Gremios docentes se declararon en estado de alerta y pidieron discutir el salario mínimo inicial

Sindicatos docentes de la CGT solicitaron al secretario de Educación, Carlos Torrendell, la convocatoria para discutir el salario mínimo inicial docente y se declararon en “estado de alerta y movilización” en rechazo al capítulo sobre educación del proyecto de ley “Bases” por considerar que se avasallan “principios democráticos, derechos laborales y jurídicos“.

El documento firmado por los titulares de los gremios docentes AMET, CEA, Fedun, Sadop y UDA dirigido a Torrendell solicita “en un plazo perentorio e improrrogable de 48 horas, se convoque a una reunión formal a las entidades gremiales que representamos para discutir el salario mínimo docente, en el marco de la Ley de Financiamiento Educativo N° 26075, artículo 10“.

En el mismo sentido reclamaron al secretario “actualizar y recomponer el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID)” y otras cuestiones “vinculadas a nuestros derechos laborales vigentes y salariales”.

Por su parte, la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, que integran estos sindicatos, emitió un comunicado en el que declara el “estado de alerta y movilización” en rechazo al capítulo del proyecto de ley “Bases”, que plantea modificaciones en materia educativa.

La propuesta enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo Nacional es un “avasallamiento antidemocrático que representa un retroceso sin par en lo concerniente a derechos de los trabajadores y trabajadoras docentes, y que abre el camino al desfinanciamiento y la mercantilización educativa“, consideró.

“Dicho proyecto reforma el Artículo 10 de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, eliminando la paritaria nacional docente, que es el ámbito en el cual se discute y establece el salario mínimo docente para todas las jurisdicciones del país, como así también toda cuestión de índole laboral“, denunciaron y agregaron que el proyecto de ley que comenzó a tratarse este miércoles en la Cámara de Diputados “pretende que este salario sea determinado anualmente por el Consejo Federal de Educación, eliminando toda posibilidad de negociación entre partes”.

Asimismo, advirtieron que dentro de las normas que se pretende modificar se “ataca los derechos laborales, ya que pretende declarar la educación como servicio esencial, cercenando el derecho a huelga, abriendo el camino al desfinanciamiento” en materia educativa que “abre las puertas al arancelamiento universitario y atenta contra el financiamiento de las Universidades Nacionales“.

Hacia el final, el documento insta a los diputados “a votar negativamente y no ser cómplices de la destrucción del sistema educativo“.

Fuente Mendoza Today