En medio del conflicto por la estatización de YPF, y cuando la Argentina debería pagar 16 mil millones de dólares por un mal procedimiento realizado durante el kirchnerismo, los diputados nacionales de la Coalición Cívica (CC)-Ari Juan Manuel López y Paula Oliveto, aliados de Elisa Carrió, pidieron a la Oficina Anticorrupción (OA) que aparte al subprocurador del Tesoro, Andrés de la Cruz, para que se abstenga de intervenir en el juicio. Basaron su presentación en una nota de LA NACION escrita por el periodista Carlos Pagni y alegaron que, según los trascendidos, este hombre habría sido abogado de la familia Eskenazi, que podría beneficiarse del resultado de esa instancia judicial. La notificación también llegó a YPF.
Ambos legisladores giraron presentaciones al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; y al presidente de YPF, Horacio Marín, para pedir el corrimiento de De la Cruz, que fue designado por la gestión de Javier Milei el pasado 26 de diciembre a través del decreto 80/2023, firmado por el Presidente y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El abogado secunda en la Procuración del Tesoro, que asume la representación y la defensa del gobierno nacional en juicios como el de YPF y que está a cargo de Rodolfo Barra.
“De la Cruz habría sido abogado de la familia Eskenazi por lo que advertimos la existencia de un conflicto de intereses que perjudicaría notoriamente la defensa de nuestro país. Uno de los funcionarios a cargo de la defensa del Estado argentino mantendría una estrecha relación con quienes vendieron sus derechos a los actuales demandantes del Estado argentino y que tendrían un notorio interés en el litigio que llevan adelante contra la Argentina”, indicaron López y Oliveto en su nota.
Asimismo, se anclaron en la ley de ética pública y marcaron a Melik, de la Oficina Anticorrupción: “Es importante que el subprocurador se abstenga de intervenir en el mencionado juicio puesto que, habida cuenta del notorio conflicto de intereses existente, podría privilegiar su interés particular por sobre el interés público. Si se abstuviera de intervenir se evitarían opacidades o sospechas que podrían mellar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas o, cuanto menos, en la transparencia en los controles del Estado”.
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Fuente La Nacion
