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A través de su típica conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó el jueves pasado la decisión del Gobierno de sugerirle -a través del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona- al procurador interino Eduardo Casal la creación de una fiscalía especial para la investigación de casos de corrupción de funcionarios públicos.
Se trata de una medida que el propio ministro de Javier Milei ya había comunicado en ocasiones anteriores, en las cuales no había brindado mayores detalles a la espera de que el Presidente diera la venia para buscar su implementación.
El anuncio intempestivo sorprendió al ámbito judicial y a la opinión pública, dada la existencia de un órgano similar, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dependiente del Ministerio Público Fiscal (MPF), encargado de la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la Administración Nacional.
Cómo sería la nueva fiscalía para investigar la corrupción
Según indican fuentes del Ministerio de Justicia, la fiscalía diseñada por el equipo de Cúneo Libarona tendría facultades mayores: “No sólo se limitaría a averiguar lo que pase en el Poder Ejecutivo Nacional, sino que también tendría a cargo la investigación de áreas cómo el Poder Legislativo, el Poder Judicial y la Procuración“.
Hasta el momento, la PIA se ocupa de la investigación de la conducta del personal de organismos centralizados, descentralizados o entes en el que el Estado tiene participación. Todos estos ámbitos son lugares donde ninguno de los poderes del Estado, así como los gobiernos provinciales o locales, tienen mecanismos para auditar.
Con la propuesta del Gobierno mileista, se espera ampliar el ámbito de investigación amparado en el MPF, un organismo independiente con autonomía funcional y financiera independiente de los tres poderes fundamentales.
La propuesta oficial trae dos posibilidades: ampliar las competencias de la PIA o crear una nueva fiscalía especializada. “Esto no es una forma de decir que la PIA está trabajando mal, simplemente se busca añadir una instancia más de consenso y una actuación más directa”, señalan fuentes al tanto de la iniciativa, dando a entender que la preferencia del Gobierno está por la creación de una nueva área.
Tal vez la propuesta más disruptiva es el dato de que ese nuevo órgano pueda realizar las investigaciones y no por orden de la fiscal o por el procurador. Además, al igual que la PIA, mantendrá autonomía tanto administrativa cómo económica. “Está centrada en una política criminal basada sobre la división de poderes, en las recomendaciones del GAFI [Grupo de Acción Financiera Internacional] y la OCDE, es decir, que el Poder Ejecutivo no se pueda entrometer”, indican fuentes oficiales.
La definición todavía depende del procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, quien puede determinar si interesa su creación o no. El funcionario judicial quiere continuar en el cargo e incluso salir del interinato para ser ratificado cómo el titular del órgano; aunque el ministro Cúneo Libarona ya indicó de manera pública que su candidato para el cargo es al actual presidente de la Cámara del Crimen, Marcelo Lucini, a quien consideró como “una persona con 40 y pico de años en los Tribunales, profesor universitario, académico e intachable”.
El trasfondo político y el mensaje de Milei
El anuncio hecho por Adorni la semana pasada tuvo todos los condimentos de ser un pedido específico por parte de Milei, enmarcado en la ríspida negociación que el Gobierno mantenía con gobernadores y legisladores nacionales por el articulado de la ley ómnibus.
Luego de darse a conocer la noticia, fuentes de Casa Rosada le comentaron a este medio que se trataba de una advertencia del Presidente a sus opositores por si las reformas económicas vitales del megaproyecto no eran refrendadas en el Congreso.
“Es un mensaje del Gobierno, lo decidió Milei hoy [en referencia al día del anuncio] en la reunión de Gabinete”, indicaron, para también añadir -esta vez en diálogo con otro medio- que “ir con buenas intenciones en algunos sectores no da resultado, te tenés que poner en hijo de puta”.
Se trataba de un gesto que iba en contrasentido a los gestos de división de poderes que el ministro de Justicia venía emitiendo desde que se oficializó su cargo. “No vamos a investigar a gobernadores. Si malversan fondos, en todo caso, eso corresponderá a la Justicia provincial. Esta medida ya había sido anunciada previamente y no tiene ninguno de los sentidos que le quieren cargar”, agregan desde la cartera judicial.
Incluso, en el caso específico de órganos cómo la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), está en los planes de Cúneo Libarona quitarles la facultad de querellar, a diferencia de lo que se hizo en administraciones anteriores.
Esto le valió la crítica de algunos alfiles judiciales de Juntos por el Cambio, como el expresidente de la UIF durante el macrismo, Mariano Federici, y su vice, María Eugenia Talerico; entre otros; quienes acusaron al actual ministro de no querer investigar las causas ocurridas durante las gestiones kirchneristas. En el oficialismo hay quienes alegan que estos reaccionaron de manera tan vehemente producto de no haber sido convocados para ocupar cargos jerárquicos.
“Vamos a ser los primeros en denunciar cuando veamos hechos de corrupción. Luego es la Justicia la que tiene que actuar y decidir. Para eso existe y debemos respetar la independencia de poderes”, respondió semanas atrás el actual titular de la OA Alejandro Melik.
Fuente El Cronista
