Hoy en día, la Fuerza Área Argentina debería contar en su flota de aviones con seis IA-63 Pampa III, jets de entrenamiento con capacidad de ataque a tierra. Pero no están. A pesar de que el Ministerio de Defensa encargó y pagó 69.509.797 millones de dólares a la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FAdeA) para adquirir todas esas aeronaves, la empresa estatal incumplió el contrato. Solo construyó el treinta por ciento de lo pactado. La entrega quedó trunca.
Según una investigación de diario Clarín, hoy están volando tres de los seis IA-63 Pampa III que tanto esperan los pilotos de combate argentinos. El cuarto jet de ese modelo voló poco. El miércoles 17 de enero pasado, el IA-63 Pampa III matrícula A-711 realizó un aterrizaje de emergencia en la pista 02 de ensayo de la Escuela de Aviación Militar (EAM) de la ciudad de Córdoba.
“Los dos pilotos a bordo no lograron desplegar el tren de aterrizaje, por lo que se vieron obligados a tocar el pavimento con riesgo para sus vidas, después de hacer maniobras para evitar accidentes de todo tipo, como la descarga de combustible en el aire. El jet tenía su mecánica fallada. No hubo víctimas ni heridos. Solo susto. Y preocupación por la certificación de la calidad de lo producido y entregado por FAdeA, en años K, presidida por dirigentes de la agrupación La Cámpora”, según Clarín.
El contrato antes mencionado entre el Ministerio de Defensa y FAdeA se había firmado en el 2021 y se financió a través del Fondo Nacional de Defensa (FONDEF).
No es el único incumplimiento de este tipo detectado por las actuales autoridades políticas de Defensa tras realizar una auditoría para relevar lo realizado por la anterior gestión, el Gobierno de Alberto Fernández y los Kirchner, o viceversa. Antes de Petri, fueron ministros de Defensa Jorge Taiana y Agustín Rossi, entre otros.
Clarín tuvo acceso a documentación oficial, e información brindada por fuentes oficiales al tanto de esos análisis de administración financiera. La conclusión es que buena parte del dinero público destinado a equipar las Fuerzas Armadas se perdió en estados contables que están aun bajo pesquisa civil.
El actual ministro de Defensa, el mendocino Luis Petri, espera la finalización de estos estudios para determinar si se detectaron actos de desidia, corrupción a denunciar en los tribunales, o financiación irregular vinculada a la política para fondear empresas estatales deficitarias. Los ejemplos sospechosos son diversos.
Aviones sin fabricar, un stand “fantasma” en Tecnópolis y hasta la utilización del mayor astillero de Latinoamérica, TANDANOR -capaz de reparar buques de guerra, o reparar moles de varias miles de toneladas de peso que navegan por los mares más bravíos, como el rompehielos ARA Almirante Irízar-, a la que se contrató para fabricar mobiliario básico para barrios “populares”. En los galpones de esa megaempresa se pasó a construir protectores de árboles, pérgolas, o bicicleteros que fueron entregados a buena parte de los intendentes K. El financiamiento para esos trabajos salió del ahora “célebre” Fideicomiso Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), controlado por Fernanda Miño, una dirigente de la CTEP de Juan Grabois, investigada en la Justicia por posibles desmanejos de miles de millones de pesos tal vez gastados sin control.
Fuente Mendoza Today
