El Gobierno de Canarias llevará al Gobierno de España al Tribunal Constitucional (TC) para defender sus «plenas competencias« en materia de Costas ante el »desacuerdo« que existe con el Estado.
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, lo ha adelantado tras la Comisión Bilateral Canarias-Estado, destacando la «falta de voluntad política» del Estado que persiste en este conflicto de competencias pese a que el artículo 157 del Estatuto de Autonomía confiere al Ejecutivo canario la gestión exclusiva del litoral.
Rodríguez ha confirmado el «choque frontal existente sobre este asunto», lo que obliga a la comunidad autónoma a «acudir al Tribunal Constitucional para que resuelva», en un encuentro que se ha saldado con un «desacuerdo» con los representantes del Estado, ya que los representantes del Gobierno español han mantenido su tesis jurídica« de que la gestión de algunos expedientes de Costas sigue siendo responsabilidad del Ministerio de Transición Ecológica, cuando »se trataba de una reunión política donde debían demostrar su voluntad política de alcanzar un acuerdo».
Para Canarias, esa posición «choca frontalmente» con el Estatuto de Autonomía, algo que Canarias defenderá ante el Tribunal Constitucional, y aunque ha agradecido el »bueno tono« de la Comisión, la ha tildado de «decepcionante» ya que el Gobierno español haya rechazado las vías ofrecidas por Canarias para resolver este conflicto competencial. «Nos sentaremos todas las veces que haga falta, pero vamos a seguir defendiendo nuestro Estatuto y el derecho de Canarias a gestionar su litoral», ha subrayado. El Gobierno de Canarias sustenta la defensa de sus competencias integrales en materia de Costas en informes de sus Servicios Jurídicos, de expertos constitucionalistas, y en el dictamen al respecto elevado por la Audiencia de Cuentas.
Para el consejero, la resolución del Ministerio dirigido por Teresa Ribera invade la competencia de la comunidad autónoma asumida en el art. 157, letra b) del Estatuto de Canarias, y el real decreto mediante el que el Estado transfirió desde el 1 de enero de 2023 las competencias de Costas. El Consejo Consultivo estimó que tanto el Estatuto como el real decreto disponen que «toda ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal que necesite concesión corresponde al Gobierno de Canarias».
En consecuencia, el Ejecutivo regional entiende que su dictamen apoya la posición del Gobierno de Canarias de plantear este conflicto competencial ante el Tribunal Constitucional para que «restaure el orden constitucional quebrantado».Caarias ya ha movido ficha y hace dos semanas, presentó ya ante el Ministerio de Transición Ecológica un requerimiento denunciando la invasión de las competencias de Canarias en materia de Costas en la resolución dictada por este departamento el pasado de 27 de febrero de 2024.
Finalmente, tras el desacuerdo plasmado este martes en la Comisión Bilateral Canarias-Estado, el Gobierno autonómico esperará ahora a que el Consejo de Ministros rechace su requerimiento sobre este conflicto, algo que se prevé que ocurra dentro de una semana. A partir de ahí, el Ejecutivo canario apuntó que la comunidad autónoma tendrá vía libre para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Fuente ABC
