El documento lo ha coordinado el economista y exministro Jordi Sevilla, y a él se han sumado otros especialistas. Y su conclusión es, al menos, inquietante. España, y en particular su economía, arrastra problemas estructurales desde hace años, pero nada indica que se estén tomando medidas para avanzar en la senda de la corrección.
La realidad actual de la sociedad española, sostiene el trabajo, se enmarca dentro de tres tendencias de calado que acompañan a la economía desde hace décadas: Los asalariados pierden poder adquisitivo desde 2007, los jóvenes desconfían del mérito y apuestan su futuro a la red familiar y el país, por último, se aleja de la Unión Europea en términos de renta per cápita.
Para llegar a la primera de las conclusiones, los autores se apoyan en un reciente estudio que muestra la evolución de los salarios entre 2007 y 2023 basado en más de 80.000 encuestas segmentadas por tres niveles salariales: empleados rasos, cargos intermedios y directivos, y el resultado es que las tres categorías han perdido poder de compra, con mayor intensidad los cargos intermedios.
Igualmente, los jóvenes desconfían del mérito y apuestan por el apoyo familiar. Esto, aseguran los autores del estudio, el economista y ex diputado Alberto Montero, la politóloga Cristina Monge y Paloma Baena, directora de Asuntos Exteriores de LLYC, lo demuestra que el ascensor social ha dejado de funcionar. “No solo el hecho de que una mayoría de jóvenes vivirá peor que sus padres, sino que los jóvenes de hoy abandonan las esperanzas de apoyarse en mecanismos públicos y objetivos basados en su mérito y esfuerzo como medida de su éxito profesional y vuelvan la mirada al apoyo familiar y a los contactos que ello les proporcione”, aseguran. Las consecuencias, en su opinión, son preocupantes. Poco a poco, sostienen, “abandonamos una sociedad meritocrática y regresamos a una estamental, donde la posición social queda determinada de por vida, por la familia en la que naces”.
No vamos a peor
¿Qué pasa con la productividad?. En su opinión, es cierto que desde los años 60, y en particular durante los años 80, se ha avanzado en renta per cápita, pero sin converger con la eurozona. Como dicen los autores del estudio, “no vamos a peor, como dicen, sin pruebas, algunos agoreros”, sin embargo, apenas se ha conseguido reducir la brecha que separa a España de los países más avanzados.
¿La causa? La existencia de problemas crónicos en la estructura económica y social del país “que no hemos sido capaces de resolver y, en los últimos tiempos, ni de plantear en la esfera pública”. La consecuencia es que se ha debilitado la confianza en lo político y en su utilidad social. Lo que se propone, en concreto, es incrementar el tamaño medio de las empresas; mejorar la formación mirando al futuro y no al pasado; apostar fuerte por la I+D+i, potenciando los cluster ya existentes y defender la lucha contra el cambio climático y las inversiones de impacto. Todo ello en aras de aumentar la productividad. En los últimos años, se recuerda, el crecimiento de la economía ha estado determinado por una contribución más elevada del factor trabajo que de la productividad: el crecimiento promedio del PIB entre 2014 y 2019 fue del 2,4% en términos reales, siendo la contribución del factor trabajo de 1,6 puntos porcentuales, la del capital d 0,5 puntos y la productividad total de los factores apenas 0,3.
Los autores del informe ponen números al problema de la formación. El porcentaje de jóvenes que poseen estudios superiores ha llegado al 51%, duplicando el porcentaje de los que tienen estudios secundarios. Esta es, en principio, una buena noticia, la mala es la debilidad de la formación profesional de grado medio y la práctica inexistencia de la formación profesional dual. Sólo el 2,7% de los jóvenes que cursan formación profesional la cursan frente a una media de casi el 28% en la UE-27 o, en el caso extremo, el 87,2% en Alemania.
Acuerdos transversales
¿Cuál es la solución política?, se preguntan. Y lo que responden es que los dos partidos mayoritarios (PP y PSOE) deben recuperar los consensos transversales y, por ende, desprenderse “del contagio populista que está salpicando su actuación”. Expresado en otros términos, recuperar la idea del interés general y anteponerse a sus intereses partidistas para encontrar soluciones a los grandes problemas del país. Y en este sentido, apuestan por devolver la confianza a una inmensa mayoría de ciudadanos. “Las minorías deben tenerse en cuenta, esforzarse por incorporarlas a los consensos, pero no se les puede entregar el volante del gobierno”, concluyen.
El documento ha sido la primera aportación de la Unidad de Inteligencia de LLYC, y entre sus reflexiones figura la idea de la necesidad de avanzar en la cohesión social y territorial reforzando los mecanismos que permiten repartir los frutos del crecimiento.
Los instrumentos son ya conocidos: negociación colectiva, mejora de los servicios públicos, el llamado salario social, la recuperación del ascensor social y la igualdad de oportunidades, combatiendo la pobreza, sobre todo, la infantil. De la misma manera, arbitrar los instrumentos que garanticen, desde la Administración central, la igualdad de los españoles, vivan donde vivan, en oportunidades y derechos, asegurando que, como dice la Constitución, “las diferencias territoriales no den lugar a privilegios”. En este sentido, se aconseja que “en ningún caso” se puede dar una negociación bilateral entre Gobierno central y Generalitat catalana que dé lugar a un modelo de financiación distinto al de las comunidades del régimen común.
Entre los problemas estructurales se incorpora uno que suele llamar la atención de los empresarios: la excesiva burocracia y reglamentación. Y en este sentido, el informe recuerda que la transición ecológica está dando lugar a numerosas normas de ámbito estatal y autonómico que necesitan implementarse y en algunos casos, coordinarse en lo que viene a llamarse la gobernanza multinivel. Un estudio publicado por el Banco de España ha revelado, por ejemplo, que desde 2008 las distintas administraciones han aprobado, al menos, 9.489 normas sobre cuestiones ecológicas.
El resultado es que la actividad regulatoria es superior en España a otros países de nuestro entorno como consecuencia del modelo territorial, que sitúa en las regiones la responsabilidad del desarrollo de muchas de estas políticas. Según el banco central, las CCAA han sacado adelante 7.775 disposiciones verdes en 17 años, lo que supone un 82% de todas las normas aprobadas en materia medioambiental.
El documento lo ha coordinado el economista y exministro Jordi Sevilla, y a él se han sumado otros especialistas. Y su conclusión es, al menos, inquietante. España, y en particular su economía, arrastra problemas estructurales desde hace años, pero nada indica que se estén tomando medidas para avanzar en la senda de la corrección.
Fuente El Confidencial
