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Esta semana, la Organización de Naciones Unidas (ONU) recibió una denuncia por el desmantelamiento del área del Ministerio de Defensa que investigaba los crímenes de la dictadura, decisión tomada por el mendocino Luis Petri, hoy ministro de Defensa.
La presentación fue hecha por la diputada porteña Victoria Montenegro, que preside la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad.
Según recuerda diario Página/12, los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) de los archivos de las Fuerzas Armadas se crearon en 2010. Funcionaron durante catorce años y aportaron más de 170 informes en las causas por crímenes de lesa humanidad. El miércoles 27 de marzo, el director nacional de Derechos Humanos, Lucas Erbes, les informó a diez de los trece trabajadores que estaban despedidos y que el gobierno iba a derogar las resoluciones que habían creado y ordenaban el funcionamiento de los equipos.
Organizaciones de derechos humanos y fiscales advirtieron que la desaparición de los ERyA entorpecería no solo las investigaciones judiciales sino también el acceso a la verdad. Serán las propias Fuerzas Armadas las que deberán responder a los requerimientos de la justicia, lo que posiblemente de lugar a la aparición de solidaridades corporativas con quienes están siendo investigados.
En esa línea, “Montenegro –que fue apropiada a sus trece días de vida y restituyó su identidad gracias a la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo– le pidió su intervención al relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación de Naciones Unidas, Fabián Salvioli”, según Página/12.
“Al vaciar de técnicos y técnicas a los equipos, básicamente se les obstruye la capacidad de trabajo. Esto es aportar información y documentación clave para la investigación de los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar. En el mismo sentido, entorpece el acceso a los documentos y archivos que integran el acervo documental del Ministerio con las mismas consecuencias”, advirtió Montenegro en su presentación.
“Las medidas adoptadas impactan directamente en el derecho de las víctimas directas, de sus familias y de la sociedad en general a conocer la verdad sobre lo que sucedió, en el derecho a la investigación, juzgamiento y adecuada sanción de los responsables y en lo que hace a la construcción de la memoria colectiva, esencial para la prevención de la repetición de los delitos de lesa humanidad”, añadió.
Entretanto, el abogado Pablo Llonto y su colega Mariana Maurer pidieron que el juez Daniel Rafecas dicte una medida cautelar que ordene la reincorporación de los diez especialistas en el análisis de los archivos. El asunto está siendo analizado por el magistrado. Llonto anticipó que se harán otras presentaciones semejantes en otros juzgados del país que también investigan crímenes contra la humanidad.
El fiscal federal Miguel Palazzani envió un oficio para que Petri se abstenga de tomar cualquier medida que pueda poner en riesgo el acervo documental de las Fuerzas Armadas. Según estimaciones de los trabajadores despedidos, quedaron sin responder 30 requerimientos en causas judiciales a raíz de sus despidos. El diputado nacional y secretario general de la CTA Hugo Yasky presentó un pedido de informes para que Petri explique por qué decidió desmantelar el área y cómo piensa contribuir con la averiguación de la verdad sobre los crímenes cometidos durante la dictadura.
Fuente Mendoza Today
