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El mendocino Sergio Palazzo, además de ser la principal figura de la Asociación Bancaria, es el secretario administrativo de la CGT y uno de los dirigentes más duros que tiene la central obrera: fue uno de los primeros en pedir un paro nacional contra la gestión libertaria. Con argumentos, hoy afirma que la reforma laboral de la UCR está alejada de la Constitución y cree que se debería haber convocado a una huelga antes del 9 de mayo.
“Por supuesto que uno piensa que debería haber sido más rápido, pero hay que amalgamar a todos los sectores y las actividades”, le confiesa el dirigente sindical a PERFIL, con un agregado. Quiere discutir cambios en el ámbito laboral que no represente recortes derechos para los trabajadores y deja bien claro que la falta de homologación de paritarias por parte del oficialismo es ilegal.
—¿Qué visión tiene del panorama laboral?
—Parece que la única forma de hablar de lo laboral es bajo reforma regresiva, como pretende el Gobierno, ya sea a través del DNU, la ley ómnibus o con el nuevo proyecto, el de la UCR. Cada vez que en la Argentina se intentó hacer una reforma laboral quitando derechos de los trabajadores, en lugar de generar empleo se generó mayor tasa de desempleo. Basta recordar que con la ley de reforma del Estado del gobierno de Menem la tasa de desempleo llegó al 18% y con la ley Banelco de la gestión de la Alianza llegó al 22%.
“Hay que discutir pero con una mirada a favor del trabajador”, insiste Palazzo
—¿Qué observaciones hace de la reforma laboral de la UCR?
—Las reformas que se discuten son para quitar derechos de los trabajadores y hay beneficios para las grandes empresas. Y hasta son anticonstitucionales, porque el artículo 75, en su inciso 9, habla de la progresividad de los derechos y la renunciabilidad de estos. Así que avanzar con cuestiones que no están en la Constitución no es bueno. Sí creo que hay que trabajar en la modernización de la situación laboral. Hay nuevas empresas, actividades, habría que trabajar en un código de gestión del algoritmo para las plataformas digitales, habría que perfeccionar la ley de teletrabajo y home office. Hay que discutir, pero con una mirada que tienda a que la mejora de la productividad que produce el avance tecnológico beneficie a los trabajadores y no que signifique la pérdida de derechos ni de puestos de trabajo.
—¿Qué visión tiene de la CGT y su rol ante la reforma laboral?
—Dicen lo mismo que digo yo: hay que discutir, pero con una mirada a favor del trabajador. La actitud ha sido buena, porque pudo frenar la reforma laboral que se impulsó por decreto, porque consiguió un fallo a favor. Después, en medio del debate de la ley ómnibus, avanzó con un paro fundamental para que la ley no prosperara. Y ahora avanza con una nueva medida de fuerza cuando se estén elevando nuevos proyectos contra los trabajadores.
—¿Está de acuerdo con la fecha del paro para el próximo mes?
—Para realizar un paro uno debe buscar las condiciones necesarias. Por supuesto que uno piensa que debería haber sido más rápido, pero hay que amalgamar a todos los sectores y las actividades. Se tomó la medida y hay muchas circunstancias previas. Vamos a estar acompañando a los estudiantes universitarios el 23; el 25 la Asociación Bancaria va a marchar para entregar un millón de firmas en el Congreso para pedir que no se privatice el Banco Nación, y está la movilización de la CGT el 1 de mayo.
—¿Cómo va a impactar la no homologación de paritarias?
—Es un hecho ilegal no homologar paritarias. De hecho, a los 30 días queda tácitamente aprobada si no tiene la homologación de la Secretaría de Trabajo, salvo que alguna parte presente alguna impugnación. La intromisión del Estado en la discusión salarial está alejada de los principios libertarios que dicen defender. Nada tiene que hacer el Estado en un acuerdo entre privados cuando dicho acuerdo mantiene o recupera el poder adquisitivo del salario. Nadie va a discutir una paritaria que signifique un suicidio económico, los dirigentes gremiales somos responsables y las empresas son generosas.
—¿Qué tiene de particular esta gestión en relación con otras?
—Es un gobierno agresivo, insulta, no tienen capacidad de diálogo y atropella, no le importa la república y menos respetar la división de poderes.
Fuente Mendoza Today
