Argentina
España
USA
Israel
El Gobierno finalmente aceptó introducir modificaciones en su Ley de Bases en busca de motorizar su tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados, en un principio, después de que la iniciativa obtenga dictamen, como se aguarda que suceda, a comienzos de la semana próxima, y todo ello con un paro nacional de por medio.
A partir de las enmiendas, el oficialismo espera que la oposición dialoguista acompañe la voluminosa reforma que impulsa el Poder Ejecutivo, mientras insiste en que “tiene los votos” suficientes como para lograr su aprobación en la Cámara baja el próximo jueves, cuando está previsto que los diputados sesionen para deliberar sobre el proyecto.
Los cambios en el texto original son vistos como un “gesto” de buena predisposición por parte del mandatario Javier Milei para intentar que la iniciativa transite con éxito la discusión parlamentaria en ambas cámaras hasta convertirse en ley eventualmente, más allá de que el Gobierno insista con la posibilidad de avanzar con otro mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) si su propuesta “ómnibus” se traba en el Congreso.
Según el portavoz presidencial, Manuel Adorni, el oficialismo no negoció con la oposición, sino que simplemente se mostró abierto para recibir sugerencias, por ejemplo: recortar las pretensiones de facultades extraordinarias que el Parlamento podría otorgarle a Milei, tratar de evitar que los jubilados pierdan como en la guerra frente al avance de la inflación, preservar a las economías regionales del pago de derechos de exportación (retenciones) y proteger a la compañía petrolera YPF de cualquier arrebato privatizador compulsivo por parte del jefe de Estado, entre otros asuntos.
En este sentido, en la industria energética local existen quienes creen que efectivamente resulta beneficioso para el Estado disponer de una empresa como YPF, el jugador más importante del mercado doméstico -por cierto-, en momentos en los que el mega-yacimiento de Vaca Muerta “cambió el paradigma” nacional y transformó a la Argentina en un país exportador. “Hoy nosotros no competimos internamente, sino que competimos contra el mundo”, dijo una fuente del sector a esta agencia.
En el corto plazo, sin embargo, el Gobierno debe lidiar con un nuevo frente de tormenta originado allá lejos y en el tiempo, en 2012, cuando Cristina Kirchner, por entonces jefa de Estado, decidió estatizar la compañía petrolera, con Axel Kicillof, actual gobernador bonaerense, como uno de los principales impulsores de la iniciativa en filas del Gobierno nacional. Hoy un fondo de inversión de origen inglés, llamado Burford Capital y avalado por un fallo judicial estadounidense reclama al país el pago de 16.100 millones de dólares, nada más ni nada menos.
Un litro de nafta súper, un dólar
Está por verse cuál será la estrategia de Milei y compañía para lidiar con este asunto, en momentos en los que la Argentina transita por una profunda crisis y a duras penas está intentando robustecer sus reservas internacionales en el Banco Central: ese monto que el país debería abonar por la nacionalización de YPF representa el ¡66 por ciento! del volumen de dólares que la autoridad monetaria atesora actualmente: US$ 24.421 millones, al cierre de la semana pasada.
De todos modos, en el sector energético nacional respaldan, en general, los planes de Milei con relación a la industria e incluso esperan que el litro de nafta súper termine costando el equivalente a un dólar, como mínimo, tras el marcado aumento registrado en las últimas semanas. También valoran la designación de Eduardo Rodríguez Chirillo como secretario de Energía y su rol como interlocutor: “Nos recibe y nos escucha, aunque está convencido del rumbo que debe tomar el país”, dijo la fuente consultada por Noticias Argentinas.
La decisión de quitar a YPF de la nómina de compañías que el Gobierno podría privatizar durante la gestión de Milei se destacó en la serie de cambios introducidos en el proyecto de Ley de Bases, cuyo tratamiento el próximo jueves -como está previsto- en el recinto de la cámara de Diputados supondrá otro desafío parlamentario para el oficialismo y concentrará, seguramente, la atención de la opinión pública ese día.
