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Deciden si reabren la causa contra Cristina Kirchner por el uso de aviones oficiales para viajes privados
El fiscal Gerardo Pollicita solicitó al juez de turno la reapertura de la causa que había sido archivado.
La ex presidenta hizo 194 vuelos en cuatro años y muchos no habrían sido por actividades oficiales.
Un fiscal solicitó la reapertura de la causa contra Cristina Fernández de Kirchner por defraudación en perjuicio de la administración pública, malversación de fondos y peculado de uso a raíz de nuevos datos que se conocieron sobre sus 194 vuelos.
El fiscal Gerardo Pollicita pidió la reactivación de la causa 975/2022 que había sido archivada. Debido a la feria judicial, todavía no se ha tomado una decisión frente a la solicitud. Esta fue la causa iniciada por la denuncia de los diputados de Juntos por el Cambio en el 2022 sobre el uso indebido de Cristina Fernández de Kirchner para con los aviones de la Flota Aérea Presidencial.
Además, la semana pasada la secretaria general de la Presidencia estimó que Cristina dejó una deuda de 200 millones de pesos por el uso de los aviones de YPF, sus preferidos.
En la denuncia se plantea que la ex vicepresidente no integraba el poder ejecutivo ni había tenido motivación por actividades de agenda oficial para hacer los viajes, por lo que transformaría a los vuelos en un uso indebido de los recursos del Estado y malversación de fondos.
Fue la falta de mérito en la denuncia inicial lo que llevo a la fiscalía a tomar la decisión de archivar la causa. Se afirmó que el análisis jurídico desarrollado demostró que lo denunciado no constituía ninguno de los delitos mencionados.
Debido al conocimiento de nuevos hechos similares a los expuestos en la denuncia de los diputados de la coalición amarilla, se envió una solicitud de reapertura de la causa. En la misma no solo se pide que se retome la investigación sobre los hechos denunciados, sino que, también, pidió la ampliación del caso para investigar lo publicado por Federico Teijeiro y Guadalupe Vázquez en el diario La Nación.
En esta solicitud se pide el análisis de las facultades de Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidente para utilizar la Flota Aérea Presidencial. Además, se pide que se busque si hay irregularidades en el proceso de autorización y realización de los 21 vuelos denunciados inicialmente.
Todo ello con el objetivo de que un Tribunal competente determine si este accionar de la vicepresidente es una conducta ilícita o si esta amparada por la legislación vigente. A su vez, se busca incorporar al expediente digital los archivos digitales aportados por los periodistas que investigaron los 194 vuelos de Cristina Fernández de Kirchner y la ratificación de los mismos sobre las declaraciones hechas en la investigación en el diario La Nación.
El 29 de marzo del 2022, Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto denunciaron penalmente a la ex vicepresidente de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, por su uso irregular de la Flota Aérea Presidencial durante el 2021.
Según la denuncia, estos diputados encontraron que la ex vicepresidente había usado 21 veces el avión presidencial por, en su mayoría, motivos personales entre el 4 de abril y el 28 de diciembre del 2021. Solamente dos de ellos habían tenido relación con actividades de la agenda oficial, debido a que la vicepresidente estaba a cargo del Poder Ejecutivo.
Si bien gran parte de estos vuelos fueron con aviones de la Flota Presidencial, hubo cuatro viajes que fueron hechos con aviones de YPF, los cuales fueron contratados por el Estado Nacional argentino, pagados por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
Los viajes eran a Santa Cruz y costaron más de 14 millones de pesos, lo que corresponde a más de 26 mil dólares, por la cotización de la moneda estadounidense en ese momento. Ese costo se debe al combustible utilizado por la Flota Aérea Presidencial y lo abonado a la empresa YPF para el alquiler del avión Learjet 60, matrícula LV-BTA.
