A un agricultor al que dejen sin agua -o con menos y más cara- y también sin tierras, le están desahuciando. Víctor Sáez lo vive en primera persona por cuestiones que él achaca a la «política», ya que salvo sorpresas le van a expropiar buena parte de sus cultivos para instalar placas solares que den energía a la planta desaladora de Torrevieja, precisamente la justificación del Gobierno para recortar a la mitad los trasvases del Tajo al Segura con los que riega sus campos.
«Hemos vivido cuatro familias durante treinta años y ahora nos quitan de un plumazo», resume este profesional hijo y nieto de agricultor, que ahora a sus 53 años no sabe cómo va a llegar a la jubilación, si finalmente se queda sin los 60.000 metros cuadrados de cítricos que plantó hace dos décadas y media en San Miguel de Salinas, el municipio alicantino colindante a la desalinizadora más grande de Europa.
Esta explotación sigue resultando rentable. «Es fruto del trabajo, del ahorro y del esfuerzo con el que mi padre ha ido comprando terrenos poco a poco, no es una herencia», recuerda Sáez, que labora también con otra finca en el término vecino de Montesinos, ahora ya jubilado su antecesor y cuando sus dos hijos han tomado otros derroteros profesionales y no van a coger el relevo generacional. «Algunos se van a cargar la agricultura, por política, en España hay agua de sobra, en dos meses se han llenado los embalses y hay un montón en el Tajo, en el Ebro, pero en España no nos ponemos de acuerdo en que se guarde el agua cuando hay y se saque del mar cuando no hay», razona.
Además, el proyecto de aumentar la capacidad desalinizadora en Torrevieja no parece resolver sus problemas: «Nosotros estamos pagando el agua a unos 25 céntimos y con la desaladora se va a poner sobre un euro, aunque con algo subvencionado, pero ya sabemos que las subvenciones, hoy están y mañana no hay, y si me cuesta 200 euros una hora de riego, eso es inviable».
Sin contar otros condicionantes más generales, que no dependen de estas decisiones gubernamentales. «Todo el mundo le pone precio a su trabajo, pero a nosotros nos los ponen otros, tengo que pagar todo a un precio y cuando van a comprarme mi producto me fijan el precio también», señala Sáez, sin olvidar que «Europa apoya a países de fuera» y se pregunta si «lo que quieren es nada más que turismo» en la economía.
Con estas perspectivas de incertidumbre a escala nacional e incluso continental, este productor de cítricos en la llamada ‘huerta de Europa’ se ha enfrascado ahora en la cuestión más urgente de no quedarse con menos tierras. Por eso, los afectados por las expropiaciones tratan de negociar con la empresa Acuamed dentro de una comisión permanente todavía sin resultados claros. En su caso particular, no tiene vivienda en la explotación como otros, sólo dos embalses pequeños y una casa de riego, por lo que lo podría «perder todo» en esta explotación de cítricos..
Fuente ABC
