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En el arranque del año y antes del comienzo de las clases en todo el país, uno de los primeros recortes que el Gobierno confirmó hacia las provincias fue en materia de educación: el Ejecutivo nacional decidió no extender el Fondo de Incentivo Docente, creado hace 25 años.
Si bien las leyes que lo contemplan, la 25.053 de 1999 y la 26.075 de Financiamiento Educativo (2006) se encuentran vigentes, el plazo de aplicación de dicho Fondo está vencido desde el 1ro. de enero de este año.
El Fondo Nacional de Incentivo Docente nació producto del reclamo registrado hacia fines de los ’90, durante el menemismo, que docentes protagonizaron con la instalación de la Carpa Blanca frente al Congreso.
Desde ese entonces a la actualidad, el FONID tuvo como objetivo el aporte nacional al salario docente provincial, de modo de eliminar brechas entre las jurisdicciones, donde los recursos que se recibían por este concepto representaban entre un 10% y 20% del sueldo docente.
La Ley 25.053 creó el FONID a partir del 1ro. de enero de 1999, con una vigencia de 5 años, hasta el 31 diciembre del 2003, y para su financiamiento el Congreso creó un impuesto que gravaría con el 1% anual a las transferencias de automotores, aviones y embarcaciones.
Al presentar su proyecto de ley, un grupo de diputados de Unión por la Patria recordaron que en el año 2002, como secuela del agravamiento de la crisis de fines de 2001, el FONID no tuvo crédito y las transferencias comenzaron a realizarse con cargo a los fondos remanentes del crédito del año 2001. De 2003 a 2005, el Ministerio de Educación, a cargo entonces de Daniel Filmus, comenzó un esquema de cancelación gradual de la deuda.
El FONID se incorpora en el artículo 19 de la Ley de Financiamiento Educativo en 2006 y, a partir de allí, se dieron sucesivas prórrogas en su plazo de vigencia a través de las leyes de Presupuesto o por decreto. Precisamente, por esta última vía el expresdidente Alberto Fernández había establecido su extensión hasta el 1ro. de enero de este año.
“Pasado un mes de la fecha del vencimiento, no ha sido prorrogado, y se genera una profunda incertidumbre en las comunidades educativas de todas las jurisdicciones. La gravedad de la situación es aún mayor, ante el inminente inicio del año lectivo”, alertaron los diputados de UP encabezados por el pampeano Ariel Rauschenberger, en los argumentos de la iniciativa que propone prorrogarlo por el término de 5 años.
Por su parte, desde el Senado, el interbloque de UP también presentó un proyecto de ley que buscar extender la vigencia del FONID, en este caso por 2 años. “En Mendoza el incentivo alcanza a 40.000 maestros y significa $28.700 en el bolsillo de cada docente. Es entre el 8% y el 13% del sueldo de nuestros educadores”, resaltó la senadora Anabel Fernández Sagasti con un ejemplo sobre lo que representa para su provincia.
Este viernes, encabezados por Julio Cobos, diputados de UCR presentaron un proyecto que va en la misma línea que el de sus colegas de UP en la Cámara baja: una prórroga por 5 años. “El FONID es indispensable en este contexto de emergencia económica que el propio Ejecutivo nacional declaró como fundamento de decretos”, afirmó el exvicepresidente.
El mendocino advirtió que “la eliminación sin previo aviso genera un importante desfinanciamiento de las arcas provinciales, más aún en este contexto grave que vivimos”. Asimismo, aclaró que el Presupuesto 2023, prorrogado para este año, “contiene las partidas necesarias para el FONID”. “Sin embargo, a la fecha no se han transferido las mismas a las provincias, ni se ha dictado la decisión administrativa modificando las partidas”, subrayó.
Desde el Frente de Izquierda, la diputada Romina Del Plá presentó una iniciativa que directamente pide reestablecer “en forma permanente la vigencia” del FONID. Además, el texto propone que “los montos correspondientes al FONID pasarán a ser remunerativos y bonificables” y se deberá retribuir “las diferencias existentes entre el carácter remunerativo que el FONID tiene y el pago efectivo como suma fija que, arbitrariamente y en perjuicio de los docentes, viene liquidando el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales”.
Mediante un proyecto de comunicación, la senadora de Juntos Somos Río Negro, Mónica Silva, reclamó al Gobierno nacional la “urgencia” en sostener el FONID y advirtió que “la falta de recursos de este Fondo implica una disminución salarial significativa en un contexto de alta inflación y pone en riesgo el inicio de clases y, en general, la sostenibilidad del sistema educativo”.
En ese sentido, explicó que en su provincia “afecta seriamente a más de 23 mil educadores”. Y le recordó al Ejecutivo nacional que la Ley Provincial 4.819 establece que “la educación constituye un derecho social y un bien público que obliga al Estado Provincial con la concurrencia del Estado Nacional a garantizar su ejercicio a todos los habitantes de su territorio”.
Fuente Mendoza Today