Pero claro, apenas horas antes, el miércoles que viene, 24 de enero, se llevará adelante el tan mentado paro nacional impulsado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra las políticas reformistas y de desregulación de la economía que patrocina el jefe de Estado. La central obrera, anestesiada casi por completo durante los cuatro años de gestión de Alberto Fernández como presidente, salió del ostracismo para promover la primera huelga general en contra de Milei, apenas un mes y medio después de su asunción.
Un paro nacional en tiempo récord y en plena temporada de verano lanzó la CGT, que de todas maneras espera copar el centro porteño con el movimiento obrero volcado a las calles, más el respaldo del aparato peronista, de partidos de izquierda, agrupaciones sociales y de militantes opositores en general. Se espera que la protesta sea masiva y que, por ende, ponga en jaque al llamado “protocolo anti-piquetes” diseñado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich.
En este sentido, cómo proceder durante la marcha y la eventual respuesta de la Ciudad y de la Nación frente a la movilización fue uno de los ejes del debate que protagonizaron el jueves pasado en la Casa de la Provincia de Buenos Aires en la Capital Federal líderes sindicales, referentes sociales y dirigentes políticos convocados allí por Kicillof de cara a la jornada de reclamo callejero del miércoles próximo.
La “foto” del final de la jornada de protesta
“Hay que ver con qué última foto del día se quieren quedar ellos -por el Gobierno nacional y la Ciudad-, si con la foto de una marcha que va a ser multitudinaria o con una foto de represión porque con la cantidad de gente que se espera que concurra no me parece que pueda cumplirse con el protocolo anti-piquetes”, dijo a NA una fuente de la Gobernación bonaerense. Está previsto que funcionarios provinciales, incluido el propio Kicillof, participen de la protesta: “Vamos a acompañar, pero no vamos a estar encabezando la marcha. Vamos a ir como cualquier ciudadano más”, indicó la fuente.
En La Plata entienden que las medidas que promueve Milei afectan especialmente a la provincia de Buenos Aires, más allá de que por el momento ese distrito no tiene “problemas de liquidez” ni planea emitir su propia moneda, posibilidad que dejó picando días atrás el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. “Es un atributo constitucional que tenemos, pero hoy no está previsto que suceda; hoy, en agosto no sé, veremos”, planteó la fuente consultada por esta agencia.
Semanas atrás, Kicillof conversó sobre la “problemática de la Provincia” en al menos dos ocasiones con el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, que le dijo que le trasladaría esa inquietud al jefe de Estado: “Desde entonces Axel está esperando que Milei lo convoque”, comentó la misma fuente, que agregó que el diálogo entre la Gobernación y la Casa Rosada, de momento, se mantiene interrumpido.
Si bien la Nación continúa enviado a la Provincia los fondos establecidos por ley, por ejemplo el dinero de la coparticipación, existe incertidumbre con respecto a la suerte que correrán en el principal distrito del país los programas que se vienen desarrollando con financiamiento nacional, como el plan de viandas que reciben unas dos millones de familias por intermedio de las escuelas a las que concurren los hijos, entre otros.
En La Plata esperan poder absorber parte de esas iniciativas, aunque aclaran: “Los recursos con los que contamos no nos alcanzan para hacer todo lo que queremos“. Por consiguiente, existe hoy preocupación en la Provincia y especialmente en los municipios, con motivo de las medidas económicas que motoriza Milei y que, según entienden funcionarios bonaerense, podrían sumergir al país en un profundo proceso de recesión.
En ese distrito, empresas del rubro de la construcción dedicadas a la obra pública ya comenzaron a despedir empleados, mientras en los municipios esperan que se produzca un aluvión de demanda en el sector estatal de la educación y la salud -que ya están “funcionando al límite”- por parte de vecinos que “se caen” del sistema privado. La misma fuente consultada por NA comentó finalmente: “Los intendentes están preocupados por la situación porque más desigualdad también genera más inseguridad en los barrios, esto indefectiblemente es así”.
Fuente Mendoza Today
