ROSARIO.-La pregunta que surge entre los investigadores judiciales, tanto federales como provinciales, es si Rosario entró en una nueva etapa en la que los grupos criminales, hasta ahora antagónicos y responsables de los altos índices de homicidios por enfrentarse entre sí, se unieron en una especie de consorcio narco contra las medidas que más les duelen y que tienen que ver con el negocio que genera el dominio de las cárceles.

Pasar de pelear por el territorio para la venta de drogas y de matarse entre ellos en batallas sangrientas a “trabajar” de manera coordinada implica un cambio drástico en este escenario, donde el enemigo a enfrentar de esta supuesta alianza ya no pertenece al ámbito mafioso, sino que es el propio gobierno de Maximiliano Pullaro. El gobernador de Santa Fe hizo crujir los penales tras incrementar los controles en los pabellones de presos de alto perfil, donde están los cuadros medios de las bandas.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, deslizó en la conferencia de prensa que ofreció en Rosario junto al titular de la cartera de Defensa, Luis Petri, y Pullaro que se produjeron “acciones coordinadas” de los abogados de los jefes narco con la presentación de hábeas corpus para cuestionar las condiciones de detención, sobre todo en el ámbito federal, en los penales de Marcos Paz y Ezeiza, donde están alojados los líderes de la principales bandas narco, como Ariel “Guille” Cantero, Esteban Alvarado, Julio Rodríguez Granthon, Alan Funes y Francisco Riquelme, entre otros.

La hipótesis de un consorcio narco surge por dos motivos: la posible relación y planificación de los últimos asesinatos que paralizaron la ciudad desde el domingo. Por ahora, los investigadores lograron conectar tres hechos. En los crímenes de los taxistas Héctor Raúl Figueroa, de 43 años, y Diego Alejando Celentano, de 33, se usó la misma pistola calibre 9 mm y también munición que tiene el mismo sello de la Policía de Santa Fe. Se comprobó además que en el ataque que se produjo a la comisaría 19, en la zona oeste de Rosario, también se utilizó la misma arma.

Todavía en la investigación no aparecen evidencias concretas de que el asesinato del colectivero Marcos Daloia, de 39 años, tenga una relación con los homicidios de los taxistas y del empleado de la estación de servicio Bruno Bussanich, que fue ejecutado el sábado. Pero es prematuro descartar que no exista un vínculo entre todos los hechos, porque hay una estrategia planificada como trasfondo para generar terror, según la mirada del Ministerio de Seguridad. El secuestro de los teléfonos en los allanamientos y operativos que se produjeron en las últimas horas puede aportar ese hilo que una todos los casos.

Hasta ahora no están identificados el o los autores intelectuales de estos ataques, que el Gobierno consideró como terroristas. Hay un fenómeno que también nutre la hipótesis del consorcio narco, como es la “paz” entre las bandas que se vio evidenciada en la calle en los meses de enero y febrero. Esto no se observa desde 2013, cuando estalló la guerra narco en Rosario y los homicidios se dispararon hasta llegar a 263 asesinatos ese año. Nunca más bajaron, a excepción de una leve merma en 2017.

La ministra Bullrich celebró la baja de homicidios en los dos primeros meses del año y atribuyó el descenso de la violencia a los efectos del llamado operativo Bandera. Investigadores judiciales identifican otra cuestión: un acuerdo entre los grupos criminales, que dejaron de enfrentarse para consolidarse frente a un enemigo común: el gobierno provincial, que cambió las condiciones en las cárceles. Las estadísticas confirman ese enfoque. En febrero se dio el mayor contraste. En ese mes, en 2023, se cometieron 33 homicidios, mientras que en 2024 se produjeron 7. En enero también se registró un descenso: de 26 crímenes en 2023 a 16 este año.

Lo que se presume es que la baja de los homicidios respondió a una decisión unilateral de los grupos narco. En los carteles que aparecieron el sábado, uno en un puente de avenida Circunvalación y Ovidio Lagos, cerca de la autopista Rosario – Buenos Aires, y otro en la escena del crimen del empleado de la estación de servicio, se menciona la palabra “unidos”. El texto encontrado tras la ejecución de Bussanich señala: “Esta guerra no es por el territorio, es contra Pullaro y [Pablo] Cococcioni”. Y agrega: “Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar a más inocentes por año”. La letra y el estilo de redacción es similar al mensaje que apareció en una tela en la avenida Circunvalación. Los investigadores creen que fueron elaborados por la misma persona o el mismo grupo criminal.

Nuevas condiciones carcelarias

Más allá de las hipótesis, aún no hay una certeza sobre quiénes están detrás de esta estrategia de generar pánico. Los investigadores judiciales monitorean las escuchas sobre miembros de las principales organizaciones para tratar de detectar algún indicio que aporte mayor precisión sobre cómo se pudo haber orquestado este plan.

Lo que sí perciben es que los líderes de las bandas narco que están presos en los penales federales de Ezeiza y Marcos Paz asimilaron el golpe de las condiciones más estrictas de detención. Sin embargo, se siguen secuestrando teléfonos celulares en las prisiones de máxima seguridad. El viernes pasado, en medio de la conmoción que afectaba a Rosario, los guardiacárceles incautaron un móvil en el penal de Marcos Paz.

En el gobierno provincial advirtieron que desde que fueron trasladados a partir de 2018 los principales jefes narco a las prisiones federales, las comunicaciones ilegales siempre estuvieron activas. Ahora, la situación parece haber cambiado. Lo que más fastidio les da a los presos es recibir a las visitas a través de un blíndex, señaló un alto funcionario judicial. “Se les hace cada vez más difícil traficar información”, apuntó.

La hipótesis de la conformación de un consorcio narco se analiza también en base a lo que ocurrió en países de la región, con cárceles que se transformaron en lugares donde los grupos conviven y terminan generando alianzas estratégicas, como ocurrió en Brasil con el Primer Comando Capital, una “hermandad criminal” que se consolidó a partir de exigir mejoras en las condiciones de detención y que después se constituyó como una organización que tiene presencia en varios países.

“Si antes no reaccionaron cuando se los detuvo, cuando sacamos sus bienes, cuando se les dieron condenas ejemplares, ahora sí reaccionaron porque se les estaba terminando su negocio, el que conducían o conducen desde las unidades penales de Santa Fe y del Servicio Penitenciario Federal”, explicó Pullaro.

El gobernador santafesino interpreta que desespera a los violentos el hecho de “perder el control de sus organizaciones por no tener un contacto con el afuera, por las medidas que se tomaron y que se van a seguir sosteniendo en la provincia y a nivel federal también.”

Fuente La Nacion