¿Un acuerdo entre Milei y Cristina Kirchner?

Por Joaquín Morales Solá

La candidatura del juez Lijo a la Corte no prosperará sin apoyos entre los 33 senadores que responden a la expresidenta

Ricardo Lorenzetti tiene la habilidad política del murmullo oportuno dicho en los oídos adecuados. Pero su arte se convierte en nada cuando sus travesuras políticas tienen que resolverse en el teatro de la política, bajo un potente haz de luz, como es el Senado cuando está en solemne sesión. Lorenzetti pudo convencer a los hermanos Milei (primero fue a Karina y después a Javier) de que el polémico juez federal Ariel Lijo podía ser un buen ministro de la Corte Suprema de Justicia. El actual problema de los tres consiste en que Lijo fue severamente cuestionado y que su nombre debe ser aprobado por los dos tercios de los votos del Senado. Un viejo funcionario del Senado resume el problema en pocas palabras: “Nunca vi tantos cuestionamientos a un candidato a juez de la Corte. Si Lijo consiguiera los 48 votos para el acuerdo, habremos asistido a un milagro político”, dice. Un senador va más allá (o más acá) de la posibilidad de un milagro: “Si Lijo alcanzara los dos tercios de los votos del Senado, es porque antes existió el más fabuloso acuerdo político que uno pueda imaginar entre Milei y Cristina Kirchner”, concluye.

El milagro o el acuerdo se explica en dos razones. Una de ellas es que en los días recientes se pronunciaron contra la postulación de Lijo importantes organizaciones empresarias, como Idea o la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), y destacadas instituciones de abogados y juristas. Muchas de ellas prefirieron no nombrarlo, pero lo aludieron con palabras que dibujaron la figura perfecta del Lijo. Nadie puede confundirse sobre lo que quisieron decir. La otra razón es que Cristina Kirchner influye sobre 33 votos en el Senado; no son suficientes, pero sin esos votos sería imposible el acuerdo para Lijo.

La expresidenta viene de una larga pelea política con Lorenzetti y con el propio Lijo. En 2017, se filtró una serie de grabaciones de conversaciones telefónicas de Cristina; ninguna fue más allá de charlas telefónicas propias de amigos con el actual senador Oscar Parrilli. Tenía razón en protestar porque esas conversaciones no referían a ningún delito; fue una innecesaria vulneración de su intimidad. En un hilo de tuits de la época, Cristina Kirchner recordó que el jefe de la oficina de escuchas telefónicas de la Justicia es un exsecretario de Lijo, Juan Rodríguez Ponte, y acusó a Lijo por no haber tomado “ninguna medida contra la AFI (la ex-SIDE) por algo ajeno al objeto procesal”. Recordó ya entonces que Lijo era muy cercano a Lorenzetti y que tanto el juez federal como el fiscal Guillermo Marijuan “recibieron un informe con la desgrabación en el que consta ese diálogo” (con Parrilli). “Lijo, agregó la expresidenta, les dio la tarea a los actuales funcionarios de la ex-SIDE, que copiaron y grabaron los que les dio la gana”. Cristina consignó también que Lijo había ordenado intervenir el teléfono de Parrilli, no el de ella, aunque de esa intervención surgieron sus conversaciones con el actual senador. El último párrafo fue una fulminante declaración de guerra: “Hago responsables penalmente a Ricardo Lorenzetti, Gustavo Arribas (jefe de la AFI en tiempos de Macri), Ariel Lijo y Guillermo Marijuan, contra quienes accionaré penalmente”.

¿Podría la expresidenta olvidar aquella gresca con Lijo por la difusión de conversaciones suyas que la exhibieron en la intimidad de sus charlas telefónicas? Difícil, salvo que exista el “más fabuloso acuerdo político” con Milei, como describió aquel senador. Además, todas las organizaciones de juezas y fiscales mujeres reclamaron, con razón, porque Lijo fue nominado para cubrir la vacante de una mujer, la exjueza de la Corte Elena Highton de Nolasco.