La causa había recaído en el juez Marcelo Martínez de Giorgi y en el fiscal Gerardo Pollicita. Pero, en septiembre del año pasado, el fiscal Gerardo Pollicita archivó la causa sin llevar a cabo ninguna investigación, ni aceptar, ni solicitar medidas de prueba.
La denuncia fue hecha por los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, malversación de fondos y peculado de uso. El delito de peculado sanciona al funcionario que utilice para su propio beneficio o el de otra persona, trabajos o servicios financiados por la administración nacional.
También se vieron involucrados en la denuncia el ex presidente Alberto Fernández y el ex secretario general de la presidencia Julio Vitobello por malversación de fondos.
El ex presidente de la nación, Alberto Fernández fue denunciado en esta causa debido a que, para que Cristina Fernández de Kirchner utilizara los aviones, el ex presidente debía de autorizarlos. A su vez, los taxis aéreos y las naves de YPF fueron pagadas por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, la cual estaba a cargo de Julio Vitobello en aquel momento.
En la denuncia inicial se requirió que la ANAC – Administración Nacional de Aviación Civil – y la Secretaría General de Presidencia de la Nación brinden la información relativa a los vuelos denunciados, con los datos del lugar de partida, el destino, los pasajeros, el costo de los vuelos y la motivación de la realización.
La ANAC aclaró que las aeronaves de la Flota Aérea Presidencial responden a la Agrupación Aérea de la Casa Militar, que se encuentra bajo potestad de la Secretaría General. Igual así, la ANAC, aportó los reportes de movimientos de los aviones de YPF utilizados por la ex vicepresidente en el 2021.
Por otro lado, la Secretaría General informo de los costos de los vuelos en cuestión y las motivación detrás de los vuelos. Esos costos incluían el combustible, los viáticos de la tripulación y el catering aéreo. El motivo, en todos los casos, era de “traslado de funcionarios”.
La Secretaría General informó que las aprobaciones de las solicitudes de traslado “se encuentran directamente relacionada a la agenda y desde luego, a compromisos oficiales del señor presidente de la nación y de los más altos funcionarios del poder ejecutivo nacional”.
En cuanto a los vuelos de YPF, la Secretaría General solo pudo aportar el costo de los mismos. No se pudo precisar las órdenes de transporte aéreo debido a que no son traslados ejecutados por la misma. Las órdenes de transporte aéreo informan los datos de la aeronave utilizada, la tarea cumplida, la fecha y el lugar de partida, las escalas, el regreso y demás cuestiones.
Dentro de esos 194 vuelos se encontró el uso de aviones de la Flota Aérea Presidencia, taxis aéreos pagados por el Estado y naves de YPF. Los vuelos, en su mayoría, tenían destino al sur, sin la justificación de una agenda u actividad oficial.
La ex vicepresidente solía alquilar taxis aéreos, lo cual tiene un costo mayor a 12 mil dólares por tramo. Los Aviones Presidenciales usualmente viajaban vacíos, esto se debe a que tenían que ir a buscarla al sur, o por haberla dejado en el sur y haber vuelto a Buenos Aires, lo cual constantemente duplicaba los costos de los viajes.
A su vez, la ex vicepresidente utilizo en varias ocasiones aviones de YPF, los cuales debían ser contratados. Los vuelos contaban con catering y hubo un viaje en helicóptero. Según especialistas en aeronavegación, teniendo en consideración todo lo anteriormente mencionado, estos 194 vuelos le costaron más de 5 millones de dólares al Estado argentino.
Actualmente se sabe que los viajes hechos en los aviones de la petrolera YPF no fueron abonados, costándole al actual gobierno un aproximado de 200 millones de pesos, según estimaciones del sector aeronáutico.
Esta no es la primera vez que la ex vicepresidente se ve involucrada en una causa de este estilo, ya que durante los 12 años de kirchnerismo se vio el mismo uso discrecional con la Flota Presidencial. Usualmente, como en este caso, viajes al Calafate y Río Gallegos, los cuales ya habían causado polémicas y causas judiciales.
Fuente Clarin
