Empresarios y sindicatos iniciarán una negociación paralela para reducir la jornada laboral. CEOE y Cepyme, por un lado, y CCOO y UGT, por otro, se sentarán a la mesa sin el Ministerio de Trabajo para estudiar esa posibilidad. El Gobierno ha aceptado esta petición de la patronal, pero mantiene su intención de reformar el Estatuto de los Trabajadores para reducir la jornada laboral, actualmente situada en 40 horas, sin tocar el sueldo de los empleados. A falta de un acuerdo, la apertura de un diálogo bipartito ha sido la principal conclusión de la primera reunión a tres bandas del diálogo social, que ha tenido lugar este jueves para tratar la propuesta estrella de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de cara a la legislatura que acaba de comenzar.
En el pacto de gobierno entre Sumar y el PSOE, ambos partidos se comprometían a llevar la jornada a 38,5 horas semanales en 2024 y 37,5 horas en 2025, lo que causó un gran revuelo entre los empresarios, que tacharon la medida de “atropello constitucional”. El propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, llegó a acusar a Díaz de tratar de “engañar a las empresas” con una negociación en la que las cartas ya estaban marcadas por el acuerdo entre ambas formaciones, que apoyan los sindicatos. Tanto los empresarios como los centrales reclamaban que no se orillase al diálogo social y que la cuestión pudiese ser discutida bilateralmente entre ambos, algo que finalmente tendrá lugar a través de una mesa paralela.
La CEOE se aviene, así, a una negociación sobre los usos del tiempo, pero sigue defendiendo que estos se han de regular sectorialmente, a través de los diferentes convenios suscritos entre los representantes de los trabajadores y de las empresas. El Gobierno, por su parte, mantiene el objetivo de establecer por ley la jornada de 37,5 horas, algo que, según los cálculos del Ministerio de Trabajo, afectaría a unos 12 millones de trabajadores, cuyos convenios actuales recogen jornadas superiores.
Pese a estas discrepancias, tanto los sindicatos como el Ejecutivo tienen un gran interés en que la reforma de la jornada sea apoyada por la patronal, para garantizar que su aplicación se produzca de manera efectiva. A la salida de la reunión, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha destacado la importancia de que las tres partes participen en la reforma: “No estamos dispuestos a que las normas aprobadas con tanto esfuerzo se conviertan en normas de bisutería. Hay que avanzar en la reducción de jornada y garantizar que se cumple”. Como ejemplo, ha puesto la reforma laboral, que fue pactada con los agentes sociales en el último gran acuerdo del Gobierno con la patronal.
Aunque las posiciones se hallan distantes, y el Gobierno mantiene el compromiso de llegar a las 37,5 horas por ley en 2024, el propio Pérez Rey ha reconocido que el efecto de la reducción de la jornada es distinto en los diferentes sectores, como siempre ha reivindicado la patronal. El secretario de Estado ha quitado hierro a la configuración de una mesa bipartita y ha recordado que el acuerdo final deberá ser refrendado por las tres partes. Trabajo, de hecho, seguirá llamando a sindicatos y empresarios a nuevas reuniones, donde los agentes sociales darán cuenta de los avances que se produzcan en la mesa a dos.
El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha recordado que la configuración de esta no significa el fin del diálogo tripartito. Tampoco la renuncia del objetivo de las centrales que, pase lo que pase con la patronal, seguirá siendo el mismo. “Si llegamos a acuerdos con los hitos irrenunciables [la jornada de 37,5 horas], perfecto. Si no, la reducción del tiempo de trabajo no está en cuestión”, ha aseverado. En última instancia, UGT quiere llevarlo a 35 horas. En la misma línea, la secretaria confederal de Acción Sindical y Empleo de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha celebrado la apertura de un diálogo bipartito, pero ha señalado que la negociación con los empresarios no se puede prolongar indefinidamente.
Refuerzo del registro horario
Como ya expresó la propia Díaz la semana pasada, el Ejecutivo quiere ligar la reducción de la jornada a un paquete más amplio de reformas para mejorar los usos del tiempo, en el que el refuerzo del registro horario juega un papel fundamental. Esta medida obliga desde 2019 a las empresas a llevar cuenta de las jornadas de los empleados, pero Trabajo quiere mejorar el sistema de control para que sea “más eficaz”, como ha recordado Pérez Rey, y así evitar los crecientes fraudes detectados por la Inspección de Trabajo. “[Las sanciones] no son lo suficientemente disuasorias para evitar conductas incumplidoras“, ha concluido el número dos de Díaz.
Empresarios y sindicatos iniciarán una negociación paralela para reducir la jornada laboral. CEOE y Cepyme, por un lado, y CCOO y UGT, por otro, se sentarán a la mesa sin el Ministerio de Trabajo para estudiar esa posibilidad. El Gobierno ha aceptado esta petición de la patronal, pero mantiene su intención de reformar el Estatuto de los Trabajadores para reducir la jornada laboral, actualmente situada en 40 horas, sin tocar el sueldo de los empleados. A falta de un acuerdo, la apertura de un diálogo bipartito ha sido la principal conclusión de la primera reunión a tres bandas del diálogo social, que ha tenido lugar este jueves para tratar la propuesta estrella de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de cara a la legislatura que acaba de comenzar.
Fuente El Confidencial