A la nominación de Lijo se sumó la de Manuel García-Mansilla, pero la de este, en caso de prosperar, se haría efectiva solo a fin de año, cuando el juez de la Corte Juan Carlos Maqueda cumpla los 75 años, edad límite para ser juez según la Constitución. Si ambas nominaciones superaran el Senado y esas designaciones quedaran firmes, la Corte Suprema estará integrada solo por cinco hombres durante los próximos diez años. El decreto 222 de Néstor Kirchner, que reglamentó el trámite para las nominaciones y designaciones de jueces de la Corte, estipula que debe haber “paridad de géneros” en la composición del máximo tribunal de justicia del país. ¿Cristina Kirchner pondrá también ese hipotético acuerdo con Milei, que no es más que una suposición, por encima de las instrucciones que dejó su marido muerto?

La figura de Lijo tiene la particularidad de haber aunado en tiempos recientes en su contra a Cristina Kirchner y también a Elisa Carrió, furiosamente enemistadas desde hace décadas. La líder de la Coalición Cívica les inició un juicio penal por asociación ilícita al juez Lijo; a su hermano, Alfredo Lijo; al exministro de Planificación Julio De Vido, y a Gustavo Cinosi, entre varios más. El hermano del juez, Alfredo, es un conocido lobista de los tribunales, según el testimonio de jueces y fiscales. Gustavo Cinosi es un diplomático de la OEA, desde que el uruguayo Luís Almagro es su secretario general, pero es también accionista minoritario de los hoteles Sheraton de Pilar y de Tucumán. Tiene una relación estrecha, aunque nunca explicada, con importantes sectores del gobierno de los Estados Unidos, supuestamente con el Departamento de Estado. Por eso, Cinosi oscila entre sus negocios hoteleros y sus misiones diplomáticas. Carrió los denunció a los hermanos Lijo por garantizarles impunidad a funcionarios y empresarios con causas judiciales abiertas por corrupción. El fiscal de la denuncia de Carrió fue Franco Picardi, un exfuncionario del gobierno de Cristina Kirchner muy cercano a la agrupación filokirchnerista Justicia Legítima. Picardi no investigó nunca nada; el juez federal Julián Ercolini terminó archivando la causa. Es difícil, si no imposible, que un juez de primera instancia de los tribunales federales penales de Comodoro Py juzgue a otro juez de ese mismo fuero. Los jueces federales son solo 12 (a veces, son menos por la renuncia o muerte de alguno) y todos se conocen y se frecuentan hasta en las horas libres.

En el Senado aseguran que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, hará suyo el pedido de Milei de conseguirle a Lijo los dos tercios de los votos del Senado. “No es un tema de ella, pero es un pedido del Presidente”, precisaron. Villarruel nombró en el Senado a Claudia Rucci, hija de José Ignacio Rucci, como directora del Observatorio de Derechos Humanos de la cámara. Es todo un gesto. José Ignacio Rucci, entonces secretario general de la CGT y dirigente metalúrgico, fue asesinado por los Montoneros en septiembre de 1973, dos días después de que Perón ganara por tercera vez la presidencia de la Nación. Rucci padre era en ese momento uno de los hombres de mayor confianza del líder peronista. La familia Rucci le reclamó siempre a la Justicia que declarara el asesinato del patriarca como un crimen de lesa humanidad. Fue precisamente el juez Lijo quien en 2017 concluyó que los asesinos de Rucci eran miembros activos de la organización insurgente Montoneros, pero que no era un crimen de lesa humanidad ni podía, por lo tanto, ser imprescriptible. La familia Rucci detesta a Lijo desde entonces. A pesar de todo, Villarruel tragó saliva y decidió cumplir, en la medida de sus posibilidades, con los anhelos del Presidente sobre el rutilante ascenso de Lijo. La vicepresidenta tiene buena voluntad, pero no hace magia. Si bien la ley indica que el acuerdo para los jueces de la Corte necesita los dos tercios de los votos de los senadores presentes en el recinto, no del total, el Gobierno y la vicepresidenta no deberían sacar la mirada de los 48 votos indispensables; constituyen los dos tercios del total de senadores, que son 72. ¿Por qué? Porque la política le hará una tomografía permanente al Senado el eventual día de la sesión para el acuerdo de Lijo, tal como están las cosas, para ver quién se sienta, quién se levanta, quién se agacha y quiénes y cómo votan los senadores presentes. Por eso, aquellos 33 votos peronistas sobre los que Cristina Kirchner podría influir son necesarios, pero no suficientes.

