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La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el procesamiento de la expresidenta Cristina Kirchner en la causa conocida como la ruta del dinero K, que vincula a la exfuncionaria con la fortuna del empresario de la construcción Lázaro Báez, condenado en esta causa a 10 años de prisión por lavado de dinero.
El fallo lleva las firmas de los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo; en tanto que Mariano Borinsky, en disidencia, planteó admitir el recurso de queja para revisar si debía hacerse lugar a lo pedido por la expresidenta. Con esta mayoría se convalidó el fallo de la Cámara Federal que había procesado a Cristina Kirchner y el juez federal Sebastián Casanello está en condiciones de avanzar contra la vicepresidenta.
Borinsky ya se había pronunciado anteriormente en esta causa en disidencia cuando propuso abrir el recurso para analizar si correspondía o no actuar a la asociación Bases Republicanas como querellante particular ante la defección del fiscal Guillermo Marijuan.
“La vía intentada por la parte recurrente resulta improcedente en tanto las decisiones atacadas no encuadran dentro de las previsiones del artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación, en la medida en que no se trata de una sentencia definitiva o equivalente”, dijeron los dos jueces de la mayoría, Hornos y Carbajo.
Y señalaron que Cristina Kirchner no “alcanzó a demostrar que la resolución cuestionada produzca al impugnante un agravio de tardía o imposible reparación ulterior” ni se acreditó “la existencia de una cuestión federal que permita habilitar la competencia” de la Casación.
“Por ello corresponde no hacer lugar a la queja interpuesta por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner, con costas en la instancia”, dispusieron.
Borinsky dijo que “la queja en estudio fue deducida en debido tiempo y forma por quien se encuentra legitimado para ello” y que “la naturaleza federal del agravio planteado por la recurrente, el cual luce, en principio, razonablemente fundado como así también la demostración del agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior que le generan, permite equiparar la resolución atacada a un pronunciamiento de carácter definitivo y habilitar así esta instancia”. Pero quedó en minoría.
El camino para llegar a esta sentencia fue largo y sinuoso. El fiscal Marijuan, que había imputado a Cristina Kirchner, luego de una investigación de mas de 10 años promovió su sobreseimiento al concluir que no había vínculos entre el lavado de Báez, que acumuló una fortuna valuada en 200 millones de dólares, y la expresidenta.
Ese dictamen de Marijuan que llevaba al cierre de la causa contra Cristina Kirchner fue presentado el 24 de mayo del año pasado, un día antes del acto de la entonces vicepresidenta en la Plaza de Mayo, para el vigésimo aniversario de la asunción de Néstor Kirchner y cuando había expectativa por el operativo clamor lanzado para apoyar su candidatura presidencial. No fue así y el candidato fue Sergio Massa.
Sin acusación fiscal, la causa estaba destinada a morir. La exfuncionaria fue sobreseída por el juez Sebastián Casanello ya que no había imputación. Pero la ONG Bases Republicanas, integrada por allegados al PRO, consiguió ser admitida como querellante.
La Cámara Federal, con la firma de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, aceptó a la asociación en ese carácter, revocó el sobreseimiento y directamente procesó a Cristina Kirchner. Contra ese fallo de la Cámara Federal, la defensa planteó un recurso que ahora fue rechazado por la Cámara de Casación.
El juez Llorens, de la Cámara Federal, había cuestionado con dureza el dictamen de Marijuan -dijo que “aparece solo como una evaluación parcial y sesgada de elementos aislados del proceso”- y reclamó una “evaluación integral” del rol de Cristina Kirchner que contemple, por ejemplo, las acusaciones del caso Vialidad -donde la expresidenta fue condenada a 6 años de cárcel por favorecer al empresario con licitaciones de obras pública- “que dan cuenta de la relación entre Lázaro Báez y Cristina Fernández de Kirchner”, de sus “negocios en común”, y de “los beneficios mutuos que esa relación tuvo y podría llegar a seguir teniendo”.
Marijuan había dicho en su dictamen: “Aún con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Elizabeth Fernández, habiendo transcurrido más de diez años desde el inicio de este proceso penal y casi cinco desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha y avanzar a otro estadio procesal -el juicio- como sucediera con sus hasta aquí consortes de causa”. Según Llorens, esta afirmación prueba que la fiscalía “ha dado un trato desigual a aquellos a quienes trata como iguales”.
La investigación contra Cristina Kirchner, ahora reabierta, es un tramo residual de la causa en la que Báez fue condenado. Originalmente ella no estaba entre los investigados. La imputó Marijuan en 2016, cuando la causa estaba ya avanzada, y la indagatoria fue pedida por la UIF durante el gobierno de Mauricio Macri.
La UIF del macrisimo entiendía que la fortuna de Báez en realidad era de los Kirchner y que el empresario era su testaferro.
Marijuan dijo que no consiguió pruebas y que aunque se incorporaron a la causa mas de 300 contactos entre Cristina Kirchner y Báez, eso no era prueba suficiente para hacerla responsable de un hecho concreto de lavado de dinero. La UIF, en tanto, cambió su conducción con el cambio de gobierno. Antes sostenía que Cristina Kirchner debía ser investigada en este caso como dueña en las sombras del dinero de Báez, pero con Alberto Fernández se plegó al pedido de sobreseimiento.
La ruta del dinero k fue la primera gran investigación de lavado de dinero de los tribunales de Comodoro Py. Hace dos años, el Tribunal Oral Federal 4 condenó a Báez con una sentencia emblemática, que incluyó multas y decomisos sin precedentes, y que fue confirmada, en lo troncal, por la Cámara de Casación, que redujo de doce a diez años la pena de prisión del empresario.
Bases Republicanas, la ONG que logró la reapertura de este caso contra Cristina Kirchner, es una agrupación que declara entre sus objetivos “colaborar en la construcción de institucionalidad de los Estados” y que estuvo presidida por Jimena de la Torre, actual consejera de la Magistratura por los abogados, cercana a Pro. Integran también esta asociación Pablo Noceti (exjefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich), Juan Curuchet (expresidente del Banco Provincia) y Pablo Clusellas (exsecretario de Legal y Técnica del gobierno de Mauricio Macri), entre otros. Federico Pinedo fue uno de sus fundadores.
Fuente La Nacion
