La avanzada del Gobierno de Javier Milei por reducir las erogaciones indebidas por los planes sociales no se detiene. Este sábado, fuentes oficiales dieron a conocer que cerca de 30.000 titulares de programas de asistencia estatal fueron dados de baja.
Esto ocurre después de que el Ministerio de Capital Humano realizó la verificación de datos y cumplimiento de requisitos de todos los titulares de los programas “Potenciar Trabajo” y “Potenciar Empleo“.
Potenciar Trabajo: por qué se dieron de baja los planes
La auditoría oficial detectó 27.208 planes Potenciar Trabajo y 12 Potenciar Empleo” con incompatibilidades. “Inmediatamente se les suspendió el pago, evitando así la erogación incorrecta de $ 2000 millones del Estado nacional”, señaló el Gobierno.
Algunas de las incompatibilidades detectadas por el cruce de información entre Anses y el Sinstys (Sistema de identificación nacional tributaria y social), fueron: beneficios de jubilación o pensión, prestación por desempleo, monotributistas categoría C o superior, trabajadores autónomos, incompatibilidad por residencia en el extranjero, fallecidos, poseer un auto con menos de 10 años de antigüedad.
“Transparentar el sistema” de los planes sociales
La auditoría de los planes sociales había sido anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni a fines de diciembre. En ese momento, confirmó que el Gobierno iniciaba el control “en todos los planes Potenciar Trabajo, que son más de 1 millón, para detectar irregularidades o planes asignados que no tengan justificación correcta”.
Adorni añadió que el objetivo de la iniciativa era “transparentar el sistema” y que los planes “dejen de significar un negocio para los intermediarios”.
En tanto, los montos que reciben los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo están congelados hasta nuevo aviso, según indicó el portavoz de Javier Milei. Actualmente, el pago mensual que reciben los beneficiarios es de $73.000.
Incompatibilidades de Potenciar Trabajo, en la mira de la Justicia
El juez federal subrogante de La Rioja Jorge Chamía habilitó el lunes pasado la indagatoria de 1.060 titulares del programa Potenciar Trabajo ante la denuncia por cobro irregular.
Las exposiciones habían sido solicitadas por su par María Virginia Miguel Carmona, a quien le delegó la investigación. Si bien aún no se definió la fecha, todas responderán a las incompatibles por mantener una relación contractual con la administración pública provincial.
Fuente El Cronista
