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Por Daniel Gallo
Otra vez los disparos conmocionaron a todos. Uma Aguilera tenía solo 9 años y su cabeza fue destrozada por una bala asesina en un territorio que sabe demasiado de estas historias de muerte. Detrás de ese asesinato hay una tierra arrasada por la violencia que se vuelve tan cotidiana que nada más registra crímenes de alto impacto social. Y todo se mueve rápido hacia el olvido. Hace cinco meses nomás la sociedad parecía interpelada por el homicidio de Morena Domínguez. Tenía apenas dos años más que Uma. La mataron para robarle el celular cuando estaba por llegar a la escuela. Entre las muertes de Morena y Uma el conurbano sumó casi en silencio cientos de asesinatos. La estadística oficial marca en una década un promedio de 800 asesinatos cada año en Buenos Aires. Solo el azar mantiene un número bajo de víctimas mortales en comparación, por ejemplo, con los 50.270 robos con armas denunciados durante 2022. Y menos casos aún tienen un nombre propio, cuya mención provoca indignación y reclamos. Uma tiene ese lugar. ¿Impulsará un cambio?
Por ese crimen cinco jóvenes fueron detenidos y acusados de integrar la banda que había intentado robar el vehículo del padre de Uma, uno de los custodios de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Cuatro tienen entre 20 y 24 años, mientras que el restante es un adolescente de 17. Trascendió que al ser detenido, ese menor se habría autoincriminado como autor del disparo mortal. Se quedó en silencio en el momento de hablar en la fiscalía de responsabilidad penal juvenil, pero a efectos prácticos de una potencial condena poco importa definir quién apretó el gatillo, ya que con estar en el lugar del hecho todos los involucrados serán considerados coautores y recibirán la misma pena. O quizá no. Los mayores podrían pasar más de 25 años en la cárcel, pero el adolescente tiene por delante una probable condena a un máximo de ocho años de encierro, con la mitad de esa potencial pena como interno de un instituto de menores. Si fuese culpable, a los 25 años ya estaría libre. Si es que antes no recibe un beneficio judicial, claro. Los menores pueden morir, como Uma o Morena, pero no pueden cumplir una pena acorde con la decisión de apropiarse de una vida.
El problema con los asesinos juveniles no pasa solo por la baja de la edad de imputabilidad, sino también por conseguir que la expectativa de pena transmita alguna dosis aceptable de duda antes de que alguien salga arma en mano. Una condena por asesinato no puede ser solo considerada como una oportunidad de cambiar la conducta de un homicida y transformarlo en alguien positivo para la sociedad. Es también un castigo.
Antes del homicidio de Uma, la ministra Bullrich y su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, habían auspiciado varias reuniones de sus equipos de trabajo para preparar un paquete de reformas legales. Entre esos proyectos está la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. Definir una escala de penas que dé real peso al hecho de matar a una persona es una necesidad que queda visible frente a hechos tan horrorosos como el homicidio de una chica de 9 años. Y no se trata de eventos aislados.
Los datos oficiales dan, al menos, un piso que expone la urgencia de tratar este tema. Solo en 2022, fueron imputados por delitos con armas de fuego 2197 adolescentes de 16 y 17 años en Buenos Aires. Casi 200 fueron responsables de homicidios o asesinatos en grado de tentativa. Por mirar hacia otro lado cada año son miles los que se suman a las filas del delito constante más pesado, sin que se interrumpa ese constante flujo de nuevos tiradores.
Ese pensamiento romántico sobre el delito tiene una paradoja visible. Ahora si el señalado como uno de los asesinos de Uma que tiene 20 años es encontrado culpable, recibirá una condena a perpetua. Y solo tiene tres años más que su cómplice más joven, pero cumplirá el triple de pena por el mismo delito. Quizá se sorprenda, ya que la sociedad le enseñó durante su adolescencia que portar un arma no le traería más que el reto de un celador en un instituto de menores. La visión romántica de un cambio posible no protege ni a víctimas ni a victimarios.
Claro que no solo los profesionales de la política deben fijar el rumbo hacia un cambio posible. También la sociedad tiene una cuota de responsabilidad en la violencia del delito. Es que los delincuentes no buscan dinero en efectivo en esos robos al azar en las calles, sino bienes que otros desean comprar a precios mucho más bajos que los ofrecidos en el mercado. Una autoparte más barata de lo esperado o un celular de alta gama a un costo ridículo tienen sin duda manchas de sangre. De chicas como Uma o Morena, tal vez. Esa es una certeza que nadie ignora. Sin embargo, la mayoría aprovecha la oferta y llena el cargador de la pistola que avanza por el conurbano en manos de un joven al que no le importa nada.
Fuente La Nacion
