Por Nicolás J. Portino González
“El abandono intencional del Estado y la urgencia de una planificación estratégica.”
En medio de una aparente reorganización de la política de Seguridad Federal Argentina, tras bambalinas persiste desde hace al menos 20 años, una realidad preocupante para todas las demás fuerzas esparcidas por provincias y municipios, que lleva muchos años de tallar sobre el paradigma de la precariedad y abandono a todo nivel.
Hablando con miembros de las distintas fuerzas, se revela un panorama desolador que pone en entredicho la capacidad del Estado para garantizar condiciones dignas y efectivas para aquellos encargados de velar por la seguridad de la ciudadanía. Al menos hasta aquí.
Actualmente, pese a los recientes cambios, los integrantes de las fuerzas de seguridad enfrentan desafíos inmensos. En primer lugar, se ven afectados por salarios considerados miserables, que no se corresponden con el nivel de riesgo que asumen en el desempeño de sus funciones y casi siempre también con el hecho de vivir en las zonas donde deben operar. Lo que es un verdadero problema para el agente y su familia. Esta situación se agrava al constatar la falta de armamento adecuado, que no solo es insuficiente, sino que además carece del respaldo necesario para su uso efectivo, lo que genera duda en el momento de la acción, además del agotamiento mental y físico que se arrastra debido al sobregiro de “adicionales” en que incurren, para llegar a un nivel salarial mínimo. Lo que a su vez, afecta mentalmente a la hora de su trabajo.
El equipamiento tampoco escapa a la crisis, siendo los chalecos antibalas un claro ejemplo de ello. Muchos de ellos se encuentran en condiciones precarias, vencidos y compartidos entre los efectivos, poniendo en riesgo sus vidas en cada intervención, siendo en suma con su bajo nivel salarial, otra preocupación que nubla sus pensamientos a la hora del trabajo.
La falta de recursos para el mantenimiento de los vehículos policiales es otra preocupación constante, ya que la escasez de fondos para el combustible y los repuestos, conduce al abandono de unidades en desuso en las sedes policiales y en el caso de ser igualmente utilizadas, prestan servicio de forma muy limitada, lo que cuenta como otra preocupación más para el efectivo que los utiliza, sumando además las dudas que se generan en una situación de riesgo.
A pesar de estos desafíos, lo más alarmante radicó hasta hoy, en la ausencia intencional de una planificación estratégica por parte de las autoridades políticas. Mientras tanto, en otros países de la región y el continente, como El Salvador y Ecuador, se han implementado -felízmente para Latinoamérica y el Mercosur- planes elaborados durante años, exitosos para priorizar y fortalecer las fuerzas armadas y de seguridad, evidenciando al menos hasta este reciente cambio de autoridades, la falta de voluntad política que existió en Argentina para abordar la crisis que enfrentan, hace años, estas instituciones y su personal.
Tras dos décadas de desinversión deliberada, desmantelamiento y desprofesionalización intencional como paradigma primario del estado nacional, las fuerzas de seguridad y armadas argentinas han caído en un estado de desidia total, que las nuevas autoridades deberan cambiar.
Urge un cambio radical en la forma en que se aborda esta problemática, con una planificación estratégica seria y comprometida que permita revertir esta situación y restablecer la dignidad y eficacia de las fuerzas de seguridad en el país. Reequipar, reeducar, reprofesionalizar, capacitar, enlazar con FFSS del exterior, recuperar significativamente los salarios y dar especial atención (VITAL) a la situación habitacional y de salud de cada uno de los miembros de las fuerzas y sus familias, lo que da respuesta -en muchos casos- a los hechos de inacción, corrupción y deslealtades a la hora de operar, allanar y/o hacer tareas de inteligencia criminal.