El vocero del Presidente, Manuel Adorni, informó que el Gobierno evalúa descontar el día a los empleados estatales que se sumen al paro general que impulsa la CGT. La mentira cegetista sobre “criminalización de la protesta”.
El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que es una posibilidad concreta que se encuentra bajo análisis. Además confirmó que el presidente Javier Milei se reunirá en Davos con Kristalina Georgieva, titular del FMI
La medida de fuerza que impulsa la Confederación General del Trabajo (CGT) para el próximo 24 de enero tiene en alerta al gobierno nacional. A nueve días de la protesta que tiene a Pablo Moyano como uno de sus principales impulsores, la administración que encabeza Javier Milei advirtió que evalúa descontar el día a los empleados estatales que adhieran al paro.
“Efectivamente, es algo que estamos analizando como una posibilidad cierta”, confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni durante la rueda de prensa que dio en Casa Rosada, sin dar mayores precisiones sobre el tema.
El miércoles pasado, el plenario de delegaciones regionales de la CGT le otrogó un respaldo “contundente y unánime a la estrategia y acción” de la cúpula cegetista en rechazo del DNU 70 que contiene la reforma laboral, lo que representó un apoyo al paro de 12 horas con movilización para el próximo 24 de enero, que, según se resolvió, será replicado en cada una de las provincias con protestas similares.
Con la presencia de 250 dirigentes que pertenecen a más de 70 delegaciones regionales de todo el país, durante el encuentro realizado en la sede cegetista de Azopardo 802 también se expresó “la preocupación y el rechazo a aquellos aspectos de la llamada Ley Ómnibus que van contra la soberanía del país, los derechos laborales, el derecho de libre expresión y protesta, el modelo sindical argentino y las prestaciones de salud y previsionales”.
Además, se manifestó el “repudio a la criminalización de la protesta social como método represivo de un plan de ajuste económico del actual gobierno” y se hizo una advertencia a quienes negocian el DNU y las leyes con la Casa Rosada desde las gobernaciones y las bancas legislativas: “El diálogo y el consenso es una herramienta de la política, pero cualquiera de esas instancias no puede hacerse a espaldas del pueblo trabajador. Y con más razón aquellos representantes que provienen del campo nacional y popular”.
La CGT miente al asegurar que se criminaliza la protesta, siendo claro que lo que se busca es que estas se realicen sin entorpecer los derechos de los demas que siempre quedan como victimas encerrados si poder circular.
