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El fiscal ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, presentó en las últimas horas una denuncia penal en Comodoro Py solicitando la investigación del funcionamiento del fondo fiduciario de Asistencia Directa a Víctimas de trata.
“Vengo por el presente a solicitar que se investigue, prima facie, los presuntos delitos de defraudación fiduciaria de dicho Fondo, entre otros delitos de acción pública”, afirma el representante del Ministerio Público.
El pasado viernes 16, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció la decisión del gobierno nacional de eliminar fondos fiduciarios por un monto de 2 mil millones de dólares.
En términos técnicos, un fideicomiso es “un acto jurídico por medio del cual una persona entrega a otra la titularidad de unos activos para que los administre y, al vencimiento de un plazo, transmita los resultados a un tercero. Es una herramienta jurídica muy utilizada en los negocios y para preservar los patrimonios”.
Pero su aplicación no queda clara en relación a los fondos públicos, o sea, de todos los argentinos. De movida, se trata de partidas que nadie sabe quién controla, y por ende, resultan muy poco transparentes.
Por ello es que el propio Presidente Javier Milei los tildó de “cajas negras de la política”. Sobre esta calificación, y a partir de distintos artículos periodísticos, el fiscal Pettigiani formula la presentación judicial.
Pero también porque, al menos en la ciudad de Mar del Plata, donde la fiscalía a su cargo fue la que más condenas de trata por explotación sexual obtuvo en el país hasta el año 2018, ninguna de las víctimas “fue reparada mediante el fondo desde su creación”.
Destacando, a su vez, que su trabajo siempre estuvo dirigido a “procurar la reparación directa a las víctimas”.
El fideicomiso de Asistencia Directa a Víctimas de Trata fue creado el 23 de julio de 2019, a través de la ley 27508, aclarando que los bienes que lo integran “no se computarán para el cálculo de los recursos del Presupuesto Nacional”.
Así mismo, la norma estableció como fiduciante al Estado nacional, y como fiduciario, es decir como administrador de los bienes, a Nación Fideicomisos S.A.
Pero el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación puso en funcionamiento el Fondo en octubre de 2021 junto a BICE Fideicomisos S. A.
El Banco Argentino de Desarrollo, más conocido como BICE, es un banco público dedicado a financiar proyectos de sectores productivos. En el rol de administrador, tiene por función evitar la depreciación de los bienes incautados.
Según la ley, “una vez que la causa cuente con una sentencia firme, la Justicia ordenará el decomiso de bienes y deberá identificar a las víctimas que obtendrán reparación, y el monto de las indemnizaciones para cada una de ellas”.
Luego de ello, “los bienes deberán ser puestos a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que se realice su venta en procesos públicos y transparentes. El dinero producido será transferido al Fondo Fiduciario, administrado por el BICE”.
Sin embargo, el fiscal Pettigiani apunta en su denuncia que en Mar del Plata, no sólo no ha habido un solo caso de reparación, sino que “tampoco se han rendido cuentas de la administración de los bienes dados en custodia por los titulares de la AABE”.
Dicha agencia estatal ya había estado en la mira cuando le cedió a una organización vinculada a Juan Grabois un enorme predio en El Marquesado, a media hora de Mar del Plata.
La AABE dependía en el gobierno de Alberto Fernández de la jefatura de Gabinete de la Nación, y su titular era, desde agosto de 2022, Eduardo Albanese, quien respondía políticamente al entonces vicejefe de Gabinete Juan Manuel Olmos, quien también había asumido pocos días antes.
El segundo de la Agencia era el dirigente de La Cámpora Juan Debandi.
Creada por el Decreto 1382 del año 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner, manejó este último año un presupuesto de más de $3 mil millones, y su funcionamiento y los bienes que administra permanecen en un cono de sombra.
En su denuncia penal, el dr. Pettigiani detalla que “sobre un total de ciento doce (112) sentencias condenatorias que tuvieron lugar durante el periodo julio de 2019 a diciembre de 2022, se identificaron doscientas cincuenta y seis (256) víctimas a las que se le brindó algún tipo de reparación”.
Y agrega: “A partir del año 2021, se determinaron restituciones para el 59% de las víctimas; es decir que cerca del 40% de las víctimas identificadas en sentencias condenatorias no han sido resarcidas, por su parte en el año 2022 se establecieron restituciones para el 86,42% de las víctimas, quedando casi un 15% sin acceso a la reparación”.
