«¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente?» «Sí»/«No». Estos son los términos de la pregunta de un hipotético referéndum de autodeterminación que el presidente de la Generalitat, y también candidato de ERC el 12M, ha adelantado esta mañana y que ha señalado como el próximo gran objetivo político a negociar con el Estado.
A pocas semanas del inicio de la campaña de las autonómicas, y dentro de la estrategia ya adelantada por ERC de avanzar hacia un «acuerdo de claridad» a la canadiense, Aragonès se ha reunido esta mañana con el Instituto de Estudios del Autogobierno (IAE), que le ha entregado un informe sobre cómo hacer posible y encajar jurídicamente esa votación, circunscrita, se ha puntualizado, al ámbito catalán.
«Esta es la vía para resolver el conflicto», ha apuntado Aragonès, que ha subrayado el nuevo marco político en el que debe desarrollarse esa negociación, con el PSOE en el Congreso a merced del independentismo. «Es posible», ha señalado, recordando que objetivos políticos que parecían inalcanzables, como los indultos y la amnistía, ya se han conseguido. «Votar es posible y solo es una cuestión de voluntad política, como la amnistía», ha apuntado Aragonès, que ha subrayado que la pretensión es que la posibilidad votar sea fruto de un «acuerdo» -por ahora, al menos formalmente, la vía unilateral no se apunta-.
Según se detalla, y partiendo de los trabajos previos del Consejo Académico por el Acuerdo de Claridad, «las aportaciones de la política comparada y el análisis específico del conflicto político entre Cataluña y el Estado español, el informe identifica el artículo 92 de la Constitución como la vía jurídica prioritaria, más idónea y factible para convocar un referéndum sobre la independencia de Cataluña».
Este artículo establece que «las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos». Según recoge el informe, «hay argumentos jurídicos sólidos para sostener que el artículo 92 de la Constitución no plantea objeciones serias de inconstitucionalidad» para celebrar un referéndum sobre la independencia en el que vote únicamente la ciudadanía de Cataluña, obviando la literalidad del texto, que habla de «todos los ciudadanos», es decir, el conjunto de los españoles.
«La premisa de partida es que la convocatoria del referéndum a través del artículo 92 de la Constitución sea fruto de un acuerdo entre las partes surgido del diálogo y la negociación como vía para resolver el conflicto político entre el Estado español y Cataluña», se añade. «Aunque la vía prioritaria es la del artículo 92, también se contemplan vías jurídicas alternativas para convocar el referéndum, como la reforma de la Ley orgánica2/1980 sobre regulación de las diferentes modalidades de referéndum o la delegación de las funciones estatales para autorizar referéndums a través del artículo 150.2 de la Constitución», se apunta en el informe
El informe del IAE plantea que el cuerpo censal sea el mismo que el que tiene derecho a voto en las elecciones al Parlamento catalán, y no se considera oportuno «establecer quórums mínimos de participación y de validación de los resultados».
Denuncia del PP ante la Junta Electoral
La comparecencia de Aragonès, obviamente, no puede desligarse del contexto electoral en el que nos encontramos. De hecho, la Generalitat ha sustituido la habitual comparecencia de la portavoz tras la reunión del Consejo Ejecutivo por la rueda de prensa de Aragonès en la sede del IAE.
Al respecto, el PP de Cataluña ha denunciado ante la Junta Electoral Provincial de Barcelona la «utilización partidista» de la reunión de Aragonès con el director del IEA. «Sobran motivos para denunciar esta nueva utilización partidista y electoralista de Esquerra», apuntan los populares. El PSC también ha anunciado que estudia presentar igualmente denuncia ante la Junta Electoral.
La presidenta del comité electoral de campaña del PP, Dolors Montserrat, avisa que el Partido Popular vigila de cerca que Esquerra no utilice las instituciones para beneficiarse electoralmente: «Ante cada uso electoralista, habrá una denuncia del PP. El independentismo, como el socialismo sanchista, se ha pensado que las instituciones les pertenecen y no lo vamos a permitir».
Fuente ABC
