del combate al crimen organizado en todo el país.
Oroquieta hizo referencia al reciente descubrimiento en la provincia de Buenos Aires de las millonarias inversiones producto del tráfico de drogas del clan liderado por “Mameluco” Villalba y sus hijos que, desde el partido de San Martín, blanqueaba 22.000.000 de pesos diarios a través de financieras y empresas constructoras. Según la investigación de la jueza federal de San Martín Alicia Vence, los intereses del clan Villalba llegarían hasta la obtención de emprendimientos inmobiliarios en Brasil y la representación de futbolistas en España.
Tamaño despliegue de poder financiero llevó a la magistrada a realizar una advertencia a la ministra Bullrich, a su par bonaerense, Javier Alonso y al ministro de justicia nacional, Mariano Cúneo Libarona y al de justicia provincial, Martín Mena, que parece haber hecho mella en el gobernador Axel Kicillof.
En un oficio de once páginas afirma que un clan familiar puede tener tanto poder de recaudación durante 20 años en los barrios humildes de San Martín, sólo si posee “…la connivencia (…) de parte de funcionarios que integran distintas fuerzas policiales y que está orientada al impune desarrollo de su actividad delictiva”.
En ese contexto, el experto en seguridad Darío Oroquieta, señaló las deficiencias en la investigación y prevención durante el anterior gobierno nacional de Alberto Fernández, “Todos pudimos percibir claramente como se retrocedió en materia de seguridad durante la gestión del gobierno que acaba cumplir su mandato, se dejaron de lado las políticas claras, coordinadas, además de la operativa y la inversión en herramientas de trabajo, capacitación para las Fuerzas Federales y en cada una de las Policías Provinciales. Solo con ver el estado de los patrulleros alcanza para que uno pueda tomar magnitud de los que sucede. Ministros que en medio de la crisis se tomaron licencia y fuerzas federales sin medios aéreos para trasladarse por el país, presentan un panorama complejo, que dejó a las organizaciones criminales con terreno fértil para sembrar violencia y negocios ilícitos”.
El gobernador de Buenos Aires conoce los riesgos. Sus propios dirigentes le acercan estadísticas desalentadoras. En los últimos cuatro años fue resuelto solo el 10% de las más de 90.000 causas por infracción a la ley de drogas iniciadas en la provincia.
Por ello, como un preludio a su diálogo cada vez más activo con los funcionarios de la ministra Bullrich, señaló públicamente, “Hay que unificar los delitos de narcotráfico en la esfera federal. Vamos a trabajar con los instrumentos necesarios para que esto vuelva a ocurrir. De otra manera, no vamos a resolver este problema más allá de los esfuerzos del Ministerio de Justicia o de la policía, porque hay una separación en la cadena de investigación y en el tratamiento judicial de un delito que, al final, es el mismo: narcomenudeo y organizaciones internacionales”, afirmó el gobernador Kicillof, el pasado 16 de diciembre en un acto por un nuevo aniversario de la creación de la policía bonaerense.
Fuente NA
