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La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha puesto encima de la mesa “múltiples opciones” para abordar la cuestión de los “abusivos” sueldos de los directivos y una de ellas podría ser incrementar la carga fiscal.
En declaraciones a los medios antes de clausurar unas jornadas organizadas por UGT, ha remarcado que ella “no ha propuesto ninguna medida concreta” en relación con ese asunto, sino “referir los datos que tenemos de distancia retributiva” entre trabajadores y directivos.
Así, ha detallado que “los presidentes ejecutivos del IBEX 35 en nuestro país tienen unas retribuciones aproximadas que suponen 174 veces más” que las de sus trabajadores, una “profunda injusticia” en la que “hay que poner el foco”.
A su juicio, para poder abordar estas materias “hay múltiples posibilidades, también obviamente fiscales“, aunque no ha dado más detalles sobre esta opción.
Precisamente, ha recordado que estos días se ha visto que “grandes directivos del mundo eran conscientes de la obscenidad de sus retribuciones“, y decían que “la crisis que vivimos en el mundo es brutal y por tanto ellos tienen que contribuir más”.
“Fíjense la diferencia con nuestro país”, ha lamentado Díaz, quien ha hecho un llamamiento “a la clase empresarial española a que cumplan con sus mandatos constitucionales y sí sean corresponsables con su país“.
También ha hablado de alcanzar “un acuerdo en el marco de la retribuciones de los directivos”, ya que existen “recomendaciones de cuánta debe de ser la distancia que hay entre la retribuciones de los asalariados de las empresas y sus directivos”.
La vicepresidenta segunda ha señalado que en algunos países se ha llegado a hacer un referéndum sobre este asunto, ya que “es importante esta materia para la vida de la gente”.
Ha recordado que una pequeña empresa tributa al 17,5% y una gran corporación se sitúa en el entorno del 3,8%, por lo que ante “esta gran injusticia fiscal” hay que “desplegar el mandato constitucional y quien más tiene más tiene que aportar a las arcas públicas”.
Fuente El Confidencial
