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El juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón ha acordado abrir juicio oral de la pieza 9 del ‘caso Púnica’ por presunto delito electoral, en su modalidad de falseamiento de cuentas, en los comicios autonómicos del año 2011 contra el exconsejero de Presidencia y ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados, a quien, además, imputa presunto tráfico de influencias en concurso con malversación y prevaricación.
Al mismo tiempo, el juez, en un auto de este miércoles, rechaza la solicitud de la acusación popular ADADE de declarar partícipes a título lucrativo al PP y a sus 72 diputados autonómicos que resultaron electos.
ADADE entendía que los candidatos del PP se vieron beneficiados del exceso de gasto electoral y de su ocultación, pero el juez considera que esas pretensiones de responsabilidad civil «no pueden prosperar en este punto del procedimiento, después de una prolongada instrucción, sin mayor grado de concreción en cuanto a cada uno de los supuestos partícipes enumerados».
García Castellón acuerda también enviar a juicio al exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez, así como a los investigados Alejandro de Pedro, Isabel Gallego, Borja Sarasola, Diego Mora Borobia y José Martínez Nicolás.
Además, desestima abrir juicio oral al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, al haber sido sobreseída la causa sobre él en octubre de 2022, una decisión que confirmó la Sala de lo Penal de la AN el pasado noviembre.
Excluye a Esperanza Aguirre
La misma conclusión adopta el juez respecto de la petición de la Fiscalía de citar en calidad de partícipes a título lucrativo a los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González.
García Castellón explica que su decisión es congruente con el criterio seguido en el auto de apertura de juicio oral dictado en la pieza separada 7 del ‘caso Púnica’, cuando se resolvió en el mismo sentido ante una petición idéntica de la acusación popular personada en nombre de ADADE-PSOE y que no fue apelada por ninguna de las partes personadas, por lo que devino firme.
«Entiende este magistrado que la sujeción de las partes a este criterio exige ser coherente, manteniendo la misma posición en esta resolución. En consecuencia, se desestiman las solicitudes de responsabilidades a título lucrativo«, concluye.
Fuente ABC
