La gestión del Gobernador kirchnerista Ricardo Quintela condujo a la Provincia de La Rioja directo a la quiebra, apostando de lleno por una política económica similar a la que aplicó Alberto Fernández a nivel nacional en los últimos cuatro años.
Quintela declaró que la jurisdicción no podrá hacer frente al pago de una deuda por US$ 26,2 millones de dólares, con lo cual se inició un período formal de default. A partir de este punto, la gobernación riojana solicitó una reunión con los respectivos acreedores de esa deuda para llevar a cabo una reestructuración (que posiblemente incluirá una quita a cambio de seguir pagando el remanente).
La pésima administración de las finanzas públicas en los últimos años condujo a un histórico default para la provincia, pese a que el gobernador Quintela le echó la culpa al Gobierno nacional que lleva menos de 100 días en el poder.
Al negarse inicialmente a producir un ajuste presupuestario para reorganizar las finanzas locales de manera compatible con la quita de transferencias discrecionales, Quintela amenazó con lanzar una “moneda propia” para cancelar obligaciones.
Pero la mayor parte de los gastos de la provincia son salarios (gastos de consumo), y abonar remuneraciones en bonos o papeles de muy dudosa aceptación es una medida ampliamente impopular que atenta contra la base de sustentación política del Gobernador.
Sin mayores alternativas, el mandatario riojano anunció un ajuste del 50% sobre los gastos de funcionamiento de la estructura estatal provincial, aunque todos los días se siguen dilapidando recursos en las 38 empresas estatales que mantiene la jurisdicción.
Dentro de la estructura elefantiásica de empresas del Estado, 17 de ellas ofrecen servicios a costa de restringir la competencia con el sector privado, y las 21 empresas restantes se dedican a la elaboración de bienes. Estos entes mantienen una estructura de personal de hasta 3.000 empleados, lo cual equivale a casi el 10% del total de empleados en empresas privadas de la región.
Asimismo, en la estructura laboral de La Rioja se contabilizan más empleados trabajando en el sector público que en las actividades privadas, generando así una insana dependencia política entre los ciudadanos y cada gobernante de turno.
Fuente Derecha Diario
