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José Luis Escrivá propone una revolución de la AGE durante esta legislatura. El envejecimiento de la plantilla, que afrontará la jubilación masiva de los boomers durante la próxima década, la relación personalizada con el ciudadano y la mejora de la evaluación de las políticas públicas son los tres grandes retos que afronta la Administración General del Estado. En ese contexto, el titular del nuevo Ministerio de Transformación Digital, que incluye las competencias de Función Pública, ha comparecido ante la Comisión de Hacienda del Congreso para ir quitando, uno a uno, los corsés que la constriñen: se acabarán las tasas de reposición y las citas previas, se fichará en el sector privado, se utilizará la inteligencia artificial para organizar los procedimientos por temas, no por departamentos, y se evaluarán las medidas antes de llevarlas a cabo.
Escrivá ha dado un dato demoledor, pero que también puede servir de oportunidad para la gran renovación pendiente desde hace años: el 60 % de los empleados de la Administración Central estará jubilado en 10 años. Llegó el momento de la renovación generacional, y esta vez se hará con unos criterios mucho más flexibles. La gran víctima es la tasa de reposición, que obligaba a sustituir con nuevos trabajadores a los que se van jubilando, y desaparecerá en 2025. “Es muy difícil de defender la tasa de reposición cuando estamos hablando de modernización y transformación de la Función Pública. Por lo tanto, necesitamos un modelo distinto”, ha dicho Escrivá en el Congreso.
Función Pública buscará durante esta legislatura sustituir el sistema actual, basado en el crecimiento vegetativo de las plantillas, por otro que las diseñe con base en los servicios públicos que presta el Estado del Bienestar y los escenarios presupuestarios plurianuales fijados por la Unión Europea. Además del necesario rejuvenecimiento—los trabajadores públicos de 55 años o más supusieron el 47% de los empleados de la Administración Central en 2020, casi veinte puntos porcentuales más que la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)—, el nuevo modelo busca mejorar la calidad del empleo público ante el hecho de que, pese a las ofertas públicas récord de los últimos años, el número de efectivos de la AGE es casi un 10% inferior al de antes de la crisis financiera de 2008.
Y, sobre todo, hacerlo con una mayor flexibilidad, para reforzar aquellos ámbitos que están más exigidos por las nuevas carteras de bienes y servicios que tiene que afrontar el Estado. Fuentes del ministerio citadas por Europa Press destacan que el fin de la tasa de reposición, una demanda de los sindicatos, “no consiste en tener el mismo personal público que antes de la crisis financiera”, sino en usar la tecnología y la inteligencia artificial para poder hacerlo de manera más eficiente. Acabar con la tasa supone poder convocar plazas sin tener unos límites prefijados.
Escrivá ha recordado que entre el periodo 2013 y 2018 hubo de media 7.000 bajas cada año y solo se cubrieron 2.000 anuales, una brecha que ya se cerró entre el año 2019 y 2020. Solamente en el año 2021-2022 se ha sido capaz de alcanzar la estabilización, con un número de altas superior al número de bajas. No obstante, el fin del modelo de reposición no podrá materializarse en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2024, sino que tendrá que esperar a la de 2025, según han apuntado fuentes ministeriales, que han destacado que la tasa de reposición “nos abandonará” en 2024 y se dará a Función Pública ese tiempo para estudiar cómo se realizarán los cambios y tratarlo con los agentes sociales.
La revolución que propone Escrivá también implica buscar y retener perfiles escasos, lo que implica implementar itinerarios de carrera para motivarlos, así como ofrecer una segunda carrera profesional a empleados sénior del sector privado con capacidad para gestionar proyectos de gran envergadura. El ministro también ha apuntado la importancia de ir a un sistema de retribuciones variables “vinculado a la meritocracia y los resultados”. En definitiva, se trata de abandonar la rigidez del sistema actual y favorecer tanto la formación de los empleados públicos para progresar en su carrera como fomentar la autonomía de los directivos públicos con el desarrollo de un estatuto.
El impacto de la digitalización
Este cambio en las plantillas irá acompañado de una mayor digitalización de la Administración y la incorporación de la inteligencia artificial a los procesos, que permitirá automatizar tareas repetitivas, liberando así recursos, y permitiendo, por ejemplo, que un mismo funcionario resuelva dudas de distintas administraciones. Junto a esta digitalización, se va a promover un cambio normativo para que no pueda exigirse obligatoriamente cita previa para relacionarse con la Administración. Se hará a través de un anteproyecto de ley para modificar el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, una modificación que se llevará “lo antes posible” al Congreso de los Diputados, ha dicho Escrivá.
El objetivo es que cada ciudadano decida por qué vía se relaciona con la Administración
El sistema avanzará hacia un modelo personalizado, accesible y omnicanal, es decir, que cada ciudadano decida por qué vía se relaciona con la Administración, que además será más comprensiva: la información se agrupará por hechos vitales —por ejemplo, enumerando todos los trámites necesarios cuando se tiene un hijo— en lugar de por departamentos. El objetivo último, ha explicado el ministro, es que la calidad de la administración pública española avance hasta situarse al nivel de los países más avanzados, como Finlandia o Países Bajos, para favorecer así el crecimiento económico.
Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas
Para favorecer la extensión de políticas públicas basadas en una sólida evidencia científica y sometidas a controles ex ante y ex post, Escrivá ha anunciado que se proporcionará un rol “clave” a la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas en la evaluación previa y diseño de las distintas medidas, y se potenciará el papel de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su control y evaluación a posteriori.
En este sentido, el titular de Función Pública ha indicado que se está debatiendo si esta agencia se encaja finalmente en el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública o en el de Economía, Comercio y Empresa, aunque, en principio, está previsto que encaje dentro de la Secretaría de Estado de Función Pública, perteneciente al departamento de Escrivá. Además, se definirá un sistema de indicadores, se establecerá un calendario de evaluaciones y se crearán capacidades en cada uno de los ministerios para impulsar el buen diseño y supervisión de las políticas públicas, que se utilizarán para mejorar las herramientas y procesos de toma de decisiones.
José Luis Escrivá propone una revolución de la AGE durante esta legislatura. El envejecimiento de la plantilla, que afrontará la jubilación masiva de los boomers durante la próxima década, la relación personalizada con el ciudadano y la mejora de la evaluación de las políticas públicas son los tres grandes retos que afronta la Administración General del Estado. En ese contexto, el titular del nuevo Ministerio de Transformación Digital, que incluye las competencias de Función Pública, ha comparecido ante la Comisión de Hacienda del Congreso para ir quitando, uno a uno, los corsés que la constriñen: se acabarán las tasas de reposición y las citas previas, se fichará en el sector privado, se utilizará la inteligencia artificial para organizar los procedimientos por temas, no por departamentos, y se evaluarán las medidas antes de llevarlas a cabo.
Fuente El Confidencial