Pero como en Mar del Plata, jurisdicción con más sentencias de trata, no se reparó mediante el Fondo a ninguna víctima, se torna necesario que se “investigue cómo se financió y a dónde fueron destinados cada uno de las erogaciones, así como sus responsables y destinatarios”, sostiene el fiscal.
Y grafica lo expuesto con dos ejemplos contundentes.
“Desde el 17/12/20, se encuentra decomisado preventivamente el local que funcionó en Alem 4285, siendo entregado por la AABE a la “Asociación Mundo Igualitario” en carácter de custodia, así como también, luego de la mayor condena en trata laboral dictada en mayo del 2022, en el marco de la causa “Nicosia”, el pasado 8 de junio del 2023, la AABE quedó a cargo de la gestión de los inmuebles decomisados, incluido el hotel ubicado en pleno centro de Mar del Plata, siendo entregado en custodia a “Caritas Argentina”, sin haberse reparado a las víctimas de la secta juzgada ni rendir cuentas de las eventuales ganancias que generen”.
Pero en su escrito, Juan Manuel Pettigiani también apunta contra las políticas dictadas por el propio Ministerio Público Fiscal en materia de trata. La Unidas Fiscal encargada del tema es la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) a cargo de los Fiscales Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano.
“Desde ya hace unos años, he expuesto una serie de diferencias de criterios ante la Procuración General de la Nación, en cuanto a la aplicación y utilización de la ley de trata en esta jurisdicción de Mar del Plata”, señala el fiscal ante el TOF.
Pero con el paso del tiempo, y en especial a partir de 2019, “la problemática, en el campo de la actividad sexual, había empezado a mostrar que derivaba hacia otras figuras, fundamentalmente, la explotación económica de la prostitución ajena, continente, casi natural, de la problemática en cuestión”, añadiendo que “en ese momento, también comenzaron a llegar a juicio, las causas vinculadas a la presunta trata laboral que, a diferencia de la actividad sexual, no tiene una figura penal residual, como sería la de explotación del trabajo ajeno”.
Lo que llevó, de acuerdo a Pettigiani, a una “banalización de un delito grave, a través de la expansión indebida de la figura penal”.
Cabe recordar que en un oficio dirigido al Procurador el 17 de febrero de 2022, el propio fiscal aseguraba: “En esta jurisdicción, la política criminal de presunta lucha contra la trata laboral, se ha convertido en una política de actuación que, a los productores rurales, los persigue, los roba y, por último, los desapodera de la tierra, sin causa alguna que lo justifique”.
Las primeras denuncias por presunta trata en el distrito fueron promovidas por la ONG de Gustavo Vera, “La Alameda”. Amigo personal del papa Francisco, Vera fue designado en marzo de 2020 por el ex Presidente Alberto Fernández como director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, dependiente de la Jefatura de Gabinete.
Las presentaciones judiciales de la mencionada ONG siempre hallaron eco en la justicia federal de Mar del Plata. La trata, de a poco, comenzó a ocupar el lugar que iban dejando los delitos de lesa humanidad. Los mismos personajes que se arroparon al calor del kirchnerismo con la bandera de los derechos humanos, ahora se abrazaban a la legitimación moral que les otorgaba el enfrentamiento contra aquellos que explotaban a sus semejantes.
Quien se puso a la cabeza de la lucha contra la trata fue el fiscal ante la Cámara y titular de la filial local de Justicia Legítima, Daniel Adler, cuya figura fue alabada por propios y extraños.
Uno de los casos más emblemáticos fue la llamada causa “Varacalli”, donde un matrimonio fue despojado de su campo luego de sufrir denuncias por parte de su empleada por presuntos abusos laborales.
Al igual que la causa “Frutillar”, en la cual “se sustrajeron más de U$S 400.000 en el marco del allanamiento de uno de los empresarios perseguidos, que finalmente terminó absuelto”.
“¿Cuál es la motivación de perseguir vorazmente a productores locales o empresarios bajo la figura de trata laboral en el afán de decomisar bienes?, se pregunta Pettigiani en su denuncia.
Y esboza un intento de respuesta: “Sería la posibilidad de acrecentar el Fondo fiduciario creado por ley 27508, para luego, verse convertido en una de esas llamadas “cajas negras de la política”, la cual debe ser acrecentada para poder disponer de mayores dividendos”, arriesga.
Y va más allá: “Tendría el sentido de alimentar cierto sector ideológico y, a la par, también a esa caja negra, permitiendo que, en nombre de las víctimas, se sostenga una gran estructura administrativa y un ingente gasto público, más sin atender el que debería ser el fin principal y exclusivo, de atención y contención de las víctimas”.
Fuente Mendoza Today
