Reynders presiona para un acuerdo en el CGPJ pero Gobierno y PP descartan avances>

Según dijo ayer el comisario el acuerdo sobre la renovación del órgano de gobierno de los jueces españoles y «también sobre una serie de reformas necesarias en el sistema judicial» estaría «muy cerca» y ahora ya solo «es cuestión de voluntad política saber cuándo queremos hacerlo».

Las declaraciones de Reynders contrastan con informaciones de fuentes del Partido Popular que indican que la señal política a la que se refiere el liberal belga estaría vinculada más al calendario del propio PSOE y que el acuerdo no se encuentra tan próximo como señala el comisario, sino que en realidad estaría «lejísimos». Tanto es así que en estos momentos, pese a la premura del calendario, no está prevista una nueva reunión entre el ministro socialista de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario popular, Esteban González Pons.

De una manera parecida a lo que manifestaban las fuentes populares, desde el núcleo gubernamental también se entendían las palabras de Reynders como un movimiento personal de presión. El matiz, en este caso, es que el Gobierno interpreta que se trata de una presión al PP. «Reynders está presionando al PP porque les ve que arrastran los pies para llegar a un acuerdo», dicen en La Moncloa. Pero las fuentes tanto populares como socialistas coinciden en que no hay avances. Ni se esperan a corto plazo.

Según Reynders, «tan pronto como llegue la señal» política, Bruselas retomará «el camino de una discusión a tres bandas» con una cuarta ronda de negociaciones. El comisario considera que «también es útil que los dos partidos políticos hablen entre sí» y llegó a decir que esperaría que, a pesar de las circunstancias políticas en España, «esto sea lo que se está haciendo en Madrid». Con las sucesivas campañas electorales en el País vasco y Cataluña, preludio de las europeas de junio, las aspiraciones del comisario belga parecen más bien ilusorias.

En un principio se había establecido que esta mediación de la Comisión Europea duraría dos meses, en la confianza de los funcionarios comunitarios de que se trataba de un asunto sencillo de resolver. Reynders se proclamó ayer «plenamente disponible» para volver a reunirse con Bolaños y González Pons, antes de que empiece su periodo de excedencia y que coincide con ese plazo de dos meses largos que se esperaba que durase el trámite. Y, aunque a la Comisión no le gusta nada este papel de intentar arreglar los problemas internos de un país miembro, Reynders ya anticipó que el proceso podría seguir más allá de su retirada, dado que el Ejecutivo europeo «seguirá estando disponible si las partes tienen que esperar un tiempo».

La cuestión entonces sería saber a qué comisario le encomendaría esta mediación la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. La impresión generalizada es que debería ser la liberal checa Vera Jourova, con rango de vicepresidenta en el campo de Valores y Estado de Derecho. Según algunas fuentes, Jourova estaría intentado declinar esta responsabilidad.

Con carácter de «urgencia»

De todos modos, el comisario de Justicia ha advertido de nuevo que la recomendación del Ejecutivo comunitario al Gobierno español en sus informes sobre el Estado de derecho es renovar «con urgencia el CGPJ y luego comenzar la reforma» del método de elección de sus miembros para alinearla con las prácticas de los demás países y que prevén que sean principalmente los jueces los que se encarguen de designarlos. Aunque el PSOE se niega en redondo a aceptar esta segunda parte del conjunto, Reynders considera que «hemos logrado enormes avances, ahora necesitamos voluntad política para tener éxito».

El belga tiene un margen de maniobra muy estrecho, porque la interlocución del Ejecutivo comunitario es solo con los Gobiernos nacionales y no puede entrar donde carece de competencias. Es muy probable que Reynders sea elegido por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, por lo que ya no regresará a la Comisión, aunque sea para los meses de mandato que quedan hasta el 1 de noviembre, que es cuando termina el actual.

La tercera reunión, prevista para finales del mes pasado, se suspendió cuando Reynders formalizó su intención de presentarse a la Secretaría General del Consejo de Europa (que no es una institución de la UE), lo que conllevaba su renuncia como comisario de Justicia. Sin embargo, la Comisión Europea le concedió un mes más de margen, mientras sigue en excedencia y hasta que se consuma su salida del Ejecutivo comunitario, para que intente cerrar el acuerdo entre socialista y populares, los dos únicos partidos que suman la mayoría suficiente tanto en el Congreso como en el Senado para que cada una de las cámaras cumplan el trámite de nombrar a los 20 candidatos del CGPJ que previamente se reparten ambos partidos.

Un lustro de tira y afloja

PSOE y PP han retomado y suspendido esta negociación durante el último lustro, hasta que a finales de 2022 Sánchez empezó a hacer reformas legales para beneficiar a los secesionistas encausados por el procés, ya entonces con la rebaja de la malversación en el Código Penal y ahora con la amnistía, lo que ha imposibilitado más todavía cualquiera acuerdo entre socialista y populares para renovar y repartirse el órgano de gobierno de los jueces españoles.

Con todo, la decisión de la Comisión Europea de mantener a Reynders un mes más como intermediario, incluso estando ya de salida, permitía atisbar que todavía quedaba alguna posibilidad de acuerdo gracias a esa mediación europea, para la que no obstante tampoco ayuda el triple ciclo electoral en España, con las elecciones vascas este mismo mes (21 de abril), las catalanas sólo tres semanas después (12 de mayo) y las europeas, en clave nacional, menos de un mes después (9 de junio).

Queda por ver si el optimismo que este viernes ha mostrado el comisario de Justicia responde a avances en la negociación que ninguna de las dos partes confirman, tanto que el PP apunta a lo contrario, cuando el CGPJ lleva ya más tiempo en funciones que de mandato oficial y ha conocido hasta tres presidentes distintos: Carlos Lesmes, que dimitió precisamente por esta situación; Rafael Mozo, que se jubiló poco después; y el actual, Vicente Guilarte, que no en vano ha amagado con seguir los pasos de Lesmes si no fructifica esta mediación europea.