Argentina
España
USA
Israel
Por Germán de los Santos
El posible vínculo entre los últimos asesinatos siembra sospechas sobre un plan estratégico en respuesta a las medidas implementadas en las cárceles; monitoreo de escuchas en busca de indicios de una alianza entre las organizaciones
La pregunta que surge entre los investigadores judiciales, tanto federales como provinciales, es si Rosario entró en una nueva etapa en la que los grupos criminales, hasta ahora antagónicos y responsables de los altos índices de homicidios por enfrentarse entre sí, se unieron en una especie de consorcio narco para enfrentar las medidas que más les duelen y que tienen que ver con el negocio que genera el dominio de las cárceles.
Pasar de enfrentarse por el territorio para la venta de drogas –y matarse entre ellos en batallas sangrientas– a “trabajar” de manera coordinada implica un cambio drástico en este escenario. Y tienen un enemigo en común: Maximiliano Pullaro, que hizo crujir los penales al incrementar los controles en los pabellones de presos de alto perfil, donde están los cuadros medios de las principales bandas.
La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, sugirió que se produjeron “acciones coordinadas” de los abogados de los jefes narco con la presentación de habeas corpus para cuestionar las condiciones de detención, sobre todo en los penales federales de Marcos Paz y Ezeiza, donde están alojados los líderes de las principales bandas, como Ariel “Guille” Cantero, Esteban Alvarado, Julio Rodríguez Granthon, Alan Funes y Francisco Riquelme, entre otros.
La hipótesis de un consorcio narco tiene argumentos. Uno es la posible relación y planificación de los cuatro asesinatos que provocaron una conmoción tal que paralizó la ciudad. Por ahora los investigadores lograron conectar tres hechos. En los crímenes de los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano se usó la misma pistola calibre 9 mm y también munición con el sello de la Policía de Santa Fe. Se comprobó, además, que en el ataque a la comisaría 19ª, en la zona oeste de Rosario, se usó la misma arma.
Aún no aparecen evidencias concretas de que el asesinato del colectivero Marcos Daloia tenga relación con los homicidios de los taxistas y del playero Bruno Bussanich, acribillado el sábado. Pero es prematuro descartar que no exista un vínculo entre todos los hechos, ya que, hay una estrategia planificada como trasfondo para generar terror. El secuestro de los teléfonos en los allanamientos y operativos que se produjeron en las últimas horas puede aportar ese hilo que una todos los casos.
Hasta ahora no está identificado el o los autores intelectuales de estos ataques que el gobierno consideró como terroristas. Hay un trasfondo que también nutre la hipótesis del consorcio narco, y es la “paz” entre las bandas que se vio evidenciada en las calles en los meses de enero y febrero. Esto no se ve desde 2013, cuando estalló la guerra narco en Rosario y los homicidios se dispararon.
La ministra Bullrich celebró la baja de homicidios en los dos primeros meses del año y lo atribuyó al Operativo Bandera, que implicó la participación de efectivos federales.
Investigadores judiciales observan otra cuestión: un acuerdo entre los grupos criminales, que dejaron de enfrentarse para consolidarse frente a un enemigo común: el gobierno provincial, que cambió las condiciones en las cárceles. Las estadísticas confirman ese enfoque. En febrero se dio el mayor contraste. En 2023, en ese mes hubo 33 homicidios, mientras que este año hubo 7. En enero, el descenso interanual fue de 26 a 16.
Lo que se presume es que la baja de los homicidios respondió a una decisión unilateral de los grupos narco. En los carteles que aparecieron el sábado –en un puente de la avenida Circunvalación y Ovidio Lagos, cerca de la autopista Rosario-Buenos Aires y en la escena del crimen del empleado de la estación de servicio Puma– se menciona la palabra “unidos”.
El texto encontrado tras la ejecución de Bussanich señala que “esta guerra no es por el territorio, es contra Pullaro y [Pablo] Cococcioni”, el ministro de Seguridad que la semana pasada ordenó una requisa “a lo Bukele” en el penal de Piñero.
“Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar a más inocentes por año”, agregó la amenaza. La letra y el estilo de redacción es similar a los del mensaje que apareció en la tela en la avenida Circunvalación. Los investigadores creen que fueron elaborados por la misma persona o el mismo grupo criminal. Lo que no se sabe aún es quién está detrás de esta estrategia del terror.
Los investigadores judiciales monitorean las escuchas sobre miembros de las principales organizaciones para tratar de detectar algún indicio que aporte mayor precisión al respecto del plan.
Lo que sí perciben es que los líderes de las bandas narco que están presos en los penales federales de Ezeiza y Marcos Paz asimilaron el golpe de las condiciones más estrictas de detención. Sin embargo, se siguen secuestrando teléfonos celulares en las prisiones de máxima seguridad. El viernes pasado, en medio de la conmoción que afectaba a Rosario, los guardiacárceles incautaron un teléfono móvil en el penal de Marcos Paz.
En el gobierno provincial advirtieron que desde 2018, cuando los principales jefes narco fueron trasladados a las prisiones federales, las comunicaciones ilegales siempre estuvieron activas. Ahora la situación parece haber cambiado. Lo que más fastidio les da a los presos es recibir a las visitas a través de un blindex, señaló un alto funcionario judicial. “Se les hace cada vez más difícil traficar información”, precisó.
La hipótesis de la conformación de un consorcio narco se refleja también en el espejo de los países de la región, donde las cárceles se transformaron en lugares donde los grupos conviven y generan alianzas estratégicas, como ocurrió en Brasil con el Primer Comando Capital (PCC), una “hermandad criminal” que se consolidó a partir de exigir mejoras en las condiciones de detención.
“Si antes no reaccionaron cuando se los detuvo, les sacamos sus bienes y se les dio condenas duras, ahora sí reaccionaron porque se les terminaba el negocio que conducen desde la cárcel”, explicó Pullaro.
El gobernador santafesino reconoció que esta situación “desespera a los violentos, que no tienen ningún amor por la vida ni la sociedad, perder el control de sus organizaciones por no tener un contacto con el afuera, por las medidas que se tomaron y que se van a seguir sosteniendo en la provincia y a nivel federal también”.
Fuente La Nación
