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Este domingo, Horacio Verbitsky sorprendió a propios y ajenos al dedicarle al mendocino Luis Petri parte de su extensa columna política dominical.
El escriba kirchnerista criticó en su portal El Cohete a la Luna el intento del hoy ministro de Defensa de la Nación de involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de Seguridad interior, como la lucha contra el narcotráfico. Lo hizo con su usual ironía:
El tránsito de las planillas de Excel a la realidad no se da sin sobresaltos. Cuando ya no le queda vestuario castrense por estrenar, el Ministro de Defensa, Luis Petri, no termina de poner fecha a la firma del decreto reglamentario de las leyes de defensa, seguridad interior e inteligencia nacional, que permitiría asignar a las Fuerzas Armadas algunas tareas de apoyo a las policías ante agresiones que no provengan de Estados extranjeros.
La distinción nítida entre defensa nacional y seguridad interior no está contenida en los decretos de 2006 y 2020 que los Hermanos Milei quisieran derogar, sino en las propias leyes, producto de acuerdos profundos elaborados a lo largo de las décadas post-dictatoriales. Todas ellas establecen “la diferencia fundamental que separa a la defensa nacional de la seguridad interior” y explicitan las consecuencias de esa definición.
La ley de seguridad interior sólo contempla tres situaciones en las que las Fuerzas Armadas podrían intervenir fuera de su competencia primaria:
- Dentro de la propia “jurisdicción militar” en caso de una agresión armada.
- Prestando apoyo logístico a las operaciones de seguridad interior, a pedido del Comité de Crisis y por disposición del Ministerio de Defensa.
- Con unidades de combate, y previa declaración por el Congreso del estado de sitio, ante algún hecho excepcional que desborde al sistema de seguridad interior policial.
Aun así, este empleo subsidiario de las Fuerzas Armadas se considerará “excepcional” y no incidirá en la “doctrina, organización, equipamiento y capacitación de las Fuerzas Armadas”. Es decir, los militares no son el médico que debe operar (según la amorosa metáfora de Horacio Jaunarena), sino los bomberos que vienen a rescatar a médico y paciente si un pirómano incendia el hospital.
Desde las filas castrenses no se ha manifestado el menor entusiasmo por la posibilidad de involucrarse en la seguridad interior y, en cualquier caso, se reclama la enmienda de las leyes que lo proscriben, algo políticamente imposible. Pero, además, los militares fueron sorprendidos por el anuncio oficial de que no cobrarán las cuotas pendientes de la actualización salarial dispuesta por el anterior gobierno y que tendía a equiparar sus ingresos con los de las fuerzas de seguridad. La explicación oficial es que se trató de anuncios políticos del ministro candidato Sergio Tomás Massa, para los cuales no había fondos presupuestados. Pero los recursos estaban contemplados en el presupuesto nacional, que los Hermanos Milei decidieron retirar del Congreso, para manejarse este año con las cifras congeladas de 2023.
Si quienes integran las filas actuales de las fuerzas no comprenden la lógica de un gobierno que pretende emplearlos para la represión interior, pero mantiene sus salarios por debajo de los policiales, quienes formaron parte de ellas en el pasado están que trinan por la invariada situación de quienes han sido condenados por Crímenes de Lesa Humanidad. Sus páginas de Internet rezuman amargura por la situación de “esos viejos que a nadie le importan”.
Fuente Mendoza Today
