En medio de las dificultades que encuentra el gobierno para avanzar en las reformas económicas de fondo, las grandes compañías se reunieron para discutir su preocupación y decidieron salir a brindar un rotundo respaldo a la administración de Javier Milei.
La Asociación Empresaria Argentina (AEA), que engloba a las principales compañías, celebró la aprobación en general en Diputados de la ley ómnibus, aunque persisten las dudas sobre si los principales artículos de esa mega norma podrán ser aprobados en particular, según supo Noticias Argentinas.
Los empresarios creen por ejemplo que aplicar una reforma laboral que permita habilitar la libre contratación por parte de las pequeñas y medianas empresas -el sector más dinámico a nivel laboral-, sin temer a la “industria del juicio”, es una herramienta esencial para regularizar un mercado de trabajo donde existe más gente en negro que en regla.
Sostienen que la mayoría de los monotributistas que desarrollan tareas son en realidad empleados en negro, porque las compañías no se animan a blanquearlos por las dificultades que encuentran a la hora de aplicar un despido, consignaron a la agencia NA fuentes de cámaras empresariales pymes.
“La aprobación en general por parte de la Cámara de Diputados del Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, representa un paso muy importante”, indicó un comunicado de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).
La entidad presidida por Jaime Campos consideró que “esta decisión adoptada en el marco de las instituciones que integran nuestra Constitución Nacional contribuye a despejar la incertidumbre”.
“Como lo hemos afirmado reiteradamente, es el sistema representativo republicano y federal de gobierno el fundamento central de nuestra vida política y social y el factor crucial para el desempeño del sector privado”, señaló la AEA, donde tallan fuertes grandes holdings como Grupo Techint, PAE, Arcor, Clarín-Telecom, Aluar, Aceitera General Deheza, Ledesma y tantos otros.
La denominada “Ley Ómnibus” fue aprobada el viernes en general en la Cámara de Diputados con 144 votos a favor y 109 en contra.
A partir del próximo martes 6 de febrero comenzará a ser tratada en particular, artículo por artículo.
El de este sábado es el segundo apoyo de la AEA al gobierno de Javier Milei en poco más de un mes. La anterior había sido a fines de diciembre pasado.
La única cámara empresarial relevante que integra el Grupo de los 6 que está alejada de las políticas oficiales es la Cámara de la Construcción (CAMARCO), muy afectada por la decisión de frenar las obras públicas.
La entidad que enrola a los constructores alertó que el país “vive un estado de emergencia económica y social” y dijo que “esa emergencia ya arrecia en el sector de la construcción, cuyo origen es el desborde inflacionario de 2023, agravado por el muy elevado aumento de precios de diciembre y enero últimos, y el consecuente quiebre de la cadena de pagos”.
CAMARCO alertó que “en todo el país hay peligro de despidos masivos o la reducción a la mitad o menos de las plantillas de personal”, y denunció que “la quiebra de un sinnúmero de empresas constructoras y sus proveedores es inminente”.
“El sector no puede soportar más que unas pocas semanas en estas condiciones” de paralización de obras, advirtió la entidad.
Por ello, el Consejo Federal de CAMARCO declaró el “estado de emergencia” en todo el país e instruyó a las autoridades de la institución a nivel nacional y de las distintas delegaciones a adoptar las medidas que estimen necesarias, para obtener, “en brevísimo plazo”, la solución a problemas concretos como la definición de los contratos que serán continuados, y la readecuación de estos en cuanto a precios, plazos y deuda.
Asimismo, instó a las autoridades nacionales y provinciales a instrumentar, de manera inmediata, medidas en su jurisdicción que, al menos, permitan mitigar transitoriamente la situación de “crisis extrema” por la que atraviesa el sector.
“Se trata de la única alternativa para impedir la destrucción del entramado productivo del sector y más de 200.000 despidos”, indicó el comunicado.
Tras el despido de Guillermo Ferraro del ministerio de Infraestructura y su posterior absorción por parte del de Economía, conducido por Luis Caputo, los fondos destinados a la obra pública han quedado bajo la lupa del Gobierno.
Es que tras tener que retirar el paquete fiscal de la ley ómnibus, en el Gobierno deberán echar mano de otros recursos: esperan ahorrar aproximadamente casi 3 puntos del Producto Bruto en gastos relacionados con subsidios, obra pública y transferencias a provincias.
Fuente Mendoza Today