Funcionarios judiciales señalaron que Lijo no tiene los niveles técnicos jurídicos para ser miembro de la Corte Suprema; no es un constitucionalista, sino un abogado penalista. La Corte, última instancia de interpretación de la Constitución, necesita de constitucionalistas más que de especialistas en cualquier otra disciplina del Derecho. Sin embargo, esos mismos funcionarios le reconocen a Lijo una “excelente cintura política”. No es un elogio, sino una voz de alarma. “En el dominio de la política, el que sigue sumando poder en el país es el presidente de la Nación”, señaló un destacado magistrado de instancias superiores de la Justicia. Recordó que la reforma de 1994 introdujo dos novedades en la Constitución para restarle poder al Presidente: las condiciones generales de los decretos de necesidad y urgencia y la figura del jefe de Gabinete. Luego, la entonces senadora Cristina Kirchner escribió una ley interpretativa de la Constitución sobre los decretos de necesidad y urgencia, durante la presidencia de su marido, que terminó por ampliarle aún más los márgenes de poder al Presidente. Por lo demás, el jefe de Gabinete fue siempre el colaborador más cercano del jefe del Estado, a veces solo un operador político, otras veces un simple ayudante del primer mandatario. Por eso, tal vez, la vicepresidenta Villarruel debió recordar en su última declaración pública que “la Argentina no es un reino”; el mensaje fue directo a Milei. Fue el párrafo más destacado de esa exposición pública, pero fue también el que menos se rescató. Milei es, en efecto, el presidente de una república, no el monarca absoluto de un reino argentino que nunca existió.

El Senado viene de vivir, debe agregarse, una fuerte polémica en materia de acuerdos. Ocurrió en última sesión de la comisión de Acuerdos cuando se estaba tratando la situación de varios embajadores políticos. La peor parte le tocó al embajador designado en Israel por parte de Milei, el rabino Axel Wahnish. La actual senadora y exgobernadora de Catamarca Lucía Corpacci tuvo palabras realmente antisemitas cuando le advirtió a Wahnish que será embajador de la Argentina en Israel y no de Israel en la Argentina. Puso en duda, de esa manera, la lealtad del embajador designado con el país en el que nació, que es la Argentina. A ningún otro embajador político se le hizo semejante inculpación. Importantes organizaciones de la comunidad judía, como la DAIA, la principal institución representativa de los argentinos nacidos en la religión judía, y el Centro Simon Wiesenthal expresaron su repudio a la actitud de Corpacci. El kirchnerismo siempre derrapa por el lado del antisemitismo, sea por sus expresiones dentro del país o por sus alianzas en el exterior. Es cierto que en sectores de la comunidad judía se ve con cierta preocupación la designación del rabino Wahnish, porque intuyen que Israel podría tener un problema con el embajador argentino en caso de un conflicto diplomático. “¿Cómo llamará a un rabino el gobierno de Israel para protestar si hubiera un problema diplomático con la Argentina? Sería una situación muy difícil”, aceptó un alto dirigente de la comunidad judía argentina.

Trazos de antisemitismo hubo también en el senador Martín Lousteau cuando le reclamó al rabino Wahnish que dijera si el gobierno de Milei trasladará la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén. La ubicación de la sede diplomática en Israel es una decisión del Presidente, no del embajador. Tal constatación es tan obvia que no se la hubiera puesto en duda en ningún otro caso. Esas señales de rechazo al pueblo judío se dan en un contexto mundial donde creció fuertemente el antisemitismo, sobre todo a partir de la invasión de Hamas a territorio de Israel el 7 de octubre pasado. El grupo islamita practicó el secuestro, la tortura y el asesinato sobre víctimas judías inocentes, muchas de ellas argentinas. Extrañamente, la reacción del mundo se fijó más en la represalia del gobierno israelí que en los crímenes de Hamas. La vieja perversión de convertir a las víctimas en culpables.

Fuente La Nación